Redacción.- Representantes de organizaciones relacionadas con diversos campos de la medicina en el país dejaron clara la necesidad de que se de el visto bueno al expediente 17777 por medio del cual se impulsa la Ley que regirá todo lo relacionado con la investigación en seres humanos.

Así lo expusieron ante miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, los doctores Carlos Arrea y Oscar Porras de la Academia Nacional de Medicina y José Alonso Acuña del Comité Ético Científico de la UCIMET, quienes al igual que sus antecesores de ayer, expusieron artículo por artículo, lo que consideran se debe agregar, modificar, detallar o eliminar de la propuesta que está en estudio.

Los visitantes estuvieron de acuerdo en la urgencia de que se apruebe una ley específica sobre este tema, dado que actualmente sólo hay seis artículos en la Ley General de Salud, que se relaciona con las investigaciones, pues la Sala Constitucional dejó sin reglamentación este campo.

“Esta ley vendrá a resolver el caos que se produjo en el ambiente nacional después de la resolución de la Sala Cuarta y a proteger a los sujetos de investigación y a darles una serie de regulaciones que les permitan participar, beneficiarse y no ser desfavorecidos o irrespetados sus derechos en el proceso”, sentenció el doctor Oscar Porras.

Expusieron la necesidad de que se detalle las diferencias que deben existir entre los grupos vulnerables que pueden ser sometidos a experimentación como es el caso de los niños, pacientes discapacitados, oncológicos, con enfermedades terminales, VIH o subordinados.

Otro punto en el que también manifestaron consenso y pidieron que se analice con muchísimo cuidado es el capítulo que se relaciona con las infracciones y delitos, por cuanto estiman que se incluyó cosas que no tienen razón de ser penalizadas con cárcel.

Sobre este punto, el doctor José Alonso Acuña agregó que la mayoría de los investigadores son muy comprometidos con la salud y muy responsables por lo que la ley no debe presuponer que comenten hechos dolosos y es indispensable determinar si se hace necesaria la pena de cárcel o la sola inhabilitación sería suficiente.

A pesar de ser representantes de diversas organizaciones coincidieron en una serie de aspectos como el relacionado con los derechos de los pacientes que participan en los estudios de investigación.

“Los participantes crónicos deben tener asegurado que si participaron en una investigación de la cual surge un medicamento que les hace bien, los patrocinadores les seguirán suministrando el producto por todo el tiempo que lo requieran y no que se les mande a comprarlo a la farmacia, apenas termina el estudio”, especificó por su parte el doctor Carlos Arrea.