El principio constitucional prohíbe legislar en beneficio propio. Manda que si se aprueban leyes que beneficien a los diputados,

tendrán eficacia y se aplican a los diputados de la legislatura siguiente, pero, de ninguna manera, a los mismos que se auto-recetan los aumentos. Es prohibido que los diputados usen el poder de legislar para su propio provecho. Los artículos constitucionales, en su interpretación conjunta, 11, 111, 112 y 113, le dan fundamento a este principio de la Carta Magna. No solo se trata de un tema jurídico, sino de la ética en el ejercicio de la función pública.

Artículo 11: los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Los miembros del Poder Legislativo son funcionarios públicos, no son empleados del sector privado.

Artículo 111: ningún diputado puede desempeñar otro puesto en la Administración Pública, salvo, por ejemplo, como profesores en universidades públicas.

Artículo 112: la función legislativa no es compatible con otro cargo de elección popular.

Artículo 113: la ley fijará el salario global de los que desempeñen la función legislativa.
Como es frecuente, los pobres, que son la mayoría de los electores, votan para que los ricos o los que tienen el Poder, los gobiernen.
Esta ironía y paradoja es real debido a la compra de votos, la propaganda, la ignorancia y a la indiferencia de los votantes que llegan a las urnas.

El partido que llegó al poder, neoliberal y representante de los empresarios nacionales y extranjeros, lo primero que hace en la Asamblea Legislativa, con sus aliados político-comerciales, es proponer que se eleve el ingreso de los diputados de ¢2.600.000 a casi ¢4.700.000. Es la prioridad del estómago antes que los intereses del país y de los costarricenses.

Por otra parte, los empleados del sector privado y del área pública reciben aumentos muy pequeños, que no cubren ni la inflación real. Así se fomenta la desigualdad social y la polarización de las clases sociales.