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Miranda, Venezuela.- 
La familia Solórzano compró en 1965 el hato "La Vaca" en Miranda, en el estado venezolano de Guarico y conserva la Cadena Titulativa de 1734, otorgada por Carlos III. Sin embargo, en 2005 una oleada de expropiaciones por parte del Gobierno de Chávez dejó en la calle a centenares de descendientes de españoles que ostentaban tierras a partir de las que se ganaban la vida.

Para poner solución a este expolio se creó la Mesa de Tierras, en la que el Gobierno de Venezuela, el embajador español en Caracas y el presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti) se reunieron con parte de los afectados para poner solución a la problemática.

Aunque según el Gobierno español se intentó presionar a Caracas y se han resuelto "la mayoría de los casos", los afectados niegan que esto haya sido así y reclaman más presión por parte de España.

Los Solórzano sí consiguieron que se les reconociera la propiedad privada, que se les concediera una indemnización e, incluso, se les aseguró que se les daría la propiedad de parte de la finca expropiada para que pudiesen trabajar la tierra.

Sin embargo, llevan esperando desde 2008 para cobrar el dinero y hartos de esperar han decidido realizar desde este miércoles una huelga de hambre indefinida frente al consulado español en Caracas por "su seguridad personal".

Luis Alberto y Carlos Enrique Solórzano, con la doble nacionalidad española y venezolana, han explicado a EL IMPARCIAL que aunque esperan un "desenlace feliz, la salud y la vida determinarán cuánto tiempo seguirán en huelga".

Luis y Carlos se han mostrado convencidos de seguir hasta el final, como hizo Franklin Brito, afectado también por las expropiaciones, y que, según han comentado algunas víctimas a este diario "fue dejado morir por las autoridades".

Estos hermanos exigen la "inmediata" indemnización por "la toma ilegal" de su finca, que fue ocupada por el Inti "saltándose" los preceptos constitucionales y "apoyado por el Ejército". La cuantía que se les debe es "bastante inferior" al valor de la finca, pero "prefirieron tomar algo, que nada", según han explicado.

Además, en virtud del acuerdo con el Inti -del que autoridades españolas fueron testigo- piden "el pago inmediato de daños y perjuicios ocasionados" en sus propiedades y en sus propias vidas por "los intentos de homicidio en su contra, por haberlos sometido al escarnio público, por el daño moral y psicológico, por el lucro cesante, por la indexación monetaria, y por los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de su familia".

Por otra parte, reclaman la documentación sobre el lote de tierra de 4.000 hectáreas que se acordó con el Inti para poder continuar su actividad agropecuaria. Actualmente sólo cuentan con unas 500 hectáreas y, según Carlos Solórzano, "las cooperativas colindantes están acorralando cada día más su propiedad hasta estrangularla". De ese trozo de tierra dependen 50 personas.

Por último, Carlos y Luis Solórzano han pedido al Gobierno español "que presione de alguna manera" a Venezuela, ya que consideran que "la ciudadanía española debe ser respetada, igual que la venezolana".

Las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español consultadas por este diario, han reconocido que no sabían nada de esta huelga de hambre en concreto. Sin embargo, han aludido a que "la embajada de España está realizando un seguimiento constante de todos los casos" y a que esta problemática "es un asunto recurrente en las relaciones bilaterales".

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