Redacción.- En estos días distintas personas han estado circulando profusamente en Internet una vieja sub/versión que escribí allá por octubre de 2002. Lo simpático es que ahora se circula para mostrar “cuánto he cambiado” o “cómo traiciono hoy lo que ayer dije”. Algunos creen haber descubierto la contradicción fatal entre aquel Leonardo Garnier que defendía la inversión educativa y este que, hoy, al frente del Ministerio de Educación, se ha transmutado en una especie de monstruo neoliberal dispuesto a recortar y cercenar los recursos destinados a la educación y, en particular, a la educación superior.

Siempre es bueno que a uno lo obliguen a confrontar lo que ha dicho, hecho o pensado en otros momentos de su vida, ya sea para evidenciar los cambios que se puede haber tenido a lo largo de la vida – sería trágico no cambiar nunca – o bien para identificar inconsistencias que, por supuesto, debieran ser remediadas cuanto antes. También puede servir, sin embargo, para confirmar que se sigue pensando y sintiendo como cuando se escribía entonces y que los hechos, lejos de contradecir, confirman lo que antes eran tan solo palabras.

Confieso que me halaga la perdurabilidad en el tiempo de aquellas sub/versiones que pretendían ser llamadas de atención coyunturales y que, hoy, años después, parecen seguir siendo de interés para mucha gente. Me alegra.

Pero como algunos han querido usar mi texto para sacar conclusiones distintas a las que la realidad parece permitir, utilizando mis palabras de ayer para tergiversar mis acciones de hoy, me siento con el derecho y en la obligación de recuperar mi texto, para agregar algunos comentarios y reflexiones sobre la situación actual, para que cada quien pueda juzgar si mi ejercicio como Ministro constituye una traición o ha sido más bien un ejercicio de concreción de mis ideas, de mis sub/versiones. En aquellas sub/versiones de 2002 terminaba afirmando lo siguiente:

“¿Cómo decir que le apostamos al futuro y a los jóvenes cuando le regateamos a la educación? Ayer, la educación era gratuita y obligatoria. Hoy, se rige por la contabilidad y las encuestas. Más que un déficit fiscal, parece que padecemos de un grave déficit de liderazgo”.

Ni más ni menos, así lo sentí, lo pensé y lo escribí. Hoy, no le quitaría una coma. El contexto de la columna era, efectivamente, un recorte que se proponía hacer al presupuesto educativo y al curso lectivo; recorte que era más grave aún en el contexto de un mandato constitucional – en el que me tocó jugar un papel – y que desde 1998 establecía que el presupuesto educativo no podría ser inferior al 6% del PIB. El mandato constitucional, sin embargo, seguía sin cumplirse cuatro años después.

En esa negativa a elevar el financiamiento de nuestra educación encontraba yo – y lo mantengo – una falta de liderazgo. Eso decía ayer como columnista.

Hoy, algunos consideran que he dado vuelta en redondo y que, frente a los retos de expandir la inversión educativa y, en particular, frente a la negociación del FEES, caigo en la falta de liderazgo que ayer criticaba. Pero ¿es así?

Mi preocupación mayor al asumir el Ministerio de Educación Pública – como consta tanto en mis publicaciones previas como en la definición de prioridades que guió nuestro trabajo desde un inicio – fue la baja cobertura de la educación secundaria costarricense. Me cuesta encontrar una tragedia mayor que esa incapacidad que hemos tenido como sociedad para garantizar a todos nuestros jóvenes la oportunidad de completar su educación secundaria que, si bien no es suficiente, es indispensable en el mundo de hoy para tener acceso a un trabajo calificado y bien remunerado. La batalla contra la pobreza y la desigualdad, la batalla por reconstituir la clase media de este siglo XXI, pasa por el requisito de universalizar realmente la secundaria.

