San José.- Defensoría califica de inoportuna que Dirección Jurídica del IMAS realizara este tipo de acciones a grupo de mujeres que asumieron una labor de responsabilidad estatal hacia el cuido de personas menores de edad, lo que además contribuye con la superación de la pobreza de un importante sector de la población.

La Defensoría de los Habitantes solicitó a las autoridades del IMAS la inmediata suspensión de los procesos de embargos iniciados contra un grupo de mujeres que trabajan como “madres comunitarias” dedicadas a ofrecer servicios de cuido a un número reducido de niños y niñas en sus respectivas casas de habitación.

Estas acciones legales que ejecuta la Unidad de Asesoría Jurídica del IMAS han llegado hasta el embargo de los bienes propiedad de las madres comunitarias como un mecanismo de ejecución de la condenatoria en costas dictadas en los estrados judiciales en las que estas mujeres perdieron su pretensión de reivindicación de derechos laborales. No es posible para la Defensoría admitir que, la reivindicación de derechos de una mujer en condición de pobreza, le signifique una acción de embargo por parte del propio ente llamado a superar esta condición.

Esta Defensoría considera absolutamente improcedente que el IMAS, cuya función primordial es la erradicación de la pobreza, realice este tipo de acciones a un grupo de mujeres quienes asumieron una labor de responsabilidad estatal hacia el cuido de personas menores de edad, que además posibilitó la inserción laboral de las madres de estos menores, y contribuyó con la superación de la pobreza de un importante sector de la población.

“La función social del trabajo de las madres comunitarias respondió a una política de Estado, vigente en la actualidad, y que se encuentra dentro de las funciones y competencias del IMAS, razón por la que resulta hasta contradictorio que sea esta misma institución, quien hoy intente despojarlas de los únicos bienes que poseen las madres comunitarias, por haber perdido en la vía judicial su pretensión de ser reconocidas como trabajadoras”, señala una carta remitida por la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, al presidente ejecutivo del IMAS, Fernando Marín. (Se adjunta audios, fotografías y vídeos).

En respuesta a esta gestión, el señor Marín manifestó que personalmente comparte en todos los extremos la posición de la Defensora sobre este asunto, y que por lo tanto, ha ordenado la búsqueda de una alternativa legal para poder suspender los procesos de embargo iniciados.

Para la Defensoría esta situación reviste una importancia fundamental por razones humanitarias, de solidaridad, de no discriminación y de justicia que son los principios que deben prevalecer en las acciones de las instituciones emblemáticas del Estado Social de Derecho, de tal forma que el IMAS debe suspender estos procesos donde hay madres a las cuales se les ha embargado bienes como la casa y en otros casos, están a la espera del remate.