TicoVisión Costa Rica

En América Latina “ hay una tendencia generalizada hacia la reducción de la pobreza, con la excepción de Costa Rica”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, al presentar en Chile el informe sobre el Panorama Social de América Latina 2010. A los pocos días la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirmaba el aumento de la pobreza en nuestro país: 1 millón 103 mil 522 compatriotas viven en condición de pobreza, con ingresos que no les permite alcanzar el umbral de una vida digna.

Si al aumento de la pobreza que afecta hoy al 21.3% de los hogares costarricenses, le agregamos el crecimiento incesante de la desigualdad social que alcanzó los mayores niveles en el año 2010, y que de acuerdo al INEC indica que los ingresos del 20% más rico superan en 10.6 veces los ingresos del 20% más pobre, podemos afirmar que Costa Rica es una sociedad cada día más insolidaria, atravesada por graves carencias de justicia e igualdad.

Recordemos también que se ha incrementado la ofensiva patronal contra el mundo del trabajo, que explica que más de 600 mil trabajadoras y trabajadores, alrededor del 33% de la población ocupada del país, no reciban ni siquiera el salario mínimo de ley.

La articulación del triángulo pobreza-desigualdad-explotación, resume la naturaleza de la lucha de clases en nuestro país y el desplazamiento progresivo de las rentas del trabajo a las rentas del capital, a través de diversas expresiones que es necesario conocer mejor para comprender y explicar la dinámica del capitalismo global en Costa Rica, en un contexto que sigue marcado por la crisis como se desprende de la brutal ofensiva en escala internacional contra los derechos sociales y laborales de las mayorías.

“O mandamos a los banqueros a la cárcel o la economía no se recuperará”, acaba de recomendar una persona poco sospechosa de radicalismo, el Nobel de economía Joseph Stiglitz, reflejando el estado de ánimo de mucha gente que ve con una mezcla de estupor, rabia e impotencia, como se sigue llenando los bolsillos de los ricos con el dinero que los gobiernos elegidos en las urnas le roba todos los días a sus pueblos.

¿Cómo estimular en nuestro país la energía contestaria? ¿Cómo organizar la movilización? Desde la resistencia cotidiana hay que continuar la batalla por otro modelo, otra alternativa, pues se trata de una crisis de fondo que como señala un reciente informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), pone en evidencia las limitaciones de la estrategia de crecimiento centrada en las exportaciones y en la restricción salarial, estrategia no sostenible para un gran número de países y durante largo tiempo, por la simple razón de que no todos los países pueden seguir con éxito esa estrategia al mismo tiempo. La guerra de divisas emprendida por los Estados Unidos, para devaluar el dólar de manera encubierta y exportar la crisis al resto del mundo, no sólo constituye un nuevo paso en la desintegración del sistema monetario internacional, sino que concretamente para nuestra economía es un torpedo dirigido a la línea de flotación de la estrategia de los tratados de libre comercio que sigue impulsando con devoción digna de mejor causa el gobierno de Laura Chinchilla: nuestras exportaciones perderán competitividad, a la par que se estimulan y abaratan las importaciones, y se deterioran consiguientemente las industrias orientadas al mercado interno.
La ofensiva neoliberal que se manifiesta en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la explotación, continúa apoyándose en el trípode doctrinario: privatización, desregulación, liberalización, que a pesar de sus lamentables consecuencias y de estar en la base de la crisis, se sigue aplicando en Costa Rica con fuerza desde el gobierno y desde los sectores más vinculados a los intereses del capital transnacional.

Son los mismos que hace unos cuantos años hicieron sus maletas para ir corriendo y con la boca abierta de admiración a observar y aprender las lecciones del modelo irlandés. Regresaron a Costa Rica cantando loas al milagro irlandés, y todavía están calientes los discursos del señor Arias en defensa del TLC que nos llevaría por el jubiloso camino de desarrollo de Irlanda. “Quisiera hacer del país una pequeña Irlanda”, dijo en 2006. El modelo de Irlanda era el recetario neoliberal clásico, adaptado a un país de la Unión Europea: moderación sindical, impuestos bajos para atraer inversión, estímulos fiscales y otros a las transnacionales, disminución del Estado, liberalización total del comercio, legislación social y ambiental flexible, privatizaciones, etcétera. Todavía a comienzos del 2008 el FMI ponía a Irlanda como ejemplo. Hoy sabemos que es un país en bancarrota, humillado y empobrecido. Arias y sus correligionarios callan sobre Irlanda, pero siguen bregando para que Costa Rica aplique el modelo.

