San José.-Subasta de concesiones para servicios celulares en Costa Rica. En la audiencia del pasado 21 de mayo, la Superintencia de Telecomunicaciones (Sutel) recibió un sinnúmero de observaciones al Borrador del Cartel de Licitación para otorgar tres concesiones del espectro radioeléctrico para los servicios celulares en Costa Rica. Plantée en esa ocasión la necesidad de revisar la cantidad de concesiones que se otorguen, pues si se mantienen las tres, sería un fracaso económico para el país dicha subasta. Hasta el señor Julio Carlos Porras, representante de Telmex, ante la consulta del periodista Carlos Cordero, de El Financiero, de que “si solo fuera una licencia, la puja económica sería mayor”, contestó que “podría ser”.

El ingeniero Claudio Bermúdez, del ICE, expuso que “persiste inseguridad jurídica sobre las frecuencias de microondas que requerirán para sus enlaces los nuevos operadores, en cuyo caso los costos por migración o readecuación tendrían que ser cubiertos por el fisco”, y “que existe un problema de inseguridad jurídica” causado por el Decreto Ejecutivo No. 35866-MINAET que, “sin base en estudios técnicos y a contrapelo de observaciones técnicas, declaró de asignación no exclusiva únicamente los enlaces de microondas asignados al ICE, violentando con esta discriminación tanto las disposiciones de la Ley general de telecomunicaciones como normas de la … UIT”.

Sin embargo, al ICE se le creó una mayor inseguridad jurídica con el Decreto No. 35646-MINAET y con el “acuerdo voluntario” que firmó su Presidente Ejecutivo el pasado 18 de diciembre con el MINAET, para devolver la mitad del espectro que tenía asignado para los servicios celulares. Espectro que le había sido otorgado al amparo de la Ley No. 3226 y cuya devolución pone en riesgo los servicios de cuarta generación en el ICE. ¿Dónde estaba don Claudio entonces?
El señor Roberto Mendoza, representante de Digicel y Cable & Wireless, indicó que “es necesario que primero se presenten las ofertas técnicas, se clasifique a los que cumplen y después los seleccionados presenten sus ofertas económicas para la subasta”. Pero esa pretensión no tendría otro propósito más que eliminar los últimos rescoldos de incertidumbre que le pudieran quedar al proceso, y asegurarse las empresas que cuando hagan sus ofertas económicas ya pudieran tener la certeza de que únicamente habrá –muy posiblemente- solo tres oferentes calificados, ante lo cual estarían seguros ofreciendo únicamente la base de la subasta, suficiente para garantizarse una concesión. Por otra parte, en una entrevista con Amelia Rueda en Radio Monumental, el pasado 24 de mayo, la licenciada Maryleana Méndez, de la Sutel, argumentó que se desean tres nuevos concesionarios, dado que con cuatro operadores se garantiza competencia, y puso como ejemplo a El Salvador. Sin embargo, la prensa internacional informó precisamente el pasado 10 de mayo (La Nación, pág. 39), que el ente regulador de ese país “abrió una investigación a las cuatro empresas” (las mismas que entrarían aquí), por “prácticas anticompetitivas”, por fijar “en conjunto las tarifas de las llamadas”. Argumentó la licenciada Méndez también haber investigado sin éxito en la Sala Cuarta los cuatro recursos en contra de este proceso, de los que informé el 21 de mayo en la audiencia y había expuesto en anteriores artículos, en los cuales argumenté que sería una irresponsabilidad continuar con un proceso en esas condiciones. El asunto es que tales recursos no son contra la Sutel, como supone la señora Méndez, sino contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio Rector, el MINAET.