“El asalto al seguro de Riesgos del Trabajo: …” - TicoVisión
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05 de Enero de 2011
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Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
“El asalto al seguro de Riesgos del Trabajo: …”
“El asalto al seguro de Riesgos del Trabajo: Un crimen contra las Garantías Sociales”, es el título de un oportunísimo comunicado que nos envió el diputado José María Villalta Floréz-Estrada, del Partido Frente Amplio; dándonos cuenta de un asunto que, en su momento y durante la gesta histórica del Movimiento Patriótico del No al TLC con Estados Unidos, muchísimas personas y organizaciones planteamos, en aquellos momentos de tan relevante lucha cívica, como uno de los aspectos más graves, dañinos y perniciosos de dicho “tratado comercial” que, finalmente, se le impuso al pueblo costarricense.
Desde el pasado día 1 de enero, según ese TLC, el sistema de Riesgos del Trabajo (RT), sufrirá una transformación profunda, pasando de ser concebido como una de las más importantes Garantías Sociales a favor de la clase trabajadora, a ser visto como un asunto mercantil, como una cuestión de negocios, generadora de lucro privado para unos cuantos emporios empresariales, por lo general transnacionales.
Como sabemos, éstos, uno a uno, están llegando al país para apropiarse de todas aquellas joyas institucionales que conformaron lo que conocimos como el Estado Social de Derecho, generador de mucha paz social a lo largo de varias décadas, desde que quedara establecida la Constitución Política actualmente vigente, el 7 de noviembre de 1949. Es más, este seguro ya estaba contemplado desde la propia promulgación del Código de Trabajo, como parte esencial de las Garantías Sociales, surgidas a la luz de los derechos laborales en los años 1942 y 1943.
Como sabemos, éstos, uno a uno, están llegando al país para apropiarse de todas aquellas joyas institucionales que conformaron lo que conocimos como el Estado Social de Derecho, generador de mucha paz social a lo largo de varias décadas, desde que quedara establecida la Constitución Política actualmente vigente, el 7 de noviembre de 1949. Es más, este seguro ya estaba contemplado desde la propia promulgación del Código de Trabajo, como parte esencial de las Garantías Sociales, surgidas a la luz de los derechos laborales en los años 1942 y 1943.
Nos indica el citado legislador, tal y como fuera advertido en su momento, que se autoriza a empresas privadas a hacer negocios con el seguro de Riesgos del Trabajo (RT), sin ninguna garantía de cobertura universal como ha sido hasta hoy en día. Se venderá este tipo de seguros, por ejemplo, para ejecutivos de corporaciones y otros sectores de ingresos altos pero con riesgos bajos; pero no habrá interés mercantil en asegurar a gente trabajadora de bajos ingresos y riesgos altos, como los obreros agrícolas, industriales o de la construcción, para indicar solamente algunos de los amplios grupos laborales que no son “nichos de mercado” rentables en materia del seguro RT en el marco del TLC.
La denominada “apertura” del mercado para los seguros RT destruye varios de sus históricos principios como el de Obligatoriedad para los patronos, el de Universalidad (todas las actividades laborales), el de Servicio al Costo (destinar los excedentes anuales para mejorar la prestación médica de atención en salud por accidentes de trabajo). Todo esto le fue ocultado al pueblo costarricense por los más fanáticos y acérrimos defensores del Sí al TLC, muchos de los cuales hoy ocupan puestos relevantes en la Administración Chinchilla Miranda. A toda la clase trabajadora, a la que estuvo concientemente con el No, tanto como a la que manipulada y obligadamente estuvo con el Sí, se le mintió descaradamente al respecto.
Nos imaginamos que los espíritus del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, de monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, así como el del licenciado Manuel Mora Valverde, arquitectos de esas Garantías Sociales, junto al movimiento sindical de la época, deben estar furiosos por este ataque mortal al RT que anuncia lo que le pasará, finalmente, a todo el Código de Trabajo.
Lo del RT es tan grave que en lo que respecta al principio de Universalidad, prácticamente ya no habrá obligación de dar atención ilimitada e inmediata a personas trabajadoras accidentadas que no están aseguradas por sus respectivos patronos (aunque a éstos se les cobra después esa atención), como ha venido sucediendo a lo largo de estos prácticamente 70 años de tener en Costa Rica el RT bajo la concepción de Garantías Sociales.
El diputado Villalta se encarga de proporcionarnos algunos datos que indican el tamaño de la maldad ejecutada por los negociadores de ese TLC, pues, por ejemplo, solamente en el 2010, se tuvo que atender a 6 mil personas trabajadoras accidentadas o con enfermedades laborales, que no estaban aseguradas y, sin embargo, tuvieron esa atención ilimitada e inmediata pese a que sus respectivos patronos eran evasores de su responsabilidad para con el seguro RT.
