---

San José.- Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dictaminaron el proyecto 17718 esta mañana.

Se trata del documento de "Aprobación de la Adhesión a la Convención para la Eliminación del requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros.

El día 5 de octubre de 1961 durante la novena sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional Privado se adoptó dicha convención, la cual es el resultado de un proceso de consulta y análisis entre los estados signatarios.

Y surge con el fin de suprimir los largos procesos en que se incurre al exigir la legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros y así facilitar el comercio entre los países del orbe.

La convención modifica el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, mediante la introducción de un sello especial denominado "apostilla".

Este sello cuenta con su propio consecutivo y registro, el cual brinda mayor seguridad y control a los documentos apostillados, mientras elimina los requisitos engorrosos e innecesarios de legalización, por ser reconocido por las autoridades locales y extranjeras de los estados parte de la convención.

Los artículos 3 y 4 del acuerdo internacional establecen que el sello de la apostilla debe certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y la identidad del sello o el timbre que lleva.

De conformidad con el artículo 6 cada Estado deberá designar a las autoridades que son competentes para emitirlo siendo que tradicionalmente se han designado a autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país.

El instrumento jurídico internacional se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado.

En este sentido, la intención de la convención resulta acorde con la normativa internacional que promueve la creación de mecanismos de facilitación y cooperación entre los Estados.

Asimismo, el instrumento establece los casos en los cuales no se aplicaría la supresión del requisito de legalización, tales como los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares o los documentos administrativos que se refieran, directamente, a una operación mercantil o aduanera.

Unos 98 países han ratificado esta convención y utilizado con gran éxito la figura de la apostilla para legalizar sus documentos públicos.

El convenio asistiría en las relaciones y los trámites con nuestros principales socios comerciales tales como Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá y la mayoría de países que conforman la Unión Europea.

Este instrumento ha ganado cada vez mayor aceptación entre los países del mundo reportándose más de 17 millones de documentos apostillados en los últimos 5 años debido a su agilidad, disminución de costos y facilidad en los trámites internacionales.

El diputado Presidente de la comisión, Francisco Chacón González dijo que el tortuoso proceso que debe recorrer un documento extranjero para ser legalizado y presentado en nuestro país, conlleva atrasos de semanas y hasta meses ya que debe pasar por varias instituciones de su país de origen, y luego ser enviado al Consulado de Costa Rica más cercano, el cual muchas veces se encuentra a cientos de kilómetros del país de origen. Igualmente, este proceso debe realizarse a la inversa con los documentos locales que deban ser presentados en el exterior.

---