Para entender los desafíos a los que nos enfrentamos en diversos ámbitos de la vida nacional, podemos centrarnos, como ejemplo, en lo que está sucediendo en torno al ICE, a la Caja y a las concesiones en general.

La catástrofe que amenaza al ICE y al país

Tras la aprobación del TLC y las leyes de implementación concernientes al ICE, sabíamos perfectamente que sufrimos una grave derrota, que podría ser de dimensiones catastróficas teniendo en cuenta el peso del ICE en el conjunto de la vida institucional y económica de Costa Rica. Sin embargo, también somos conscientes de que las catástrofes anunciadas, no tienen que convertirse fatalmente en profecías autocumplidas, pues al final se trata de decisiones políticas que obedecen a cambiantes correlaciones de fuerza.

En relación con el ICE los neoliberales y las mafias que están detrás de los negocios de las telecomunicaciones y de la energía, sin duda pretenden ir más allá todavía del TLC.

El modelo de apertura de las telecomunicaciones que se pretende imponer vía SUTEL es completamente ruinoso para el ICE, y a muy corto plazo si se logra concretar la conspiración. La captura de la SUTEL por el gobierno y las transnacionales que pretenden apoderarse del negocio, explica que se le quiera imponer al ICE tarifas de interconexión para tráfico celular y para tráfico fijo, muy inferiores al promedio latinoamericano. Para tráfico internacional la tarifa promedio en América Latina es de 60 colones por minuto, y SUTEL pretende obligar al ICE a que permita la interconexión de los operadores privados por 17.95 colones; el promedio para tráfico fijo ronda los 8 colones, y SUTEL propone 3.63 colones.

Significa que el país, por medio del ICE, tendría que subsidiar a los Slim, a la Telefónica española o a las transnacionales estadounidenses que ingresen al mercado nacional de las telecomunicaciones. Un bien público levantado con las inversiones que ha hecho el país durante 50 años, sería entregado a intereses extranjeros, con pérdidas para el país superiores a los 30 mil millones de colones anuales.

La situación es tan escandalosa que obligó a las autoridades del ICE a demandar a la SUTEL acusando a esta Superintendencia de “provocar la transferencia de recursos públicos a privados, acto ilegal y penado por la ley”. De manera vergonzosa el gobierno de Chinchilla respondió presionando al ICE para que retirara la demanda, cosa que finalmente logró. Doryan y la jerarquía del ICE cedieron. Una vez más se traiciona el interés nacional y la soberanía.

Si muy grave es lo que está sucediendo en la industria de telecomunicaciones, más preocupante es todavía lo que se trama en la industria energética.

El proyecto de electricidad que se discute en la Asamblea Legislativa, a pesar de ser un poco más moderado que el presentado originalmente por la Administración Arias, de prosperar supondría el desmembramiento del modelo eléctrico que ha funcionado muy bien en Costa Rica, a pesar de sus limitaciones.

El balance histórico es uno de los más positivos en América Latina y en el mundo. La cobertura eléctrica alcanzó el 99 por ciento del territorio, y el 90 por ciento de la energía es generada con fuentes limpias. Las tarifas son bajas y competitivas en relación con la región, a pesar de que siempre hemos manifestado que podrían ser más favorables para nuestro pueblo si los gobiernos neoliberales no hubieran sometido al ICE a políticas restrictivas, y si no hubieran puesto al frente de la institución a directivos incompetentes y corruptos, con las honrosas excepciones que conocemos y valoramos.

Trasladar al sector privado una actividad estratégica como la electricidad, con fines de lucro, sería un error histórico que debemos impedir.

