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San José.- Participé en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), junto con otros compañeros del Partido, como fiscal de escrutinio de las 5.250 juntas receptoras de votos de la elección municipales de alcaldes, síndicos y concejales de distrito, y de los ocho intendentes del país. Experiencia que me ha llevado a analizar las reformas al Código Electoral en relación al escrutinio, que entraron a regir en setiembre del 2009; las cuales demandan una mayor responsabilidad a los partidos políticos en el proceso electoral, que es la base de nuestra democracia.

Dos cambios importantes deben destacarse. Debido a la incapacidad de los partidos políticos de presentar sus nóminas de miembros de mesas propietarios y suplentes al TSE, y de garantizar que los miembros de mesa acudieran posteriormente a juramentarse, el TSE se vio obligado a crear la figura de auxiliar electoral con el fin de garantizarle al electorado que todas las Juntas Receptoras de Votos se abrirían al inicio del proceso. Duras críticas recibió el TSE porque estos funcionarios reciben una retribución monetaria por su servicios.

El otro cambio que amerita señalarse es que de acuerdo con el Artículo 197 Obligación de iniciar el escrutinio a la mayor brevedad indica textualmente "El escrutinio consiste en el examen y la calificación de la documentación electoral a cargo del TSE, hecho con base en el definitivo conteo y la asignación de votos realizados por las juntas electorales" (subrayado de la autora). Es decir, que el conteo de las juntas electorales es definitivo y está a cargo de los miembros de mesa y fiscales propuestos por los partidos políticos que participan en la elección. Ellos son los que cuidan el voto de los costarricenses.


Analicemos los datos del recién concluido escrutinio. El material electoral de las 5.250 juntas electorales se procedió a revisar en cinco mesas de escrutinio, cada una de ellas a cargo de un magistrado y dieciséis funcionarios del TSE. Solo 855 juntas receptoras de votos fueron objeto de recuento debido a que el acta tenía la firma de solo un miembro de mesa de un partido político, lo que no permitió la administración por oposición; o por pérdida del padrón electoral; o debido a que se reportaron datos inconsistentes. Dicho proceso fue fiscalizado por los partidos políticos a través de sus fiscales en TSE. Luego las actas de las juntas electorales fueron revisadas por funcionarios de control de calidad del TSE. Solamente, tres actas fueron rechazadas, y el TSE nos convocó de nuevo a los fiscales de escrutinio el viernes 17 de diciembre para realizar el recuento de las actas rechazadas. Además el proceso fue transmitido siempre en vivo a través del canal 80.

La transparencia del proceso de escrutinio está garantizada por el Tribunal Supremo de Elecciones. El Partido Liberación Nacional contó con los cinco fiscales de escrutinio en las dieciséis sesiones de escrutinio de las elecciones municipales y da fe de dicha transparencia.

Como costarricense y militante de un partido político, creo que es urgente que nos replanteemos nuestra responsabilidad con el proceso electoral. Los auxiliares electorales han sido una necesidad pero los partidos políticos debieran asumir su responsabilidad de recibir el voto sufragado, fiscalizar el proceso electoral y el recuento manual y no depender solo de personas pagadas por el propio TSE. Para ello es necesario, además de la capacitación adecuada de los miembros de mesa y los fiscales de los partidos, que estos reciban alguna remuneración por sus servicios, dado el precedente sentado por el TSE con los auxiliares electorales. Debemos diseñar una estrategia en esta dirección. En caso contrario, considero que para las próximas elecciones será aún más difícil completar las nóminas de miembros de mesas y fiscales. No debemos perder de vista que al final, dado el Artículo 197 del Código Electoral, son ellos los responsables de cuidar el voto y de garantizar la legitimidad del proceso. Los cambios que se pueden lograr en las mesas de escrutinio en el TSE son menores, el voto se cuida el día de la elección en la Junta Receptora de Votos y esto es responsabilidad partidaria y ciudadana.

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