No digo que allí termine nuestro reto educativo: la universalización de la secundaria debe implicar un gran esfuerzo en términos de calidad y pertinencia, un gran reto en términos de desarrollo de la educación técnica, una tarea profunda y vital en lo que apunta a la formación integral – ética, estética y ciudadana – de nuestros jóvenes y, claro, una tarea irrenunciable en el desarrollo de una educación superior que esté cuantitativa y cualitativamente a la altura de los tiempos.

Estos retos implican un sinnúmero de acciones pero, sin duda, requieren también de financiamiento. Por eso, los retos profundos de la cobertura, la calidad y la pertinencia educativa pasan ineludiblemente por la cuestión de los cincos, por la cuestión presupuestaria.

¿Cómo valorar nuestra gestión desde esta óptica, que era precisamente la que yo cuestionaba como columnista allá por 2002?

Ingresé al Ministerio de Educación Pública en mayo de 2006. Ese año, el presupuesto del sector educación era de ¢570.000 millones y representaba un 5% del PIB. Cuatro años más tarde, este 2010 que me encuentra todavía como Ministro de Educación, el presupuesto del sector educación es de ¢1.330.000 millones que representan un 7,2% del PIB. En términos reales – descontando la inflación – el presupuesto del sector educación ha crecido en un 67% en estos cuatro años, el crecimiento más alto de la historia. Al hacerlo, logramos no solo cumplir con el mandato constitucional del 6% del PIB, sino que llevamos la inversión educativa a un 7,2% del PIB en 2010. De eso, podemos sentirnos orgullosos.

En conjunto con las diversas medidas cualitativas, organizativas y de gestión que hemos impulsado, este aumento dramático en los recursos invertidos en el sector educación contribuyó a que pudiéramos revertir la tendencia a una deserción creciente en el sistema educativo pero, sobre todo, a que pudiéramos reducir la inequidad al interior del propio sistema educativo. Me explico: mientras que las tasas de escolaridad de los dos quintiles de mayores ingresos – que son las más altas - se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel de 89% y 96% entre 2006 y 2009, la tasa de escolaridad de los tres quintiles de menores ingresos mejoraron significativamente: la escolaridad del quintil medio subió de 80% a 87%; la del quintil medio-bajo subió de 74% a 83% y la del quintil más pobres subió de 71 a 80%. Así, la mejora promedio en la escolaridad que logramos en esos años, se logró mediante una reducción importante de las desigualdades educativas. De eso, podemos sentirnos orgullosos.

Un elemento clave en búsqueda tanto de la justicia como de la calidad educativa, fue el significativo aumento negociado con las organizaciones gremiales para el personal docente del Ministerio de Educación Pública. En los últimos años, los educadores costarricenses vieron cómo sus remuneraciones prácticamente se duplicaron al aplicar al sector educación la equiparación al percentil 50 del sector público. Esto constituye un logro fundamental no solo en términos del justo reconocimiento al trabajo arduo de los educadores de preescolar, primaria y secundaria, sino como instrumento clave para promover la calidad educativa a largo plazo, al hacer que la profesión docente vuelva a ser atractiva para nuestros jóvenes que, hoy, saben que ejerciendo la docencia pueden también dar un nivel de vida digno a sus familias.

Finalmente, para caer al tema que dio origen a este “redescubrimiento” de mi sub/versión de 2002, tenemos el tema del financiamiento de la educación superior y, en particular, el tema del FEES.

Pues bien, el FEES había caído a su punto más bajo de la historia en 1982, luego de la crisis de fines de la administración Carazo y, a partir de ese momento, se recuperó lentamente a lo largo de los siguientes veintidós años, pasando de 26 mil millones en a 127 mil millones (en colones constantes). Si bien este fue un crecimiento positivo y real del FEES, fue un crecimiento inferior al mostrado por la economía nacional en su conjunto, de manera que la participación del FEES en el PIB se redujo, con altibajos, de 1,18% del PIB en 1985 a un 0,85% del PIB en 2004.