Debemos explicar a nuestro pueblo que la ley de electricidad que se pretende aprobar debilita y casi aniquila al ICE; protege y exime prácticamente de regulación a los grandes consumidores eléctricos; libera, promueve y desregula a los generadores privados; crea costosísimos e innecesarios organismos y procedimientos burocráticos; termina convirtiendo a la ARESEP en un mero garante y árbitro de la competitividad al servicio de los intereses privados.

El Frente Amplio debe contribuir a forjar un frente de rechazo a esta nueva vuelta de tuerca para asfixiar y despedazar al ICE. Se trata de luchar por la defensa y la refundación de una institución clave en el desarrollo nacional, como lo han propuesto los sindicatos que integran el Frente Interno de Trabajadores y otros sectores patrióticos del país.

La Caja y las pensiones del IVM bajo el fuego

La privatización de la salud ha sido una constante de las políticas neoliberales de las últimas décadas. Las ganancias del sector privado son multimillonarias, y buena parte de ese dinero sale de los bolsillos de decenas de miles de asegurados que no encuentran atención debida y oportuna en la Caja Costarricense del Seguro Social.

Es muy preocupante lo que sucede con el régimen de Vejez, Invalidez y Muerte. Primero salió a la luz las negociaciones secretas con el Banco Mundial, para que esa institución que ha impulsado la privatización de la salud en muchos países de América Latina administre parte de las reservas del IVM. Después hemos sabido que sin ningún estudio técnico que avalara la medida, el señor Eduardo Doryan, ex presidente ejecutivo de la institución, redujo las tasas de interés de los préstamos hipotecarios, ocasionando perdidas cercanas a los dos mil millones de colones al régimen de pensiones. A continuación se destapó que las autoridades de la Caja echaron mano de las reservas del IVM para pagar los aguinaldos, por una suma de 28 mil millones de colones. Finalmente se ha denunciado las tropelías del Gerente de Pensiones, que obligó recientemente a la Caja a suspender al jerarca y a intervenir esa Gerencia encargada de la administración del régimen del IVM.

Hoy el país no sabe a ciencia cierta cuál es el estado de salud del IVM, su estabilidad y sostenibilidad, lo que podría desembocar en una auténtica tragedia social si llegara a producirse una crisis que pusiera en riesgo el derecho a una vejez digna para muchos trabajadores y trabajadoras. Esa crisis también arrastraría al conjunto de servicios que presta la Caja.

No se trata de alimentar falsas alarmas, pues sabemos que también hay intereses espúreos que pretenden desestabilizar permanentemente a la institución en el marco de una estrategia privatizadora, pero sí hay que mantener en alto la vigilancia y la crítica, exigir responsabilidades y cuentas claras.

Si agregamos, como ejemplo, la vergüenza con el estado de los aceleradores lineales que impidió a la Caja atender en sus hospitales al 67 por ciento de los pacientes con cáncer, tenemos sobradas razones para movilizarnos en defensa de una institución que sigue siendo la columna vertebral de lo que queda de Estado social en Costa Rica. Aquí se junta la negligencia con presuntos actos de corrupción, pues ese 67 por ciento de pacientes, fueron remitidos a una empresa privada a la que la Caja pagó once millones de dólares. Con ese dinero se podrían haber comprado tres aceleradores, suficientes para atender las necesidades de los asegurados.

El Frente Amplio debe animar la constitución de un frente nacional por la defensa y la refundación de la Seguridad Social y del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte. Nuestro pueblo quiere a la Caja y tiene en alto aprecio sus servicios, pero también es notorio el creciente descontento con los servicios que presta. Ha habido siempre muchos intentos para levantar ese frente, pero nunca terminan de consolidarse. Ahora es urgente y necesario, y nuestro partido puede y debe jugar un papel importante para lograrlo.

Concesiones: el asalto que no cesa

El gobierno y el conjunto de la derecha política, empresarial y mediática, tratan de desviar la atención del país sobre la corrupción y el entreguismo que envuelve el proceso de concesión de los servicios públicos bajo responsabilidad del Estado.