Con un seguro RT bajo concepción mercantil, de lucro privado, de negocio empresarial, esas personas accidentadas quedarán abandonadas a su suerte, sin esa atención, considerada como de altísima calidad según la han venido brindado la medicina laboral a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Esta alta traición a uno de los derechos más sagrados de la clase trabajadora costarricense (y también migrante porque el RT solidario les cubría), llevó en su momento a que el mismísimo Presidente Ejecutivo del INS en ese entonces, don Germán Serrano Pinto, denunciara que tal “negociación”, más bien entrega a lo malinche, fue realizada a sus espaldas, sin ningún tipo de consulta.
Bien haría el jefe de don Germán en aquellos momentos de traición, el hoy expresidente don Abel Pacheco de la Espriella, salir a rendir cuentas de si él también fue “engañado”, ó fue con su complicidad y su autorización que se cometió este atroz crimen (como lo llama el señor diputado Villalta), en contra de las Garantías Sociales.
Afortunadamente, el señor diputado del Frente Amplio presentó una acción de inconstitucionalidad contra las normas de ese TLC que obligan a tratar el seguro de Riesgos del Trabajo como un seguro comercial más. El alto tribunal constitucional de la República, la Sala IV, tiene en su conocimiento este asunto y esperamos que, como se trata de una aberración jurídica de calibre mortal para la Seguridad Social costarricense (o lo que queda de ella), resuelva a favor de la clase trabajadora.
No obstante, le toca al pueblo trabajador, de los sectores Privado y Público, así como a sus organizaciones de todo tipo, asumir la tarea histórica de rescate del asalto al Seguro de Riesgos del Trabajo (RT). Con la Democracia de la Calle, siempre, siempre, válida y legítima, podemos parar esto.
La denominada “apertura” del mercado para los seguros RT destruye varios de sus históricos principios como el de Obligatoriedad para los patronos, el de Universalidad (todas las actividades laborales), el de Servicio al Costo (destinar los excedentes anuales para mejorar la prestación médica de atención en salud por accidentes de trabajo). Todo esto le fue ocultado al pueblo costarricense por los más fanáticos y acérrimos defensores del Sí al TLC, muchos de los cuales hoy ocupan puestos relevantes en la Administración Chinchilla Miranda. A toda la clase trabajadora, a la que estuvo concientemente con el No, tanto como a la que manipulada y obligadamente estuvo con el Sí, se le mintió descaradamente al respecto.
Nos imaginamos que los espíritus del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, de monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, así como el del licenciado Manuel Mora Valverde, arquitectos de esas Garantías Sociales, junto al movimiento sindical de la época, deben estar furiosos por este ataque mortal al RT que anuncia lo que le pasará, finalmente, a todo el Código de Trabajo.
Lo del RT es tan grave que en lo que respecta al principio de Universalidad, prácticamente ya no habrá obligación de dar atención ilimitada e inmediata a personas trabajadoras accidentadas que no están aseguradas por sus respectivos patronos (aunque a éstos se les cobra después esa atención), como ha venido sucediendo a lo largo de estos prácticamente 70 años de tener en Costa Rica el RT bajo la concepción de Garantías Sociales.
El diputado Villalta se encarga de proporcionarnos algunos datos que indican el tamaño de la maldad ejecutada por los negociadores de ese TLC, pues, por ejemplo, solamente en el 2010, se tuvo que atender a 6 mil personas trabajadoras accidentadas o con enfermedades laborales, que no estaban aseguradas y, sin embargo, tuvieron esa atención ilimitada e inmediata pese a que sus respectivos patronos eran evasores de su responsabilidad para con el seguro RT.
Con un seguro RT bajo concepción mercantil, de lucro privado, de negocio empresarial, esas personas accidentadas quedarán abandonadas a su suerte, sin esa atención, considerada como de altísima calidad según la han venido brindado la medicina laboral a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Esta alta traición a uno de los derechos más sagrados de la clase trabajadora costarricense (y también migrante porque el RT solidario les cubría), llevó en su momento a que el mismísimo Presidente Ejecutivo del INS en ese entonces, don Germán Serrano Pinto, denunciara que tal “negociación”, más bien entrega a lo malinche, fue realizada a sus espaldas, sin ningún tipo de consulta.
Bien haría el jefe de don Germán en aquellos momentos de traición, el hoy expresidente don Abel Pacheco de la Espriella, salir a rendir cuentas de si él también fue “engañado”, ó fue con su complicidad y su autorización que se cometió este atroz crimen (como lo llama el señor diputado Villalta), en contra de las Garantías Sociales.
Afortunadamente, el señor diputado del Frente Amplio presentó una acción de inconstitucionalidad contra las normas de ese TLC que obligan a tratar el seguro de Riesgos del Trabajo como un seguro comercial más. El alto tribunal constitucional de la República, la Sala IV, tiene en su conocimiento este asunto y esperamos que, como se trata de una aberración jurídica de calibre mortal para la Seguridad Social costarricense (o lo que queda de ella), resuelva a favor de la clase trabajadora.
No obstante, le toca al pueblo trabajador, de los sectores Privado y Público, así como a sus organizaciones de todo tipo, asumir la tarea histórica de rescate del asalto al Seguro de Riesgos del Trabajo (RT). Con la Democracia de la Calle, siempre, siempre, válida y legítima, podemos parar esto.
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