Se hará a través del Fondo de Fomento para la Mujer Rural, sin recursos los cuatro últimos años, y dentro de una multiplicación de aportes destinados a desarrollar el campo colombiano, con la creación o regeneración de programas en los que también se impulsará la participación femenina.

"La Ley de Mujer Rural con más de ocho años no ha sido reglamentada", criticó Restrepo. "La política pública para beneficio de la mujer rural carece de desarrollo institucional y articulación entre agencias estatales", agregó, en un diagnóstico alineado con el de las organizaciones no gubernamentales de productoras agropecuarias.

Pero "para que el cambio sea realidad, es importante tener en cuenta que las mujeres en espacios rurales mantienen muchas desventajas propias de sociedades patriarcales", alertó a IPS Yulieth Tamayo, integrante del no gubernamental Colectivo de Mujeres Pazíficas, que opera en el suroccidental y agrícola departamento de Valle del Cauca.

Una supremacía masculina que se expresa, por ejemplo, en que las tierras se registran a nombre de parejas, padres o hermanos.

A ello se suma que los trámites exigidos para obtener recursos demandan la presentación de una compleja documentación y exige desplazarse hasta ciudades cercanas "o incluso Bogotá", lo que se dificulta para las productoras que suelen tener hijos a su cargo, detalló Tamayo.

Para que las oportunidades de las mujeres rurales sean más equitativas, a su juicio, habrá que promover "proyectos de cambios culturales y educativos, al igual que veedurías sobre el manejo de recursos".

"El anuncio es fabuloso, pero también tienen que ofrecer asesoría y soporte para usar de la mejor manera los recursos", consideró Ángela Orozco, una productora de la localidad de Usme, en el límite rural al sur de Bogotá, en el margen oriental de la cordillera andina.

Orozco, de familia campesina desplazada desde el noroccidental departamento de Antioquia y que estudió docencia, es una convencida de la importancia de conservar las labores y costumbres de sus ancestros y compagina el trabajo en el campo con su profesión.

En la finca que rodea su casa cultiva uchuvas, cebollas, hinojos, caléndulas remolachas, lechugas, cilantro y manzanilla, para el autoconsumo y la venta en ferias cercanas.

Además, en Ciudad Bolívar, en el suroccidente del área metropolitana de la capital, un gran distrito marginal creado por desplazados del conflicto llegados desde zonas rurales, promueve entre niños y niñas la siembra de productos de autoconsumo en jardines y guarderías infantiles.

Orozco cree que solo liderazgos propios sacarán al campesinado colombiano de su larga postergación y victimización y "eso es más importante aún con las mujeres".

En las últimas seis décadas, la población campesina de esta nación sudamericana soportó el abandono estatal y los embates de una guerra interna de características eminentemente rurales, con las fuerzas militares y las guerrillas izquierdistas como protagonistas pero no únicos actores.

Ya antes quedaron en medio del bipartidismo tradicional que enfrentó a bandoleros liberales y conservadores, para seguir después los conflictos entremezclados de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, milicianos, traficantes de esmeraldas y agentes del Estado, donde la posesión de la tierra ha sido uno de los objetivos.

El resultado fue uno de los mayores y silenciosos éxodos de la reciente historia mundial desde el campo a las áreas urbanas. Solo desde 1985, unos 3,3 millones de personas fueron desplazadas y le fueron arrebatadas al menos dos millones de hectáreas.

En 1950 la población rural colombiana representaba 70 por ciento del total y actualmente no pasa de 26 por ciento, según las proyecciones del censo de 2005. Eso equivale a unos 11,7 millones de personas, 51 por ciento de ellas mujeres.

A esas mujeres no se les reconoce "su significativo aporte a la economía nacional, y en particular, a la soberanía alimentaria del país", según la no gubernamental Infogénero, promotora de movilizaciones campesinas en defensa de sus derechos y contra la violencia machista y general.

Restrepo, que integra el gobierno de Juan Manuel Santos, en el poder desde agosto, abundó que deben ser tenidas en cuenta por "su capacidad empresarial, su sentido de austeridad, su vocación de ahorro y su priorización de necesidades familiares".

Destacó que, además, ellas son "más cumplidoras de obligaciones crediticias" y tienen mayor "sentido de comunidad" por lo que proteger sus derechos económicos y sociales supone un valioso efecto multiplicador.

Pero en su finca, Orozco, como otras productoras agropecuarias, mantiene su desconfianza. "A los gobiernos no les interesa el campesinado, y eso lo prueba todo lo que pasó con AIS: aplastaron a los campesinos dejándolos sin recursos", afirmó.

Se refiere al escándalo por desviación de recursos destinados a la población campesina, para ser entregados a terratenientes por el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) durante la Presidencia del derechista Álvaro Uribe (2002-agosto 2010).

La investigación aún abierta determinó que entre 2007 y 2009, el presupuesto otorgado a terratenientes fue 27 veces más que el destinado a la población campesina, cuyo índice de pobreza alcanza a 70 por ciento. Los beneficiarios de AIS incluyeron floricultores, cultivadores de palma africana, banano, caña, y transnacionales como Coltabaco, filial de la tabacalera Philip Morris, que recibió créditos por 16.500 millones de dólares.

"El Programa AIS estará al servicio de pequeños y medianos productores. Y nos empeñamos en que el microcrédito productivo para el sector rural sea una realidad palpable", prometió el ministro.

Y pronosticó que "los grandes beneficiarios de esta reorientación serán jóvenes emprendedores rurales, y mujeres que viven y laboran en el ámbito de nuestra ruralidad".

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