El Frente Amplio fue el único partido que presentó una oposición firme y fundamentada a la nefasta ley de concesión de obra pública, y seguimos siendo el partido que no sólo saca a la luz los trapos sucios, sino que reivindica también la derogación de esa ley y el regreso del Estado al cumplimiento de sus deberes constitucionales.

La serie de actos ilegales y corruptos en torno de la carretera a Caldera es impresionante y todavía habrá más revelaciones. Hay que mantener viva la denuncia y exigir responsabilidades civiles y penales, tanto a la empresa como a los responsables políticos.

Se ha abierto de nuevo el frente privatizador de JAPDEVA, tras el golpe que se llevaron en la Sala Constitucional. Enero será un mes decisivo con la celebración de la Asamblea General de SINTRAJAP. Como lo hemos hecho siempre, debemos estar al lado de los defensores de JAPDEVA, y activar la denuncia sobre los intereses vendepatrias que están detrás de los intentos de privatización de los muelles de Limón.

En el aeropuerto se siguen fraguando negocios en contra del país y de los usuarios. RITEVE presiona para una subida de tarifas y para la renovación del contrato monopólico que pronto vencerá. Hemos comentado lo que ocurre con la licitación del espectro radio-eléctrico, y con las concesiones de la fuerza hídrica en el proyecto de electricidad.

La concesión se ha convertido en el instrumento privatizador por excelencia. Combatir esta política es necesario para parar la hemorragia del ahorro nacional y de los bienes públicos al sector privado con fines de lucro. El Frente Amplio debe desnudar la falacia neoliberal que publicita la concesión como un elemento de desarrollo nacional, y defender también sin complejos la necesaria restauración del Estado en responsabilidades entregadas sin fundamento y sin beneficio para las mayorías al lucro y a la especulación de ciertos intereses particulares.

Citamos estas tres situaciones como ejes para levantar campañas respectivas de resistencias y de propuestas alternativas, susceptibles de concitar amplias convergencias de lucha. Sin olvidar otros hechos que hemos venido analizando y denunciando en anteriores reuniones de la Comisión Política, como la ofensiva conservadora contra los derechos de la mujer y de las minorías, la crisis agraria que debilita cada vez más las políticas de seguridad alimentaria, el sistemático ataque contra el medio ambiente, la criminalización de la protesta social o la peligrosa deriva autoritaria del poder.

El Frente Amplio debe animar campañas de organización y movilización de la protesta, que encuentren concreción en las condiciones de cada territorio. Debemos aprender a construir la defensa del territorio: condiciones de vida, de trabajo, recursos, producción, servicios públicos, cultura, etcétera, en el marco de un plan nacional de lucha que se alimente de las situaciones concretas que se viven en las distintas regiones y localidades del país.
Los graves problemas que afectan las condiciones de vida de las mayorías nacionales y que debilitan la institucionalidad democrática y la ética pública, se ven opacados por la crisis en las relaciones con Nicaragua.

Reiteramos hoy la posición asumida por la Comisión Política del Frente Amplio el pasado seis de noviembre.

Somos un partido patriota e internacionalista. Patrióticas son todas nuestras luchas en defensa de la soberanía y de los derechos de nuestro pueblo. Somos internacionalistas, aquí y ahora combatimos la xenofobia y luchamos porque se reconozcan todos los derechos a las hermanas y hermanos nicaragüenses que viven en nuestro país. No nos plegamos a ninguna campaña que pretenda utilizar un conflicto para llevar el odio o la guerra contra ningún otro pueblo o país. Precisamente es la extrema derecha la que quisiera monopolizar demagógicamente la condición patriótica, cuando son los verdaderos vendepatrias. La bandera del patriotismo nadie nos la va a arrebatar, así como nuestra condición de demócratas y defensores de la libertad. Eso nos da autoridad y legitimidad ante nuestro pueblo para luchar por los ideales socialistas e internacionalistas.

