---

San José.- Esta mañana a partir de las 9:00 a.m en el Hotel Radisson, la Defensora de los Habitantes sostendrá una reunión con jefes de fracción de la Asamblea Legislativa para impulsar y promover un proyecto tendiente a ratificar y regular, mediante ley, las competencias de la institución en su labor permanente de supervisión de las cárceles del país a través del mecanismo nacional de prevención contra la tortura.

Actualmente esa labor de mecanismo nacional de prevención es desempeñada por la Defensoría basado en un decreto ejecutivo del 19 de febrero del 2007 y firmado por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Gobernación, quienes sometieron a consideración de la Defensoría este importante trabajo tomando en cuenta la independencia demostrada por la institución en relación a las visitas a centros de detención.

La unidad como tal comenzó sus funciones el 19 de enero del 2009 y forma parte de los compromisos que el país asumió con la suscripción del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por Naciones Unidas en el 2002, producto de una iniciativa y un trabajo de cabildeo realizado por Costa Rica ante ese foro internacional.

En el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 33568-RE-MSP-G-J, vigente a la fecha, se establece lo siguiente:

“La función de la Defensoría de los Habitantes como mecanismo nacional de prevención, hasta tanto no se emita la ley correspondiente, se enmarca de manera provisional dentro de las inspecciones que habitualmente realiza esta institución en los diversos centros penitenciarios, de detención o de aprehensión administrativa”

De acuerdo con dicho Decreto, al Mecanismo Nacional de Prevención se le facultó para cumplir en forma parcial el mandato conferido por el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, pues las visitas que se le faculta a realizar están dirigidas a los centros de detención adscritos al Poder Ejecutivo. Es decir, a los centros penitenciarios y a las celdas de la policía administrativa, dejando por fuera los otros lugares de detención existentes, por ejemplo, los pertenecientes al Poder Judicial.

Según explicó la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, esta restricción deviene en un incumplimiento estatal del compromiso asumido con la aprobación del Protocolo que es amplio en el concepto de lugares de detención, propio del propósito esencial de prevenir la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante en cualquier lugar en donde una persona pudiere ser expuesta a este tipo de vejaciones.

Es así que en cumplimiento de los artículos 3 y 17 de la Ley Nº 8459, la Defensoría de los Habitantes somete a conocimiento y aprobación este proyecto de ley, con el propósito de llenar ese vacío legal existente.

Esta unidad que dirige la Defensoría ha venido señalando las condiciones en que se encuentran los establecimientos penitenciarios del país y haciendo señalamientos puntuales en materia de hacinamiento, insuficiencia de los servicios de salud de consulta externa, emergencias, y salidas médicas a centros hospitalarios, disminución en la cantidad y calidad de los alimentos que se le brinda a la población, insuficiente personal de policía penitenciaria para la custodia de la población privada de libertad, lo cual ha afectado entre otras cosas, el traslado de las personas a los servicios de salud, entre otros problemas, los cuales oportunamente han sido trasladados a las autoridades del Ministerio de Justicia para su pronta atención y corrección.

---