Redacción.- Ayer por la tarde continuó en discusión el proyecto 16956 Reforma y Adición de un Artículo a la Ley 8220 Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.

La semana pasada surgieron varias dudas sobre el texto por lo que este día se conocieron varias mociones para modificarlo. De hecho se eliminó la pena de cárcel para aquel funcionario público que no responda un trámite solicitado a tiempo.

Pero aún quedan pendientes otras transformaciones ya que el diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio presentó algunas objeciones.

El objetivo de la iniciativa es el establecimiento de sanciones para los funcionarios públicos que abusen de autoridad o incumplan los deberes. La intención es recodarle al empleado público que su función es servir y que debe hacerlo con celeridad, calidad y con responsabilidad. Propone la aplicación del Código Penal, en concreto del capítulo de los delitos contra los deberes de la función pública.

En la exposición de motivos del texto se indica que todo administrado en ejercicio de su derecho de petición de información debe tener acceso a la justicia administrativa y obtener por parte de todo funcionario público, entidad u órgano público, información sobre los trámites y requerimientos.

Pero destaca que en la actualidad las solicitudes en un alto porcentaje no tienen respuesta, toda vez que muchos de estos casos no se resuelven a tiempo, por parte de la Administración.