Costa Rica tiene legítimos intereses y derechos de soberanía e integridad territorial, que cuando son justos no lesionan los derechos de ningún otro pueblo. Son los neoliberales lo que desprecian hasta la palabra soberanía, y el gobierno también cuando permite que fuerzas militares extranjeras como las del Comando Sur y la IV Flota, permanezcan en territorio nacional no para combatir el narcotráfico, sino en el marco de sus proyectos hegemónicos en el Continente. La soberanía no es un derecho que pueda acomodarse a las circunstancias ni al tamaño de territorio afectado. El gobierno de Nicaragua, en el dragado del San Juan fue más allá de sus derechos soberanos sobre el río. ¿Por qué un incidente que podría haberse parado y canalizado por diálogos bilaterales inmediatos, adquiere después las connotaciones que conocemos? Aquí se han producido errores de ambas partes, cálculos de política interna tanto en Nicaragua como en Costa Rica, fuerzas extraregionales atizando el fuego con los riesgos de intervención de terceros.

Estamos en contra de las amenazas y de la fuerza, vengan de donde vengan, nos pronunciamos por salidas dialogadas y pacíficas. Para ello abogamos por el diálogo bilateral y por las instancias diplomáticas que permitan canalizar por la vía de la negociación pacífica la salida al conflicto. Estamos absolutamente en contra de que se invoque el TIAR o cualquier otro instrumento de intervención militar. Tenemos la esperanza de que en la Corte Internacional de Justicia de la Haya se encuentre una solución definitiva aceptada y respetada por las dos partes, y se restablezcan así relaciones respetuosas y de cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos.

Apoyamos al gobierno de Costa Rica en todas las gestiones que lleve a cabo en defensa de los intereses nacionales, por las vías acordes con nuestra tradición de país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional. Partimos que hay incursión y permanencia en el territorio nacional de personal militar de otro país y daños ambientales que no deberían haberse producido ni prolongarse. Se puede hablar legitimamente de un interés nacional. Si el conflicto es con el gobierno de otro país, le corresponde al gobierno de Costa Rica intervenir, como lo establece la Constitución, la costumbre arraigada y toda la normativa internacional al respecto. Nos pronunciamos por el interés estratégico de los pueblos de Costa Rica y de Nicaragua de no dejarse dividir y construir juntos otro futuro de cooperación, solidaridad y paz. Denunciamos a quienes utilizan groseramente el conflicto para sus propósitos reaccionarios de ataque a las fuerzas progresistas y antiimperialistas de nuestro país y de América Latina, a estos vendepatrias no les importa en realidad la soberanía que mancillan y entregan todos los días; su fin es atacar a las fuerzas progresistas de nuestra patria e impedir que se produzca el cambio que desaloje a la derecha neoliberal del poder y abra las puertas a la liberación y a la integración de Nuestra América, como lo soñaron Bolivar, Martí, Sandino y Juanito Mora.
A la Asamblea Legislativa han llegado nuevas solicitudes de permiso de ingreso al territorio nacional de buques y militares de los Estados Unidos, con el pretexto de combatir al narcotráfico. En realidad la presencia de esa fuerza militar permanente en Costa Rica, en violación de nuestra soberanía y de la Constitución de la República, forma parte del impresionante despliegue militar estadounidense en América Latina con el propósito de defender sus intereses geopolíticos y económicos, y de amenazar a los gobiernos y fuerzas progresistas del Continente. Mientras se esgrime como razón oficial de ese despliegue la lucha contra el narcotráfico, seguimos constatando que cada vez es más la droga que se produce y que ingresa al mercado estadounidense, lo que demuestra el fracaso de esa estrategia. Hoy sabemos, con la carga de tragedia que puede significar para nuestra patria, que los carteles del narcotráfico están sólidamente instalados en el país, con la negligencia o la complicidad de los mismos poderes que debían combatirlos.

Como lo revelan los documentos publicados por Wikileaks, los gobiernos de Estados Unidos conspiran en América Latina contra nuestros pueblos y contra los gobiernos progresistas, y supeditan la lucha contra el narcotráfico a otros objetivos políticos, militares y económicos para controlar la región y sus inmensos recursos humanos y naturales. Queda cada vez más claro el apoyo de los Estados Unidos al golpe de Estado en Honduras y al gobierno dictatorial de Lobo, así como la permanente desestabilización y amenazas contra los países y gobiernos del ALBA y otros gobiernos progresistas de América Latina.

