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San José.- El gobierno de Nicaragua ha escogido la confrontación, como la fórmula para resolver un conflicto que ha provocado y en eso se equivoca; sin embargo, la Defensoría de los Habitantes entiende que este es un tema que por lo delicado del caso, debe ser abordado por nuestras autoridades de Gobierno, en la forma en que hasta ahora se ha hecho, al asumir el diálogo, la prudencia y la vía internacional como las estrategias para combatir el irrespeto.

Sin embargo, en el ejercicio de sus competencias legales la Defensoría de los Habitantes tiene el deber de advertir a las autoridades nacionales, sobre las consecuencias que el conflicto puede producir en la esfera de derechos de las y los habitantes de nuestro país, incluyendo a los nicaragüenses que han escogido a Costa Rica para vivir.

Derecho a la Seguridad y Tranquilidad.

Nos preocupa ante todo la seguridad y la tranquilidad de los habitantes que, por la cercanía con la zona de conflicto, ven amenazadas sus actividades habituales. Creemos que ante la amenaza del Gobierno nicaragüense de alegar derechos sobre el Río Colorado, es necesario reforzar la presencia policial en la zona, ya que si bien consideramos que ha hecho bien el Gobierno con no responder la provocación de Nicaragua de la misma forma, sí resulta necesario que la invasión no se extienda a otras zonas del país, lo que implica una labor preventiva y de aseguramiento.

Derecho a la Educación.

Siempre dentro del ámbito de los derechos de las y los habitantes, debe velarse porque la interrupción del curso lectivo sea tan solo lo estrictamente necesario. No podemos sacrificar el derecho a la educación para las niñas, niños, adolescentes y demás estudiantes, ya que nuestro principal ejército siempre han sido ellas y ellos, que son entrenados en el manejo de las armas del saber y el conocimiento.

Derecho al Trabajo.

Es importante recordar la importancia que tiene la pesca para muchos de los pobladores de esta zona y resulta de primer orden, garantizar el ejercicio tranquilo de estas labores y capacitar a las y los habitantes para evitar el decomiso de sus embarcaciones y de más herramientas de trabajo. En este sentido debe visualizarse los peligros que esto puede provocar a la actividad y a las familias.


Derecho al ambiente.

Es evidente que una de las principales preocupaciones de nuestro Gobierno, es la afectación al ambiente a raíz de de los “trabajos” que se desarrollan en la frontera norte, y en ese sentido deben buscarse los mecanismos más expeditos de protección con que cuenta nuestro sistema internacional, acciones que ya se han concretado por parte de las autoridades costarricenses.

Derechos de los extranjeros.  

Sobre este aspecto, la Defensoría de los Habitantes considera su deber, hacer un llamado a todas y todos los habitantes, con la finalidad de mantener frente a nuestros hermanos nicaragüenses, un ambiente de paz y de respeto.

Las decisiones del gobierno nicaragüense, no puede causar un prejuicio, en contra de personas que en nuestro país han demostrado un espíritu de trabajo, dedicación y honradez y las excepciones a esta regla, deben valorarse como parte de esa realidad que nos liga diariamente con los nicaragüenses, pero no pueden convertirse en la excusa para discriminar o maltratar a nadie. Es hora de exaltar con hechos, las cualidades que como sociedad, nos ha gustado exhibir.

A las y los nicaragüenses que habitan en nuestro país, debemos decirles que el problema que nuestras naciones hermanas viven, se discuten en medio del inicio de una campaña política en Nicaragua, campaña que lamentablemente siempre tiene como protagonista la frontera norte; sin embargo, en el ejercicio de nuestros deberes legales, nos mantendremos atentos para procurar respeto para todas y todos.

Todos los costarricenses, debemos acompañar al Gobierno en la exigencia de respeto a nuestra soberanía y lucharemos en este conflicto con nuestras mejores armas, la paciencia, la tolerancia, el respeto al prójimo  y la esperanza.  

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