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San José.- Calificó la reforma de “un peligro para la democracia costarricense y para los principios constitucionales, viene a afectar los derechos del ciudadano común, especialmente de los más vulnerables”.

Así de contundente se mostró la Presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos al ser llamada a expresar su opinión con respecto al proyecto de Reforma de la Jurisdicción Constitucional expediente 17743.

También dijo que limita la libertad de prensa y de expresión y deja fuera del acceso a la justicia a grupos ambientalistas, mujeres agredidas, personas a las que se les lesionan sus derechos a la salud, entre otros.

Para Calzada la modificación es innecesaria porque según ella lejos de agilizar la respuesta de la Sala Cuarta podría más bien entorpecer el trabajo.

En lo que respecta a la división de la Sala en dos secciones que conozcan por un lado los recursos de amparo y hábeas corpus y por otro los de constitucionalidad no le parece tan mal, pero estima que es una medida cortoplacista que no mejora mucho la situación.

No obstante, si se optara por esto explicó que no habría mayor erogación de recursos humanos, ni económicos ya que podría contarse con los letrados que dejan de ver algunos de los recursos.

Además, indicó que la Sala recibe asuntos vía fax y correo electrónico, así que si se habilitan despachos judiciales en todo el país para la presentación de recursos se daría un atraso en el trámite.

Con respecto a los actos del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa indicó que no deben quedar fuera del control constitucional.

Tampoco está de acuerdo con que el ciudadano deba de tener un representante legal, eso limitaría la posibilidad de defensión de las personas de bajos recursos económicos.

Asimismo, se opone a que se establezcan plazos perentorios eso dijo iría en detrimento de la calidad de las resoluciones. Explicó que los recursos tardan unos 20 días en resolverse y en casos más especiales se toman más tiempo.

Si obligan a la Sala Constitucional a no suspender el acto administrativo solo en casos estrictamente necesarios, no podrá entonces haber una tutela efectiva, comentó.

En conclusión dijo Calzada que sería retroceder y ello significaría una factura que después se cobraría.

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