Mientras despliegan una fuerza militar gastando miles de millones de dólares, permanecen pasivos y cómplices de la situación trágica que se vive en Haití.

El Frente Amplio volverá a esgrimir ante el parlamento y ante el país las razones para oponernos decididamente al ingreso de estas fuerzas militares a nuestro territorio, por considerar que no es cierto que su función principal sea para combatir el narcotráfico, y porque constituyen una amenaza a nuestra soberanía y a la paz en la región.
La cumbre que se celebró en Cancún ratificó la hipocresía de muchos países ricos. Se aprueban tibias declaraciones de buenos propósitos, pero continúan las políticas depredatorias de los recursos del planeta y se torpedean las políticas efectivas para hacerle frente a la creciente crisis ecológica que amenaza la vida en nuestro planeta.

El Frente Amplio hace suyas las manifestaciones y propuestas de los movimientos sociales de lucha presentes en Cancún: "Frente a un modelo civilizatorio capitalista y patriarcal que pone en el centro la ganancia privada por encima de cualquier cosa, impulsamos una civilización naciente en la que el centro sea la vida en todas sus formas. La crisis climática es el fruto de la civilización de la ganancia y de la depredación de la naturaleza. Sus verdaderas y profundas soluciones están en promover la civilización de la vida y no en el mercado. Muchos gobiernos siguen pensando que sólo se puede detener la crisis climática si hay ganancias con ello, en consecuencia, promueven "soluciones de mercado", que son sólo negocios para tratar de solucionar lo que han provocado con sus mismos negocios depredadores. Nosotros, como parte del pueblo que aspiramos a movilizar, no tenemos negocios que hacer con el clima, buscamos cambiar el sistema como única forma de superar la crisis climática y seguir viviendo bajo el cobijo de nuestra Pacha Mama, durante las próximas generaciones."
En este mes transcurrido desde la última reunión de la Comisión Política, se han producido también hechos que celebramos, y que demuestran la pujanza del movimiento patriótico y popular, en medio de las adversidades y de la ofensiva permanente de la derecha neoliberal.

En primer lugar celebramos la contundente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo contra el proyecto minero en Crucitas. Es un triunfo indiscutible de nuestro pueblo que ha mantenido de manera ejemplar una resistencia y una movilización durante muchos años. La sentencia anula el decreto de la vergüenza de los Arias, así como la concesión y todos los permisos de la transnacional minera, incluyendo la viabilidad ambiental otorgada ilegalmente por la SETENA. Además se condena a reparar los daños ambientales causados y se ordena abrir una investigación penal contra Arias, Dobles y los jerarcas de SETENA.

Es un gran triunfo del movimiento popular costarricense. Desde el Frente Amplio felicitamos a las comunidades que resistieron durante 20 años las presiones, los chantajes y las amenazas. A todas las personas que desfilaron, caminaron, protestaron, presentaron recursos ante los tribunales, escribieron, hicieron huelgas de hambre. Felicitamos especialmente a nuestro compañero Edgardo Araya, que junto a otros abogados y líderes ambientalistas y patrióticos, defendieron con brillantez y valentía los argumentos contra el nefasto proyecto minero. Debemos seguir en vigilia y con las luces de alerta siempre prendidas, pues la empresa seguirá defendiendo sus intereses con uñas y dientes, pero tenemos derecho a celebrar y a sacar provecho de las grandes lecciones que nos deja la exitosa lucha librada hasta ahora.

Como lo ha señalado el compañero José María Villalta, con esta sentencia adquiere todavía más valor la lucha que nuestra fracción parlamentaria dio tesoneramente para que se aprobara la ley que prohíbe la minería a cielo abierto en Costa Rica. Esta ley, entre otras cosas positivas, cierra las puertas a cualquier intento de Infinito Gold para subsanar su concesión ilegal o solicitar una nueva. Hay que felicitar a nuestro diputado y a las compañeras y compañeros del equipo de trabajo de la fracción, por todo lo que hicieron para hacer posible la aprobación de esa ley que prohíbe definitivamente la minería a cielo abierto en nuestro país.

