Redacción.- El jefe del Departamento de Proveeduría de la Corte Suprema de Justicia, Wilberth Keith Alvarado manifestó en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, que su dependencia no tuvo que ver en la contratación de la consultoría de la empresa española Indra, que vendría a modernizar el sistema de cómputo y a hacer un rediseño de procesos en ese lugar.

Los problemas con esta consultoría surgieron porque su profesional responsable es Jorge Obando Sancho, esposo de la magistrada Ana Virginia Calzada, presidente de la Sala Constitucional.

A pesar de que esta consultoría tiene un costo de $1,8 millones prestados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, en año y medio, la empresa ha presentado únicamente su plan de trabajo, el cual fue rechazado por su falta de calidad.

Keith fue claro en manifestar que esa contratación dependió de las autoridades superiores, quienes tomaban la decisión de contratar y la Unidad Ejecutora, que era la encargada de la evaluación técnica.

“La Proveeduría no tuvo que ver con esa contratación, no tuvo que ver con nosotros. Si puedo decir que la única vez que hemos detectado una relación familiar en un proceso de contratación, ésta no ha prosperado, pues va en contra de la ley”, manifestó Keith.

La diputada Marielos Alfaro Murillo, presidente de la comisión explicó “de esta comparecencia y de la comparecencia de la encargada de la Unidad Ejecutora del contrato, Sonia Navarro Solano, una deduce que las decisiones sobre esta contratación recayeron en los magistrados integrantes de la Corte Plena y la Comisión de Seguimiento”.

Además explicó que “la toma de decisiones sobre este proceso la ha tenido la Corte Plena, el Consejo Superior y la Comisión de Seguimiento, y en todas ellas ha estado la magistrada Calzada, a excepción de la de Seguimiento”.

Para la diputada lo más importante es saber si los magistrados sabían de la relación entre Calzada y Obando y si sabían si él era, y sigue siendo, el director de este proceso.

“Acá lo más graves es que el único producto que se ha entregado es de pésima calidad y lo demás está atrasado, y aún así, tenemos informes que ya se desembolsaron los primeros $80 mil”, explicó.

La comisión decidió llamar en audiencia al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora Mora para que se refiera a este tema.