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Managua.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega anunció esta noche que su Gobierno está preparando un Libro Blanco sobre las verdades que Costa Rica oculta, en torno al diferendo por el Río San Juan.

El anuncio lo hizo al reunirse con representantes de los diversos poderes del estado, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, junto con los jefes del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional.

Durante la sesión de hoy, la Primera Comisionada, Jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, realizó una exposición sobre cómo en las zonas del Río San Juan y en las que Costa Rica alega es territorio suyo, no cesa la actividad del narcotráfico.

Ortega recordó que precisamente el día de ayer se dieron a conocer los resultados de una operación donde se le dio un fuerte golpe al narcotráfico, que trata de asentarse en la ruta que viene de Colombia a Panamá, de Panamá a Costa Rica y trata de sentar bases en toda esa zona que es vigilada por la Policía y el Ejército nicaragüense para continuar por la ruta del Caribe hacia Honduras, luego Guatemala, México, hasta los Estados Unidos donde está el gran mercado de la droga.

Dijo que el Jefe del Ejército, General Julio César Avilés hizo una exposición sobre la elaboración de un Libro Blanco, denominado Las verdades que Costa Rica oculta.

“El libro todavía no lo vamos a hacer público porque pasaríamos a una segunda fase en los próximos días donde se estaría reuniendo la comisión que coordina el General Avilés, con los Poderes del Estado, para enriquecer y hacer también los aportes correspondientes a un libro de esta naturaleza, donde van todos los elementos, desde los fundamentos jurídicos históricos que tiene Nicaragua en toda esta situación creada, yo diría creada artificialmente, por Costa Rica”, explicó.

“Están también otras grandes verdades ahí, como es el hecho que Costa Rica se ha negado al amojonamiento. Esa es una gran verdad”, puntualizó.

“Otra gran verdad es que Costa Rica, que se presenta como la gran defensora de la naturaleza y del medio ambiente, ha depredado y ha destruido totalmente aquella zona”, añadió, en alusión al territorio del Río San Juan. Otra gran verdad es cómo Costa Rica, que se precia de no tener un Ejército, cómo un Ejército fue el que originó este conflicto, que ocupó territorio nicaragüense después de la guerra de Walker, se quedaron ocupando militarmente, el Ejército costarricense ocupó militarmente desde San Juan de Nicaragua, hasta el lago, parte del Gran Lago, lo ocupaban militarmente”, resaltó el mandatario.

“Y fue por la vía militar, no fue por la vía jurídica, por la vía legal, sino por la vía militar, que se fue imponiendo esta situación territorial donde Costa Rica terminó despojando a Nicaragua de El Guanacaste, Nicoya”, sentenció.

“Ellos querían más, querían quedarse con el Río San Juan y con el Lago de Nicaragua, imponiendo una vía militar, ya Walker ya había sido derrotado, ya se había ido y ellos se mantenían con esa fuerza militar”, dijo.

Señaló que durante la sesión de esta noche también hizo una exposición el representante de Nicaragua en la Corte de La Haya, Carlos Argüello sobre los pasos que Nicaragua está preparando de cara a la Corte Internacional de Justicia.

Al final, los Poderes del Estado de Nicaragua emitieron una resolución que lleva muchos mensajes y señales, luego que se anunciara que Estados Unidos estaría gestionando junto con varios países y la OEA, presiones hacia Nicaragua.

Segunda declaración de los poderes del Estado de la República de Nicaragua, en relación a la controversia con Costa Rica.

Los poderes del Estado de la República de Nicaragua, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, y demás organizaciones constitucionales, reunidos con el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, en la Ciudad de Managua, Casa de los Pueblos, el lunes 22 de noviembre de 2010, con la finalidad de darle seguimiento a la controversia con Costa Rica estiman que es necesario que la comunidad nacional e internacional se mantenga informada de nuestra posición como Estado Soberano e Independiente.

Que de conformidad con nuestra Constitución Política: "Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados, por tanto se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa en la intervención de asuntos internos de otros Estados. Reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional".

Igualmente la Constitución establece: "La República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre sus territorios que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la Constitución Política de la República y con las normas del derecho internacional. Asimismo no acepta los tratados suscritos por otros países de los cuales Nicaragua no sea parte contratante".

En consecuencia: Nicaragua ratifica su decisión de mantenerse al margen de la Organización de Estados Americanos en el caso del pretendido conflicto limítrofe con Costa Rica. La OEA debe cerrar definitivamente este debate que no debió iniciar por no tener competencia, y dejar que sea la Corte Internacional de Justicia quien asuma su natural jurisdicción y competencia.

La Corte Internacional de Justicia de la Haya resolvió sobre este diferendo, que lo ha venido conociendo históricamente, por lo tanto es la única competente es la única dentro del seno de las Naciones Unidas para conocer sobre este tipo de controversias.

Estiman los cuatro poderes del Estado que ésta es cosa juzgada y que la sentencia del 13 de julio de 2009 de la Corte Internacional de Justicia de la Haya es de ineludible cumplimiento y no puede ser modificada ni por la Corte misma, ya que el primer efecto de la cosa juzgada es que el tribunal que dicta sentencia se desprende del caso y no puede modificarla ni alterarla en ninguna de sus palabras, de donde deriva el concepto de 'inmutabilidad de la cosa juzgada'.

Nicaragua, en base al principio de reciprocidad internacional insiste en el derecho que tiene nuestro país para solicitar la navegación libre por el (río) Colorado, mientras dure el dragado del río San Juan, dragado que tiene su asidero en la sentencia del 13 de julio del 2009 de la Corte Internacional de Justicia, así como en los Laudos Cleveland y Alexander, donde se resuelve que Nicaragua tiene la soberanía y el sumo imperio sobre la cuenca y le otorga amplios derechos para efectuar limpiezas y acciones que estuviese a bien para mejora la afluencia y navegación del río, y eventualmente indemnizar a Costa Rica sobre cualquier daño que se le pudiese ocasionar como consecuencia del dragado.

Desde el año 2007 Nicaragua manifestó su interés en la utilización de las aguas del Colorado, brazo o caño del río San Juan, el cual se nutre en un 90 por ciento con las aguas de éste.

Por otra parte, es en la Corte Internacional de Justicia donde deberá ventilarse la denuncia sobre los daños y perjuicios causados a Nicaragua por Costa Rica desde el punto de vista ecológico.

Los poderes del Estado ratifican su decisión de que el Ejército y la Policía Nacional se mantengan, como hasta ahora han estado, en el territorio nacional, y continúen la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ya que la realidad de los hechos acontecidos el día de ayer (domingo), la captura de una célula internacional de narcotraficantes, provenientes del sur, ponen en evidencia que el narcotráfico y el crimen organizado no hacen ningún alto en el camino y no descansan en su afán de utilizar, tanto el territorio nacional, como las aguas territoriales en su tránsito hacia Estados Unidos de Norteamérica.

En virtud de lo anterior, estimamos que es dentro del marco de la comisión binacional que se debe discutir la política de prevención, combate contra el narcotráfico y crimen organizado, así como proceder con los amojonamientos de conformidad con los Laudos Cleveland y Alexander.

Firmaron la resolución el poder Ejecutivo, el poder Judicial, el poder Legislativo y el Poder Electoral, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y como testigo de honor, su eminencia Cardenal Miguel Obando

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