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La irracional, irresponsable y abusiva “carrera loca” del entonces Presidente de la República, Oscar Arias Sánchez, por “pasar a la historia”, generó, al final de su mandato, una cadena de acciones erróneas cuya dimensión negativa hasta ahora estamos empezando a visibilizar en toda su magnitud.

La fallida “nueva” carretera a Caldera; la inauguración de “mentirillas del Museo de Arte Costarricense: la presunta corruptela de ofrecer mordida en el caso de la privatización-concesión de los muelles de Limón, así como el golpe de Estado antisindical contra Sintrajap; el tortón fiscal actual pues no hizo la transformación tributaria estructural que urgía; los apresurados acuerdos salariales policiales que hoy no han podido ser honrados; son tan solo algunos de los aspectos más sobresalientes de una acción gubernativa diseñada para alimentar una vanidad fatua pretendiendo que la historia le diera un status de “Estadista” a quien jamás gobernó pensando en el bien común. Su “delirio de grandeza” está por encima de todo.

Relacionado con lo anterior pero en el plano legislativo de la gestión gubernativa de Oscar Arias Sánchez, al final de su mandato sobresale también la aprobación de varios proyectos de ley, de manera totalmente atropellada, a hurtadillas, a espaldas de la gente, a escondidas de la ciudadanía. Dentro de éstos destacan varias iniciativas que le cambiarán el rostro al sector municipal de Costa Rica, bastión fundamental de la democracia.

Una de esas grandes torpezas legislativas de la Administración Arias Sánchez, fue la denominada “Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”, Ley No. 8801, del 28 de abril de 2010; una ley pensada para el despido de, al menos, 10.000 de las actuales personas que trabajan para el sector Público del Gobierno Central (ministerios).

De esos 10.000 despidos en perspectiva, las primeras “víctimas” se presentarán en el MOPT, con la tramitación parlamentaria irresponsable de la “Ley especial para la transferencia de competencias de las carreteras nacionales terciarias y secundarias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a los gobiernos locales y del Programa 327 Mejoramiento de la Red Vial Cantonal del MOPT”.

Este sería el primer proyecto a luz de esa ley 8801, de una serie que en un período de siete años deberá transferir a los municipios diversos servicios que equivaldrían al 10 % del presupuesto nacional ordinario de la República, pero que nadie tiene idea de cuáles serán, habida cuenta de que ni Educación ni Salud están incluidos; y otros, nadie se los imagina en manos municipales: Fuerza Pública, cárceles, CEN-CINAI, aeropuertos, migración, asistencia agropecuaria.

La indicada ley 8801 obliga a una identificación de la plenitud de capacidades de los gobiernos locales para la prestación eficiente de los servicios públicos a transferirse, cosa que dudamos que se haya realizado en el caso de las carreteras terciarias y secundarias, así como de la red cantonal vial, hasta hoy todo esto a cargo del MOPT.

Valga indicar que al MOPT lo debilitaron premeditadamente, lo desfinanciaron para coger su plata y transferirla hacia los negocios privados con la infraestructura (el timo de las concesiones); lo pusieron en manos inescrupulosas a lo largo de todos estos años, para desacreditarlo y desprestigiarlo ante la opinión pública.

Y ahora, simplemente porque estamos en plena campaña electoral para las elecciones de las alcaldías y los concejos en las municipalidades, sin ton ni son, sin estudios previos pero, ¡oh ridículo!, sin plata para pasarles porque no hay un cinco en las arcas públicas; se pretende que las municipalidades se hagan cargo de gran parte de la infraestructura vial nacional, esa que ha escapado a la vorágine del negocio privado timador vía concesión; para que se asuma una tarea estratégica que no está planificada en toda su dimensión.

Pensamos que a tal nivel de irresponsabilidad la presente Asamblea Legislativa debe ponerle límite. Se debe impedir la aprobación de esa ley para que los municipios asuman las carreteras terciarias, las secundarias y la red vial cantonal; al menos, en las actuales condiciones.

Cuestionamientos sobran. Por ejemplo: ¿cuáles son los estudios que indicarían la mejor distribución del 1.5 % del presupuesto nacional para tal fin, entre los 81 municipios del país (eficientes ó mediocres), si la ley madre, la 8801, impide transferencias de competencias parciales, por pedacitos?

Se imaginan ustedes una carretera secundaria que pasa por dos o más cantones, presentando la circunstancia de que alguna municipalidad sí estaría en condiciones de asumir tal reto pero otra no.

El fortalecimiento del sector municipal costarricense es un asunto de carácter estratégico que, incluso, tiene que ver con la supervivencia misma de la democracia. Nosotros estamos de acuerdo con ello.

Pero otra cosa es hacerlo “a la carrera”, sin un plan de fortalecimiento municipal (que el IFAM podría diseñar con toda propiedad); sin plata en las arcas públicas pues hay un altísimo déficit fiscal y no hay nada en el horizonte que nos indique que habrá pronto más recursos sanos (reforma tributaria). Además, sin un cinco para pago de prestaciones a quienes perderán sus empleos en el Gobierno Central, sin que entremos a analizar las dimensiones sociales que esta circunstancia generaría en momentos de alto desempleo, precarización del mismo y seria amenaza del existente. Así no se fortalece el régimen municipal costarricense.

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