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Ciudad de Guatemala.- Delegaciones de 150 países analizaban ayer montos de ayuda para la reconstrucción a Guatemala, que este año sufrió daños por fenómenos climáticos estimados en más de $1,500 millones, pero la ayuda estaría condicionada a una reforma fiscal paralela.

La subsecretaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la mexicana Alicia Bárcena, advirtió que ningún país en el mundo puede transitar hacia el desarrollo con tasas impositivas que solo representan anualmente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), como sucede en Guatemala.

“Un país que recauda el 10% y con un gasto público de solo 4.5% del PIB, no puede ejercer una gestión eficiente, es un Estado sin poder de acción”, consideró Bárcena, también secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). La reforma fiscal es un tema álgido en Guatemala por la oposición del sector empresarial a lo largo de las últimas décadas.

El presidente Álvaro Colom ha fracasado en dos intentos en los tres años que lleva en el gobierno. Bárcena calificó de “urgente” la necesidad de un pacto fiscal para enfrentar la crisis y reducir los altos niveles de pobreza, que alcanza al 51% de los 14 millones de personas, según la ONU.

Paralelamente, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional Española, Soraya Rodríguez, reconoció como un obstáculo la baja carga tributaria, que impide a la población ejercer el derecho a una vida digna y por ello instó a un pacto “que permita (financiar) adecuadamente” proyectos de desarrollo.

España anunció una donación de $67.1 millones para los próximos dos años. En tanto, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la reunión, Gina Montiel, concordó en que Guatemala “necesitará de más recursos fiscales” para financiar la reconstrucción y el desarrollo. El BID ofreció en la reunión $250 millones.

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