El excelente trabajo de nuestra fracción, reconocido por tirios y troyanos y que nos llena de orgullo a todos y todas los frenteamplistas, se vio compensando en estos días por otro gran triunfo: la aprobación de nuestro proyecto de ley para combatir la morosidad patronal y fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social. La ley aprobada le da herramientas a la Caja para cobrar la deuda vergonzosa y multimillonaria que tanto el Estado costarricense como patronos inescrupulosos mantienen con la institución. La ley del Frente Amplio impedirá a patrones morosos contratar con el Estado, tramitar licencias u obtener beneficios como exoneraciones de impuestos.

También es de celebrar la caída, por cuarta vez, del proyecto de marinas turísticas en la Sala IV, con la participación siempre descollante de nuestra fracción, así como la aprobación en primer debate del proyecto de ley que reestablece los artículos de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que sanciona el maltrato físico y la violencia emocional, en un contexto donde siguen produciéndose vergonzosos actos de maltrato, discriminación y violencia contra las mujeres de nuestro país.

Felicitamos asimismo a los compañeros y compañeras de nuestra Juventud, por su aporte al triunfo de fuerzas estudiantiles progresistas en las elecciones de la FEUNA y de la FEUCR. Sin duda estos triunfos fortalecerán la lucha por los derechos de los estudiantes, por la defensa y el fortalecimiento de la educación superior pública y los compromisos de nuestras universidades públicas con las luchas populares y nacionales.

Nos solidarizamos también con los pueblos de Sardinal y de las comunidades que luchan en defensa del agua y de los territorios costeros, el Frente Amplio seguirá a su lado permanentemente. También debemos respaldar a los compañeros de Puntarenas en su lucha por organizar y movilizar a los pescadores y campesinos, y prestar atención a sus denuncias del saqueo permanente de nuestras riquezas marinas.

Un partido como el nuestro debe comprometerse de manera más efectiva con el mundo del trabajo. Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras viven sin derechos en las fábricas, en las plantaciones, en los comercios y oficinas. Crece la precarización laboral y una sostenida degradación de los derechos y condiciones laborales, sin que se produzca ningún debate público al respecto. ¿Qué es el trabajo diario para cientos de miles de personas? Hay un ambiente creciente de descontento, hostilidad y humillación, que el Frente Amplio debe entender para actuar en la medida de sus posibilidades.

Resaltamos algunos triunfos obtenidos, como prueba fehaciente de que la lucha merece la pena y que rinde frutos cuando se libra con inteligencia, coraje y unidad. Somos también conscientes con la necesaria dosis de autocrítica de las carencias y deficiencias de nuestro trabajo, y de las debilidades del conjunto del movimiento popular y patriótico. Precisamente el Congreso del Frente Amplio que está en marcha y cuyas labores se intensificarán a partir de enero, debe ayudarnos a fortalecer nuestra reflexión, nuestra organización y nuestra lucha, y a buscar los caminos para que desde nuestro partido contribuyamos con la mayor eficacia posible a la articulación y convergencia de todas y todos los costarricenses que nos oponemos a este modelo que todos los días fabrica más pobres, más desigualdad y más exclusión en Costa Rica.

Los resultados de las recientes elecciones municipales, que analizamos preliminarmente en otro documento presentado para el debate por el compañero Rodolfo Ulloa, deben ayudarnos también a profundizar en el conocimiento crítico de la coyuntura política presente.

Este documento debe discutirse en conjunto con los documentos anteriores aprobados por la Comisión Política, para darle continuidad a un ejercicio permanente de análisis de la realidad cambiante y compleja en la que nos movemos.

Ha sido un año intenso para el Frente Amplio, hemos luchado y afrontamos los retos que tenemos por delante con esperanza y con fe en un mejor destino para nuestro pueblo y para todos los pueblos del mundo. En el 2011 daremos testimonio de la vitalidad de nuestro partido. Será un año de crecimiento, consolidación y lucha por más democracia, más igualdad, más libertad.

Comisión Política
Partido Frente Amplio
Diciembre-2010