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San José.- “Aparte de la pésima imagen a nivel internacional por ser el único país del mundo donde es prohibido investigar el daño más grave que provocó el fallo de la Sala Constitucional lo sufren un gran número de pacientes con cáncer, Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA y otros padecimientos crónicos, cuya única esperanza de vida reside en la posibilidad de recibir un medicamento experimental en un ensayo clínico”.

Esto lo reiteró el doctor Guillermo Rodríguez Gómez, del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC), ante los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, donde se le escuchó con relación al tema de las investigaciones en seres humanos.

Esta comisión tiene en estudio los expedientes 17693 Ley general de investigaciones en seres humanos y 17777 Ley que regula la investigación en seres humanos y protege los derechos y dignidad de las personas que participan en investigaciones, respectivamente.

La Sala Constitucional declaró nulos todos los decretos y reglamentos que estaban vigentes sobre la investigación clínica en el país con lo que produjo un vacío jurídico que paralizó la investigación, eliminó los mecanismos de protección de los pacientes y provocó un clima de inseguridad jurídica.

Proyectos actuales

Amparado en un amplio documento en el que se detallan desde los tipos de investigaciones que se pueden hacer, las regulaciones internacionales, las fases necesarias para desarrollar nuevos medicamentos, así como los mitos y falacias que se han creado sobre la investigación clínica, el experto presentó una detallada comparación entre los dos expedientes.

Aseguró que las dos iniciativas cumplen con los once requisitos que estableció la Sala Constitucional para la creación de una ley sobre el tema e incluso ambos expedientes se podrían fusionar, pero el experto fundamentó que la iniciativa 17777 es la más completa de las dos y debería tomarse como base para la nueva ley.

Rodríguez Gómez también propone a los legisladores que en la nueva legislación haya una clara definición de las infracciones a la ley y las sanciones correspondientes que se aplicarían con base en el Código Penal ya existente.

Con relación a los Comités Éticos Científicos (CEC) solicita la eliminación del artículo 40 de la propuesta de ley que impide que estos puedan revisar sus propios proyectos, lo que es discriminatorio.

En cuanto a la integración del Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), por ser un órgano técnico recomienda que lo integre el ministro del ramo y se incluya miembros del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Colegio de Médicos y las universidades.

Por último consideró de gran relevancia que todos los estudios que realicen dependencias gubernamentales como el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sean aprobados por un CEC pues “muchos de los grandes abusos y atrocidades cometidas en nombre de la ciencia han sido promovidos por entes estatales”, concluyó.

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