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Tegucigalpa.- La violación a la privacidad y al secreto bancario que expertos ven implícitos en la Ley de actualización del sistema tributario, aduanero y medidas antievasión que se espera sea aprobada por el Congreso en los próximos días preocupa más a los empresarios que la posibilidad de pagar mayores contribuciones al fisco.

La iniciativa de ley, cuyo anteproyecto le fue presentado al Legislativo el pasado 14 de septiembre, supone, a juicio de algunos analistas, violaciones a diversos códigos vigentes, y que la Secretaría de Finanzas, en su afán de mejorar las recaudaciones tributarias ha pasado por alto al momento de redactar el anteproyecto.

Un aspecto especialmente sensible para el empresariado se relaciona con las atribuciones que el proyecto de ley en su forma actual confiere a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, en el sentido de tener un acceso irrestricto a la información financiera de los contribuyentes, siempre que lo justifiquen como parte de una investigación, como se describe en el artículo 49 de la controversial ley.

Las fuentes consultadas del sector privado reaccionaron con sorpresa y no poca indignación, ante lo que consideran una injustificada invasión a la privacidad, así como la posibilidad de crear una situación en la que podría hacerse mal uso del poder conferido por la ley.

La mejora de las recaudaciones tributarias es una de los compromisos que el gobierno asumió al momento de susctribir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, el criterio entre el sector privado es que no se debe tratar de arreglar un problema creando otro potencialmente peor.

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