Una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes en Colombia ha reemplazado a las organizaciones paramilitares de derecha que se desmovilizaron en 2006, afirma un centro de investigación en ese país.

El informe elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, encontró que estos nuevos grupos al margen de la ley han superado a los rebeldes de izquierda como los principales actores violentos.

Según el reporte, están presentes en 29 de los 32 departamentos de Colombia.

El estudio de Indepaz está basado en su propia investigación de campo, así como en datos tomados de las agencias del gobierno y de los medios.

La desmovilización del grupo paramilitar de derecha, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en 2006 es considerada como uno de los principales éxitos del otrora presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el pasado agosto.

Sin embargo, Indepaz asegura que más de diez nuevas organizaciones -que denomina narcoparamilitares- rápidamente llenaron el vacío dejado por las AUC en gran parte del territorio nacional.

Sin agenda política

Con nombres como las Águilas Negras y Rastrojos, éstos combinan el control de la producción y exportación de cocaína con violencia extrema, aunque sin una clara agenda política.

Indepaz estima que podrían llegar a tener hasta 13.000 miembros.

Jeremy McDermott, de la BBC en Colombia, explica que el tráfico de cocaína sigue siendo el principal motor del conflicto armado en el país, financiando a los grupos armados ilegales con cientos de millones de dólares.

Las AUC fueron conformadas por terratenientes y capos de la droga para enfrentar a los grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

También estaban involucradas en el tráfico de drogas y perpetraron innumerables violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.

Más de 30.000 paramilitares fueron desmovilizados y muchos de sus líderes extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico durante la presidencia de Uribe.

No obstante, el proceso legal be esta demovilización ha sido criticado por haber permitido a los culpables eludir el castigo por crímenes de lesa humanidad.