En el Informe Anual 2009 presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la OEA, se incluye a Honduras como uno de los países que requieren especial atención en cuanto a la situación de los Derechos Humanos.
  
Curiosamente, ese Informe tiene fecha 30 de diciembre de 2009, pero,  su análisis del país, solo cubre hasta agosto de ese año. Es decir, el informe no hace ninguna mención de lo ocurrido entre agosto y diciembre, incluidas las elecciones generales de noviembre que se llevaron a cabo de forma pacífica, libre, democrática y masiva.
  
Lo que dice de Honduras no es más que la repetición textual de toda la colección de negruras y horrores que supuestamente encontró la Comisión en su visita a Honduras del 17 al 22 de agosto del 2009, encabezada por la Abogada Luz Patricia Mejía Guerrero, ex funcionaria del Gobierno de Hugo Chávez.
  
Miles de detenciones ilegales, uso indiscriminado de la fuerza, represiones, ejecuciones sumarias, torturas sin fin, mujeres violadas, discriminaciones a los gays, crueldades a granel, violencia y muerte de parte del Estado para con su pueblo: esa es la situación de Honduras que la CIDH informa al mundo, el 15 de abril recién pasado.
  
Mientras que en este país de Dios hablamos de reconciliación interna y de reinserción en la comunidad de naciones, el informe de este organismo de la OEA, sin objetividad ni veracidad alguna, invita al odio y a la venganza. Hace muy bien el Presidente Lobo de rechazarlo enérgicamente.
  
Pero, aparte de lo anterior, hay dos aspectos del Informe, que me parecen muy peligrosos y a los que, pienso, debe prestársele mucha atención.
  
Primero, se insiste en que en Honduras hubo una “deslegitimación institucional” a raíz del “golpe”. En palabras claras eso significa que todas las instituciones del Estado de Honduras perdieron su legitimidad el 28 de junio del 2009. La OEA aún no reconoce como válida, las elecciones generales en Honduras, pero es de suponer, que las instituciones que fueron renovadas en esas elecciones, recuperaron esa legitimidad, pero las demás no.
  
Por lo tanto para la CIDH y la OEA,  la Fiscalía,   la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado de los Derechos Humanos son ilegítimos. No es de extrañar entonces que, en base a estos argumentos, se esté preparando todo un plan para “renovar” estas instituciones destituyendo a sus miembros, ya que solo así, según la OEA, recuperarían su legitimidad.
 
En segundo lugar, según la CIDH, en Honduras no ha habido sanciones para los responsables de las violaciones de los derechos humanos y, consecuentemente, del acto que dio origen a todas esas violaciones en el país: El “golpe de Estado”. Antes de que termine este año, estaremos viendo iniciativas internacionales para que se someta a juicio a todos los que participaron en el Gobierno del Presidente Micheletti y a los miembros de la Fuerzas Armadas que tan valientemente sostuvieron y resguardaron el Estado de Derecho en Honduras.
 
También por ello, la idea de una Constituyente sigue viva, en algunos miembros prominentes de los partidos políticos, especialmente del partido en el poder, en algunos diputados al Congreso Nacional y, desde luego, en la Resistencia.

Todo esto responde a una consigna internacional. Muchos países, incluso algunos que se llaman nuestros amigos, no pueden permitir que en Honduras un pueblo se haya puesto de pié para defender su democracia, desconociendo órdenes y amenazas. Y no cejarán en sus esfuerzos hasta doblegar al país.

Esta lucha por defender la Democracia, el Estado de Derecho, la Constitución y la autodeterminación, no ha terminado. Debemos estar muy conscientes de ello.