Ha llegado el momento de proceder a la más grande operación de transparencia jamás emprendida en la historia nacional: llegar a las profundidades de las acciones de espionaje político a la que hemos estado sometidos cientos y cientos de ciudadanos y de ciudadanas que, por una u otra razón, hemos sido seleccionados como “amenazas”, como “blancos” para el sistema; ya no solamente desde el punto de vista estrictamente político, sino también en otros ámbitos desde los cuales se expresan opiniones y acciones que tan solo buscan la promoción del bien común, el desarrollo de la democracia, el combate a la corrupción y a las injusticias sociales.

Aunque ha quedado en total evidencia, afortunadamente,  la operación de espionaje político a que fue sometido el colega sindicalista don Jorge Arguedas Mora, reconocido luchador social en defensa del ICE, por órdenes expresas de las más altas autoridades de la institución en el período gubernamental anterior; estamos absolutamente convencidos de que no se trata de un caso aislado,  además de que nos muestra un nuevo acto de abuso de poder, gestado, urdido y ocurrido en el gobierno de los hermanos Arias Sánchez.

El mérito de la denuncia pública que al efecto, de manera antinada y valiente, ha formulado el diputado don Luis Fishman Zozinsky, es de ponernos a pensar de que existe un patrón, sistemático, persistente, deliberadamente estructurado, de invadir la privacidad, de violentar la intimidad personal y familiar, de anular los derechos constitucionales, de grandes cantidades de compatriotas porque resultamos del desagrado de los reales detentadores del poder político en nuestra golpeada democracia.

Ya ha estado en la picota del señalamiento ciudadano el caso de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), por cuya disolución muchos sectores se han pronunciado. La DIS, cuyos agentes se infiltran en los eventos democráticos de manifestaciones cívicas y hasta en actividades en espacios cerrados de similar naturaleza, acumula una gran cantidad de expedientes, de archivos secretos, con fotos, con videos, con bitácoras de seguimiento y hasta con grabaciones telefónicas, acerca de las actividades realizadas por el activismo patriótico sostenido por parte de muchas personas y organizaciones. En verdad, ¿cuántas conversaciones telefónicas, suyas, nuestras, han sido escuchadas de manera ilegal? Acierta la actual dirección política del ICE en pedir si tales escuchas telefónicas se hicieron apegadas a la legalidad.

No podemos dejar de pensar en que, en el caso del espionaje al sindicalista don Jorge Arguedas Mora, la llamada “Dirección de Protección y Seguridad Institucional”, oficina del ICE que lo tuvo en seguimiento, que le puso un “fijo” durante once días continuos; ó bien, decidió en convertirse en la “competencia” de la DIS (en estas épocas de “aperturas”); ó, por el contrario, actuó con algún nivel de coordinación con la misma, por lo menos, en intercambio de información básica sobre las actividades de don Jorge, antes de estructurar las líneas de la operación de seguimiento personal a que él iba a ser sometido.

El espionaje político que hace la DIS, más el que ahora queda en evidencia ordenado por la anterior cúpula del ICE, socava, debilita, nuestra golpeada democracia y revelan el deterioro de un sistema político que parece hacer aguas por todo lado con su espiral de concentración de riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de violencia criminal desbordada, de corrupción sistemática por la colusión de intereses privados con la cosa pública y, ahora, con el destape del espionaje político violatorio de toda norma ética, moral, jurídica y constitucional. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias en este caso.