trascendental en la garantía de la titularidad de los derechos de las personas menores de edad, así como la obligación constitucional de promover su desarrollo integral.

Por ello es que, al considerar los diferentes y recurrentes casos que la Defensoría de los Habitantes ha conocido y sigue conociendo respecto de la vulneración de derechos de la población menor de edad, situaciones sobre las cuales también los medios de comunicación han venido dando cuenta desde hace meses, preocupa a este órgano defensor, la violencia cotidiana a la que los niños, niñas y adolescentes se ven expuestos, así como la oportunidad y pertinencia de las respuestas dadas por el Sistema Nacional de Protección y, específicamente, por parte del PANI para garantizar y proteger sus derechos.

Cabe destacar que en la mayoría de los casos tramitados, las situaciones de riesgo y vulnerabilidad han sido conocidas de previo por parte de diferentes instancias del Patronato Nacional de la Infancia, verificándose en algunos de esos casos –como se ha hecho de su conocimiento- la falta de actuación oportuna o efectiva en el proceso especial de protección. Asimismo, se han observado casos en los que las medidas adoptadas no resultan ser consecuentes con el principio del interés superior, resultando en trágicas consecuencias, tal como el fallecimiento de personas menores de edad, o bien, la hospitalización inminente por las secuelas del abuso físico, sexual o negligente del que han sido víctimas niños y niñas que ponen en peligro su vida. Realidad que además, se asocia con la ausencia de acertados mecanismos de coordinación y comunicación tanto inter-oficinas locales como desde el ámbito interinstitucional e intersectorial, que limitan una protección integral de la población menor de edad afectada.

Esta realidad no es nueva para la Defensoría, y es por ello que la situación fue puesta en conocimiento del anterior Presidente Ejecutivo del PANI, a quien en su oportunidad, se le pidió un informe detallado sobre las medidas implementadas para cumplir con el  proceso especial de protección de niñas, niños y adolescentes, así como las directrices giradas en el marco de una reorganización de los procesos atencionales en las oficinas locales, propuesta hecha por la Gerencia Técnica en el año 2008.

Por otro lado, la Defensoría de los Habitantes solicitó a las nuevas autoridades del PANI informar acerca del estado de acatamiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en el año 2009.

La Contraloría dispuso, entre otras cosas, diseñar e implementar una estrategia de control que permita monitorear, supervisar y verificar el efectivo cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en la normativa respecto a los ingresos, egresos y atención “psicosociolegal” de las Personas Menores de Edad que se encuentran ingresadas en los albergues de las Organizaciones no Gubernamentales.

Mientras el PANI rinde un informe pormenorizado de esta situación, profesionales de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría están apersonándose ante las Oficinas Locales ubicadas en la Región de San José para revisar aleatoriamente el estado de los expedientes, los plazos de adopción de medidas de protección, los recursos humanos y materiales con que cuentan, etc.