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Madrid.- La Comisión quedó constituida este jueves 7 en Madrid bajo la presidencia del ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, este domingo 10 de octubre.

Mayor Zaragoza, quien ya preside la Fundación para una Cultura de Paz, aseguró que "hay que lograr la erradicación total de esta pena inhumana", que, según recordó, aún se mantiene en el orden jurídico de 58 países, mientras 139 ya la han abolido en su legislación o en la práctica.

La nueva Comisión convirtió "de facto" la abolición de la pena de muerte en un noveno Objetivo de Desarrollo del Milenio, que se suma a los ocho que la comunidad internacional estableció hace 10 años para cumplirse justamente en 2015, el principal de ellos la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza.

En el acto de lanzamiento de la Comisión, realizado en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español, Rodríguez Zapatero dijo que "la pena de muerte no es una pena, es un espanto", que al desaparecer convertirá a la humanidad en más digna.

La abolición, subrayó el gobernante socialista, es la premisa para que se pueda hablar de universalización de los derechos humanos.

Además de Rodríguez Zapatero y Mayor Zaragoza, la Comisión --paritaria en materia de género-- está conformada por el ex primer ministro italiano Giuliano Amato y por el gobernador del estado estadounidense de Nuevo México, Bill Richardson, quien en 2009 convirtió a su estado en uno de los 15 de su país en abolir ese castigo extremo.

También participan la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, la ex primera ministra de Haití, Michèle Duvivier Pierre-Louis, el ex canciller argelino Mohammed Bedjaoui, el ex ministro de Justicia francés Robert Badinter y la canadiense y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.

A ellos se unen el jurista argentino especializado en derechos humanos Rodolfo Mattarollo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir, y la filosofa turca Ioanna Kuçuradi.

El presidente de la Comisión y ex director general de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) explicó que sus integrantes actuarán como un grupo de trabajo que pretende ser un complemento de la lucha que llevan a cabo la sociedad civil organizada y la propia Naciones Unidas.

El objetivo más inmediato es "promover el establecimiento de una moratoria en el uso e imposición de la pena de muerte en todas las regiones del mundo" que se haga efectiva en 2015, según la declaración constitutiva la Comisión, que tendrá carácter independiente.

Para ello contarán desde el inicio con el respaldo de los gobiernos de Argelia, Argentina, España, Filipinas, Francia, Italia, Kazajstán, México, Mongolia, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Turquía. Los 14 Estados suscribieron la Declaración Constitutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte como fundadores.

La declaración establece que este castigo viola el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Es la negación más extrema de los derechos humanos, asegura.

Mayor Zaragoza dijo que entre los otros objetivos hay que destacar "el fin de las ejecuciones en los casos donde la legislación internacional prohíbe o restringe de manera explícita su aplicación", algo que también se destaca en la declaración constitutiva.

El también presidente del Consejo Directivo de la agencia internacional de noticias Inter Press Service (IPS), precisó que no ha sido casual que la Comisión haya elegido 2015 para lograr la primera gran meta, porque sus 10 miembros creen que sería también una gran conquista para la humanidad.

"Vamos a interceder para evitar más ejecuciones de aquí en adelante", dijo, para subrayar que se quiere que el nuevo mecanismo sea "práctico y de objetivos concretos".

La obtención "sin dilación" de la moratoria sería el paso previo para avanzar hacia la erradicación de la pena capital en todas las regiones del mundo.

La organización Amnistía Internacional supo de al menos 714 ejecuciones durante 2009, la mayoría en Arabia Saudita, Estados Unidos, Iraq e Irán. La cifra no incluye las miles de penas de muerte que habrían sido aplicadas en China. En total, el año pasado, unas 2.000 personas fueron condenas a muerte en 56 países.

Un elemento de gran preocupación para los comisionados es la restitución de la pena capital en algunos países, como sucedió en Guatemala.

Actualmente, 19 personas esperan ser ejecutadas en ese país por inyección letal, y el presidente Álvaro Colom anunció que vetaría una ley aprobada el martes 5 y que otorga al presidente la facultad de indultar a los condenados, con el fin de restablecer la aplicación de la pena de muerte, que es legal en ese país, pero está suspendida de facto desde 2000.

De hecho, el presidente español pidió a los comisionados que se interesen de inmediato por la situación de Guatemala.

Rodríguez Zapatero destacó que los integrantes de la Comisión son "auténticos maestros en la defensa de los derechos humanos", que reúnen mucha experiencia y sabiduría.

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