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San José.- “Es una obligación del Estado investigar las enfermedades de sus habitantes. Si mañana apareciera una enfermedad X que sólo le da a los costarricenses, no podríamos jamás cruzarnos de brazos a esperar que un país desarrollado quiera hacer un estudio sobre esa enfermedad, por eso es indispensable tener investigación y de calidad”.

Así lo indicó el doctor Andrea Mesén del Centro Costarricense de Investigaciones Médicas (CCIM), al comparecer ante los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales donde manifestó su posición sobre las dos propuestas de ley para regular los aspectos relacionados con la investigación en el país.

 El especialista en el campo de la psiquiátrica se sumó a la gran cantidad de expertos que han dado a conocer sus puntos de vista con relación a las iniciativas 17693 Ley general de investigaciones en seres humanos y el 17777 Ley que regula la investigación en seres humanos y protege los derechos y dignidad de las personas que participan en investigaciones—, con los cuales se pretende llenar el vacío legal que dejó la resolución de la Sala Constitucional al derogar el decreto que regía la materia.

De acuerdo con Mesén uno de los principales problemas que presentan las propuestas es que no se habla en términos generales de investigación sino que se recarga en lo que se relaciona con los medicamentos y hay muchísimas investigaciones que no implican medicamentos y que también tienen riesgos y deben estar plenamente reguladas.

“Necesitamos una ley clara, coherente y ajustada a las normativas internacionales para evitar que se aísle al país, pues si se hace una ley entrabada, particularmente compleja o que riña con la normativa internacional nos pueden dejar por fuera,” sostuvo el especialista.

Materia de Estado

Esta tarde también compareció ante los legisladores el doctor Agustín Páez, miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) quien aseguró que en esa institución se estudia con mucha seriedad esta iniciativa de ley.

Páez también hizo una serie de recomendaciones sobre aspectos puntuales de las dos iniciativas específicamente en temas como la falta de glosario, las muestras biológicas, la ausencia de definición de términos, el consentimiento informado, etc.

Detalló que de frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la fertilización in vitro, Costa Rica tendrá que analizar con mucho cuidado los alcances de esta ley en relación con el Tratado de Budapest.

“Comparto en muchos sentidos la posición de la Presidenta (Laura Chinchilla) en que esta es una materia de Estado, es una materia muy importante y su discusión no puede ser acelerada de ninguna forma”, sostuvo el visitante.

Agregó que la ley debe definir claramente a quién pertenecen las muestras biológicas; los consentimientos informados deben salvaguardar los derechos de las personas que han contribuido a estas investigaciones y de las cuales se pueden derivar conocimientos o descubrimientos que van a tener algún valor comercial en el futuro, entre otros.

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