En ese momento, las autoridades universitarias y el Gobierno de entonces negociaron un Convenio de Financiamiento que llevaría el FEES del 0,87% del PIB que mostraba en 2004 a un 1,05% del PIB en 2009. Inicialmente, con un PIB creciente, la aplicación de esta fórmula permitió una importante expansión del FEES; cuando el PIB cayó, el Gobierno estuvo de acuerdo en permitir que el FEES siguiera creciendo en términos reales hasta llegar a los ¢226 mil millones que, hoy, representan un 1,23% del PIB. Ante las críticas que hoy se escuchan con facilidad, es importante destacar que, de haberse aplicado “la fórmula” del último convenio, el FEES apenas habría sido de ¢200 mil millones en 2010, es decir, ¢26 mil millones menos de lo que el Gobierno aceptó cubrir.

De manera que no, no tengo por qué sentir que lo dicho en la sub/versión de 2002 hay sido traicionado por las acciones que permitieron llevar el FEES al punto en que hoy se encuentra. Por el contrario, creo que mis acciones como Ministro han sido totalmente consecuentes con mis pensamientos de ayer. Pero entonces ¿qué decir de la negociación actual, fuente de tanta discordia?

En mi columna del 2002 argumentaba sobre la responsabilidad que cabía a las autoridades políticas en el sentido de permitir y promover un crecimiento real de la inversión educativa. La propuesta que desde el Gobierno actual hemos planteado a las universidades es absolutamente consistente con eso.

A pesar de que algunos hablan de la propuesta gubernamental como si se tratara de un “recorte” del presupuesto universitario, la verdad es simple y distinta: lo que hemos propuesto es que el FEES crezca en términos reales y que crezca a un ritmo mayor del ritmo de crecimiento de la economía nacional. Hemos propuesto que el FEES crezca a un 4,5% real, más la inflación, más un crédito de $200 millones de dólares.

En términos simples esto llevaría el financiamiento a las universidades de los ¢226 mil millones actuales a unos ¢360 mil millones en 2015 (¢400 mil millones si cuantificamos el préstamo). Es difícil entender por qué alguien interpretaría esta clase de aumento, real, como un recorte. Con la propuesta del Gobierno, el FEES alcanzaría su nivel más alto de la historia tanto en términos reales como en su participación en el PIB. En términos de mi columna de 2002, puedo sentirme tranquilo y orgulloso: en medio de una crítica situación fiscal, el Gobierno del que formo parte no solo no recorta la inversión educativa, sino que le permite crecer a un ritmo mayor del ritmo al que crece la economía, del ritmo al que crece el resto del gasto público y del ritmo al que crecen los ingresos tributarios. La prioridad de la educación claramente se mantiene.

Entonces – dirá el lector - ¿por qué tanto conflicto? La razón es fácil de explicar, aunque no sea fácil de corregir.

Las élites universitarias no aceptan un crecimiento del 4,5% real sino que exigen un crecimiento del 11% real. Esto implicaría que el FEES crezca tres veces más rápido que la economía nacional, poniendo una terrible presión sobre el resto de las inversiones sociales y económicas del gobierno, de la sociedad.

¿Por qué exigen un crecimiento tan alto del FEES las élites universitarias?

Según nos han dicho – verbalmente y por escrito – “necesitan” ese aumento desproporcionado para poder pagar por lo que llaman el “costo inercial” de las planillas universitarias: un conjunto de incentivos o privilegios que hacen que, sin contratar un docente más, sin admitir un estudiante más, sin aumentar o mejorar un ápice los servicios que generan las universidades, sus costos se eleven automáticamente en un 8% anual por encima de la inflación… para poder pagar ese aumento automático de los salarios que es, también, de un 8% anual por encima de la inflación.

En pocas palabras, el problema de las universidades no radica en que los Gobiernos no les estén dando suficientes recursos. Por el contrario, tanto durante el quinquenio anterior como en la actual propuesta del Gobierno, los recursos de las universidades aumentan en forma clara y sistemática. Sin embargo, al absorber los incentivos la mayor parte de ese aumento presupuestario, las universidades han optado por frenar la admisión de estudiantes, que no solo quedan por fuera de las universidades públicas, sino que no logran cupo en las carreras de su preferencia.

