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San José.- En el marco de la estrategia de defensa de nuestra soberanía y de nuestro patrimonio ambiental el Gobierno de la República ha emprendido un paso más.

En este sentido, el Gobierno presentó una denuncia y solicitó una misión de asesoramiento ante la Secretaría de la Convención Internacional sobre Humedales (RAMSAR) por los  daños actuales ocasionados  en el humedal y las áreas silvestres aledañas a la  zona del conflicto con Nicaragua.

La Convención sobre los Humedales, llamada “la Convención de RAMSAR”, es un tratado intergubernamental que promueve el uso racional y sostenible  de todos los humedales situados en sus territorios.

El 20 de marzo de 1996,  RAMSAR incluyó al Humedal Caribe Noreste de Costa Rica en la lista de Humedales de Importancia Internacional.

Con base en esta inclusión, el  Gobierno le notificó a esta instancia los daños causados por la existencia de un dragado por parte de Nicaragua sobre el cauce del  Río San Juan, propiamente en el sector oeste de la laguna Portillos.

Además se notificó que los sedimentos procedentes de este dragado fueron depositados dentro del territorio del humedal y que, además, las autoridades nicaragüenses han emprendido una  tala y eliminación del bosque primario, todo esto con una presencia militar.

Con esta denuncia el Gobierno pretende que RAMSAR  constate in situ la afectación del humedal, constatación que servirá  para generar más pruebas para otros procesos internacionales.

De igual modo se pretende que la entidad apoye al país mediante un proceso de  divulgación  internacional ante todas las organizaciones que protegen el ambiente y que además le brinde al país asistencia técnica para enfrentar el daño ambiental.

“La razón por la que acudimos a RAMSAR  es porque seguimos en nuestra ruta pacifista, apegada al derecho internacional y mediante la gestión diplomática. En la Organización de Estados Americanos (OEA) esencialmente hemos pedido que las tropas que nos han invadido se retiren, acá en RAMSAR estamos planteando nuestra preocupación ambiental”, comentó Alfio Piva, vicepresidente de  la República.

Piva agregó además que la defensa y protección de este humedal trasciende los intereses nacionales y se enmarca en una lucha global para proteger estos frágiles ecosistemas, de gran significado en la protección de la biodiversidad.

“Los trabajos que ahí realizan de manera ilegítima y sin estudios técnicos el Gobierno de Nicaragua, producirán daños irreversibles si se concluye el canal que están haciendo”, agregó Piva.

Esta gestión ante RAMSAR es apoyada por diversas instancias ambientales como el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO),  la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Conservation International  (CI)  y  la Fundación Neotrópica, entre otras; así como especialistas como el Dr. Allan Astorga, sedimentólogo de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica.

Como parte de la estrategia del Gobierno para la resolución de este conflicto, René Castro, canciller de la República anunció que este jueves el cuerpo diplomático acreditado ante la OEA convocará a la Comisión Consultiva de Cancilleres de este foro, para abordar el tema del conflicto el lunes 29 o martes 30 de noviembre.

Por otra parte, el canciller señaló que este viernes llegará al país una misión de expertos de la OEA en temas de negociación y observación en temas de conflictos internacionales.

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