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San José.- El Diputado José María Villalta, junto a dirigentes sociales, se reunió con el Fiscal General de la República, y le solicitó “rechazar cualquier tendencia a convertir el Ministerio Público en instrumento político para la criminalización de la protesta social”.

El Diputado Villalta  entregó esta petición en una misiva, donde indica que se persigue “de forma excesiva y desproporcionada a ciudadanos y ciudadanas costarricenses que ejercen el legítimo derecho a manifestarse y protestar contra políticas o actuaciones del Gobierno”.

El legislador del Frente Amplio hace un recuento de lo sucedido durante las manifestaciones en Limón, el 29 de abril de 2010, donde fueron detenidas 24 personas que participaron pacíficamente, mientras quienes efectuaron actos vandálicos quedaron en libertad.

Resalta el caso de Rosibel Briones, ama de casa y agricultora, quien sufrió a raíz de esos hechos “una medida cautelar excesiva, que la privó de su libertad varios días, a pesar de que no existen pruebas en su contra, de que es madre y cabeza de familia con varios hijos (arraigo comprobado), tiene un domicilio estable, nunca ha tenido antecedentes penales y es evidente que no implica peligro alguno para la sociedad ni tiene la más remota posibilidad de obstaculizar la investigación en su contra”.

El Diputado Villalta solicitó al nuevo Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán, que estos hechos no se repitan, así como abrir una investigación para que no se sigan aplicando persecuciones improcedentes, cuando se demuestra que no tienen sustento fáctico ni jurídico.

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