TicoVisión Costa Rica

San José.-

Algunas ideas para compartir:

El pueblo habló y el aumento no se dio.
ANEP orgullosa de su actuación e interpretación oportuna del repudio popular.
Hasta la colega organización sindicalista del empresariado,la UCCAEP, tuvo que pronunciarse.
La Presidenta se quedó sin espacio para sostener el aventurerismo político de los diputados gobiernistas.
Diputada Viviana Martín Salazar perdió credibilidad y quedó debilitada como interlocutora política.
Asamblea Legislativa golpeada severamente, deberá “reconciliarse” con el pueblo.

Ha ocurrido, sin duda alguna, un acontecimiento histórico. El pueblo habló y el aumento no se dio. Desde hacía mucho tiempo un tema de tanta incidencia directa en la vida de la población costarricense no había concitado tanto consenso; así como las condiciones para el desarrollo de protestas y movilizaciones sociales de mayor envergadura que ya estaban en preparación.
La pretensión abusiva de la coalición parlamentaria gubernamental, “Li-Li” (Liberación-Libertarios), de aumentarse, abusivamente, sus salarios como congresistas, se convirtió en un gigantesco error político pocas veces visto en la historia reciente del país y cuyas consecuencias, visibles y latentes, están por verse.
La señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, no tenía más espacio político para seguir sosteniendo lo que desde un inicio contó con el aval del Gobierno de la República por ella encabezado, a través de su vocero estrella: el Ministro de la Presidencia, señor Marco Vargas Díaz.
No tuvo más remedio que expresar su intención de vetar la detestada ley salarial diputadil ya aprobada en primer debate, desmarcándose así de lo que podría ser un golpe irreparable para su propia credibilidad y legitimidad. Si bien correcta, la salida ética para justificar el veto que el pueblo y sus organizaciones más consecuentes pedían a gritos desde un inicio, fue la fórmula elegante que se encontró para intentar reparar un fatal desaguisado que dañaría, no más empezando, toda su gestión gubernativa.
En la coalición parlamentaria gobiernista, la alianza “Li-Li”, el daño pareciera sumamente grave. La jefa de la misma, la diputada Viviana Martín Salazar perdió credibilidad, se deterioró su legitimidad como interlocutora política y evidenció carencia de liderazgo y de solidez argumental para defender la ya fracasada ley del aumentazo salarial diputadil.
La gallarda posición de autocrítica y de reconocimiento del error cometido que mostró el legislador don Guillermo Zúñiga Chaves, aunado a su ampliamente reconocido criterio en materia de finanzas públicas y cuestión tributaria, no hizo más que evidenciar las carencias políticas de la diputada Martín Salazar, cuyas conexiones de negocios y de apoyos políticos extraparlamentarios y extragubernamentales, habrá que auscultar.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos sumamente complacidos de haber captado desde un inicio la envergadura del problema en desarrollo, de haber interpretado el sentir popular y de haber manifestado desde un inicio nuestra posición crítica y pública al respecto, con toda transparencia y sin cálculo político alguno; respaldando desde el comienzo, firmemente, la iniciativa de auto-convocatoria ciudadana a la manifestación pública, en la calle, certificando que el concepto político de la “Democracia de la Calle”, tiene hoy más que nunca absoluta legitimidad.
El potencial del pueblo en movilización mostró cuán fuerte es y, en verdad, habían ya madurado las condiciones de promover eventos de este tipo de mayor envergadura y extensión, como se tenía previsto anunciar para fechas próximas; sin que obviemos análisis auto-críticos sobre estrategias organizativas de mayor efectividad e impacto para situaciones como éstas.
Es válido resaltar que el indetenible “in crescendo” de la ola de indignación popular fue de tal calibre que hasta la máxima organización sindicalista empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), se vio obligada a emitir un pronunciamiento crítico acerca de la situación en comentario, cuando ya el desenlace era previsible. Celebramos que, aunque fuese de último minuto, tuvieran que desmarcarse del asunto que, de seguro, siempre contó con su aval político, al menos, en privado.
Hay que honrar porque honrar honra. La fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezada por el señor diputado don Juan Carlos Mendoza García, ha jugado un extraordinario papel que se debe reconocer y felicitar. De igual calibre es la actuación del señor diputado del Partido Frente Amplio (PFA), don José María Villalta Florez-Estrada, verdadero oxígeno político para una institución vital para la democracia, pero tan venida a menos, como lo es la Asamblea Legislativa.
La fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), reaccionó a tiempo y se salvó por la mínima de tal debacle política. Entendieron el clamor que desde las organizaciones del pueblo se les hizo y eso se les reconoce. También resaltamos las rectificaciones de legisladores como doña Gloria Bejarano Almada, don Luis Fishman Zonziski y don José Roberto Rodríguez Quesada, ambos del PUSC; así como don Víctor Hugo Víquez Chaverri, de la fracción parlamentaria oficialista.
Igualmente resaltamos el caso del ya citado don Guillermo Zúñiga Chaves, cuyas preocupaciones sobre las injusticias tributarias que pesan sobre la gente, las consideramos honestas pues su paso por la cartera de Hacienda así lo evidenció, aunque la ausencia de espacio político le impidió impulsar los necesarios y desesperados cambios que ocupa la ciudadanía para mayores políticas públicas de verdadero impacto social.
Pese a las actuaciones diputadiles honrosas y leales con el sentir popular, es real que la Asamblea Legislativa sufrió un durísimo golpe a su credibilidad, a su legitimidad, al intentar imponer, ya no solamente por la forma, sino por el fondo, un autoaumento salarial de tal calibre e impacto al punto de que, como indicamos al principio, convirtieron el asunto en un punto de convergencia de consenso nacional pocas veces visto en los últimos tiempos políticos.
Es nuestro criterio que de ahora en adelante, el parlamento estará más que vigilado por una ciudadanía indignada pero muy fortalecida al comprobar la potencia política de su clamor ante la cosa pública; y, por lo tanto, deberá promover, con total transparencia y en contacto directo con las organizaciones sociales más representativas de esa ciudadanía, iniciativas de ley en pro del bien común y a tenor con la filosofía humanista de nuestra Constitución Política.
Los proyectos de ley que se tramitan a golpe de tambor, por la vía rápida, a espaldas de la gente, quedan ya con una desconfianza de origen que le indican a la gente los intereses egoístas que esconden para aumentar las riquezas de quienes ya de por sí la tienen en demasía y altamente concentrada.
ANEP agradece a aquellos medios de comunicación colectiva, tanto los tradicionales (impresos, radiales, televisivos), como los alternativos y electrónicos, a sus experimentados profesionales periodísticos, las posibilidades de que nuestro pensamiento y nuestras acciones en esta histórica coyuntura pudiesen llegar a una inmensa cantidad de ciudadanía que, por lo general, encuentra muchos escollos en acceder al pensamiento de las organizaciones que actuamos en defensa de una concepción de país inclusivo y solidario.
Para el pueblo y para sus organizaciones más consecuentes, la ruta correcta es el fortalecimiento de su articulación para su organización efectiva y movilización constante; de su unidad en la diversidad; de apuntalar los proyectos de país alternativos que están más que vigentes; así como de conjuntar esfuerzos con aquellas agrupaciones político-partidistas y personalidades notables dispuestas a actuar con base en los intereses de la gente, tal y como se mostró en esta coyuntura.
ANEP, con su pertenencia directa a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), aspira a fortalecer su senda de vinculación ciudadana bajo la inspiración ética del concepto de “Sindicato Rebelde” y bajo la orientación para la acción de su concepción de “Sindicalismo Ciudadano”.