Entre 2003 y 2010, la Universidad de Costa Rica pasó de 29.004 a 35.524 estudiantes: en siete años apenas aumentó su matrícula en 6.520 estudiantes, menos de mil por año. En el caso de la Universidad Nacional, pasó de 12.940 a 15.444, un aumento de apenas 2.504 en siete años, menos de 400 por año. La UNED aparentemente aumentó en 5.174 aunque lo cierto es que esto solo parece haber ocurrido en el último año, pues entre 2003 y 2009 solamente pasó de 18.659 a 19.521, es decir, apenas 862 alumnos más. El caso más extraño es el del Instituto Tecnológico que, en estos siete años, no solo no aumentó el número de estudiantes ¡sino que lo redujo! El TEC pasó de 8153 a 8.151 estudiantes entre 2003 y 2010.

A lo largo del último quinquenio nuestras universidades públicas aumentaron su matrícula, entre todas, en apenas unos 2000 estudiantes por año. Su matrícula creció apenas en un 15%. De esto no es posible culpar a los Gobiernos por no haberles asignado recursos: los propios rectores han reconocido que ese ha sido el quinquenio en que sus recursos han crecido más: un 80% en términos reales. ¿Cómo explicar que los recursos aumenten un 80% en términos reales, pero la matrícula solamente en un 15%?

Ahora se nos dice – en la propuesta oficial de las y los Rectores – que durante el próximo quinquenio su matrícula aumentará en un 3% anual (es decir, apenas unos 2.500 estudiantes por año). Sin embargo, se pide que el financiamiento (FEES) crezca a un ritmo del 11% por encima de la inflación. ¿Cómo justificar esto?

No creo que los salarios en las universidades deban ser bajos. Por el contrario, me parece bien que sean buenos salarios de manera que podamos atraer a los mejores intelectuales, los mejores científicos, los mejores artistas a la docencia y la investigación. Eso podría justificar que, durante un período – un quinquenio, por ejemplo – los costos suban más que los servicios. Fue lo que ocurrió en el MEP con el aumento de los salarios que realizamos: durante dos o tres años, los costos superan el crecimiento de la matrícula, porque se están recuperando los salarios. Eso está bien.

Lo que no puede estar bien es que estos aumentos se conviertan en un privilegio permanente y automático. Está bien que los salarios sean altos. No está bien que – de acuerdo al sistema vigente – sigan creciendo a un ritmo tan exagerado que se duplican cada ocho años ¡por encima de la inflación!

Por eso, cuando releo mis sub/versiones del 2002 y veo la forma en que creció el financiamiento a las universidades durante mis primeros cuatro años de Ministro; cuando reviso mis ideas de ayer y analizo la propuesta que hoy hemos presentado a los rectores para que el FEES siga creciendo a un ritmo superior al de la economía nacional, me siento bien. Son hechos y propuestas que, bien utilizadas, permitirían a nuestras universidades públicas un crecimiento y una mejora sistemática.

Y también por eso, cuando escucho que se amenaza con recortar becas, con cerrar cupos y carreras, con eliminar estudios de posgrado, aduciendo que la culpa la tiene el Gobierno por “recortar” el presupuesto universitario, me preocupo profundamente. No porque crea que los recursos ofrecidos son insuficientes. Me preocupo por la forma en que esos recursos están siendo utilizados y, sobre todo, me preocupo – y me entristezco – por la forma en que las élites universitarias están argumentando – en contra de sus estudiantes y en contra de nuestras universidades – con tal de no transformar un inadecuado sistema de privilegios.

Como en mis sub/versiones de ayer, creo que tenemos un problema de liderazgo. Solo que el problema parece estar dentro, y no fuera de nuestras universidades.