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Para marzo de 2011, muchos miles de personas trabajadoras asalariadas, tanto del sector Privado como del Público y que hayan tenido uno o varios empleos fijos en los últimos cinco años (del 2006 en adelante), podrán retirar los dineros acumulados a su nombre en el denominado Fondo de Capitalización Laboral (FCL); acogiéndose para ello a lo que establece la Ley de Protección al Trabajador (artículo 6).

El FCL es un acumulado porcentual correspondiente al 1.5 % del salario bruto que se ha ido depositando, mes a mes, a favor de la persona trabajadora durante este período de cinco años: 2006-2011. En términos generales, podría decirse que la cantidad promedio a retirar podría equivaler al monto de un aguinaldo, colones más, colones menos.

Sin embargo, hay otra gente que está pensando en que usted no retire esa platita. Efectivamente, está en la corriente legislativa el proyecto de ley No. 17.597, titulado  “Ley de fortalecimiento del fondo de capitalización laboral como instrumento de protección contra el desempleo”. Vaya pomposo nombre.

La idea disgusta profundamente a muchísimas personas trabajadoras asalariadas que ya se han enterado al respecto. Nadie se opone a que en Costa Rica exista, algún día, un verdadero seguro de desempleo. Pero no con la plata de la gente asalariada ya sumamente empobrecida. Veamos:

La oposición fuerte que ya está en desarrollo, se basa en razones de lógica vivencial cotidiana de miles y miles de gente del trabajo asalariado que, producto de una sociedad en alocada carrera de concentración de la riqueza y de crecimiento sistemático de la desigualdad, está siendo víctima de males sociales como: a) Ajustes salariales paupérrimos; b) imposiciones de esas fijaciones por decretazo, sin negociación alguna; c) salarios decrecientes; d) ajustes por inflación vencida que se comen rápidamente el ajuste semestral; e) salarios mínimos indignos calculados con fórmulas viejas; f) y aún así, miles de personas ganan por debajo del mínimo legal o apenas están en él; g) miles de personas trabajadoras asalariadas están altamente endeudadas; h) fórmulas de cálculo de las variaciones de precios que no se ajustan a la realidad; i) sistema tributario injusto (pagan más lo que menos tienen, proporcionalmente hablando); d) deterioro de los servicios públicos sociales, limitaciones de acceso a ellos y otros concesionados y en vías de privatización; entre otros factores que marcan esa desigualdad.

Si además le agregamos que nadie tiene la menor idea de cómo se maneja esta plata; que no hay claras rendiciones de cuentas; que el sector bancario-financiero que las maneja es de los que más han ganado con las políticas neoliberales de los últimos tiempos; que no hay comités de transparencia compuestos por la gente del trabajo para fiscalizar bien con perspectiva “desde abajo” y no de la tecnocracia; que nadie entiende cómo se calculan los intereses; que esa muletilla de “rendimientos decrecientes” solamente implica menos plata en la cuenta de la gente; etc. ¿Entonces, cómo pretenden que la gente no se oponga a que le prohíban retirar esos dineros en marzo del año entrante? Miles pensamos que es ¡una salvada!

Así que no se rasguen las vestiduras porque los sindicatos del sector Público estamos alertando sobre el particular, ante la indefensión de que en estas cuestiones tienen miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Privado porque les impiden sindicalizarse. Estamos haciendo lo justo… Defienda su platita y alístese para salir a la calle cuando nos convoquen.

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