Hablamos de la denominada “Dirección de Gestión Municipal” que pasaría del MOPT al IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal). Recordemos que esta iniciativa viene siendo impulsada, ardorosamente, por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y ya había sido “anunciada”, propuesta a la Presidenta Chinchilla, con ocasión de la celebración del Día del Régimen Municipal, del pasado año 2010, en Guácimo.

2-      Más allá de la concepción política e ideológica que se tenga con respecto al futuro de un sistema municipal con competencias de política pública que nunca ha manejado; desde una perspectiva laboral lanzamos la voz de alerta para que cada trabajador y cada trabajadora de tal programa del MOPT, se aliste a defender su empleo y su estabilidad laboral; en momentos en los cuales la situación socioeconómica del país no solamente no garantiza la conservación de puestos de trabajo ya existentes, sino que muestra grandes incapacidades para reemplear a personas adultas y próximas a pensionarse que, por más experiencia que tengan, el mercado laboral ya las considera “material de desecho”.

3-      Afirmamos lo anterior porque en el artículo de la pretendida ley, que plantea el “Resguardo de Derechos Laborales”, indica lo siguiente:

“El recurso humano que por esta ley se adscribe al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal o que sea adscrito definitivamente alguna planilla municipal, conservará los derechos laborales y demás beneficios adquiridos al amparo de la legislación laboral costarricense hasta que dejen de ejercer sus funciones conforme a las causales que establece el derecho laboral y por pensión o jubilación”.

4-      Es decir que en la primera ley del proceso de transferencia de competencias del Gobierno Central al sector municipal, no todo el recurso humano del programa 327 del MOPT conservará su empleo, pues solamente alguna parte del mismo se ha de adscribir al IFAM; o bien, a “alguna planilla municipal”. Es decir, habrá despidos. ¿Cuántos?... No lo sabemos por ahora.

5-      Por otra parte, grandes interrogantes afloran en cuanto a la dotación de los recursos financieros que se requerirán para hacer realidad esta primera ley de transferencia de competencias, notándose en el borrador en poder de la ANEP, una gran indecisión sobre las fuentes de financiamiento.

6-      Por un lado, se propone modificar la estructura de ingresos de recursos destinados al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, según lo dispusiera en su momento la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, No. 8114, de julio de 2001, pasando de un 30 % al 42.5 %. Solamente que ahora, de ese 42 %, se repartiría así: un 51.75 para la red vial nacional y un 48.25 % para la red vial cantonal, pero ésta parte será distribuida por el IFAM a través de la Dirección de Obras y Servicios Municipales que estaba en el MOPT. ¿Duplicidades nuevas?... ¿Más clientelismo político en el nivel local?...

7-      Además, con este cambio en la asignación de recursos para la red vial cantonal, desaparece la instancia que en cada gobierno local municipal se conoce como la “Junta Vial Cantonal”, que con participación comunal hasta ahora ha venido incidiendo en la distribución de recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de vías comunales.

8-      Por otro, se pretende que, “por una única vez”, el Poder Ejecutivo reajuste, extraordinariamente, la tabla de tipo de combustible e impuestos en colones por litro que se establece en el artículo uno de la citada ley 8114; aumentándose sus bases de cálculo de tal forma que genere un aumento en la recaudación equivalente de porcentajes que irían en una banda entre el 1.5 % y el 0.375 %.

PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACION

9-      Pese a que don Juan Martín, Ministro de Descentralización, indicó a la prensa que no conocía el detalle de un eventual “Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización”, la ANEP tiene en su poder la propuesta al respecto, establecida para el período 2011-2014, misma que indica la leyenda “Despacho Ministro Descentralización y Desarrollo Local-Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”. Se trata de un documento con fecha de enero de 2011, de 72 páginas, cuyo estudio apenas estamos empezando.

10-      La misma apunta cuatro ejes estratégicos: 1) Bienestar Social y Familia; 2) Seguridad Ciudadana y Paz Social; 3) Ambiente y Ordenamiento Territorial; y 4) Competitividad e Innovación.

11-      Se pretende que en las municipalidades se manejen recursos del IMAS y de FODESAF, a través de las “oficinas municipales de bienestar y familia”. Además, que para el 2014, un 30 % de los bonos de vivienda deben ser gestionados desde las municipalidades. Por otra parte, las policías municipales se han de incorporar a la Ley General de Policía.

12-      El plan establece una propuesta de “movilidad laboral horizontal voluntaria” entre instituciones nacionales y las municipalidades, pretendiendo que en el 2014 un 50 % de los municipios del país trabajen de esta forma con este tipo de recurso humano.

13-      Además, se crea una nueva figura burocrática en los municipios, “asesores territoriales municipales”, con cargo al presupuesto nacional y con fondos provenientes del IFAM. Se supone que este tipo de personal tendrá a cargo la coordinación de las acciones del plan indicado en cada territorio cantonal. A primera vista pareciera que se estarían transformando los “delegados presidenciales”, en “asesores territoriales municipales” pero con una lógica política parecida.

14-      Finalmente, ANEP concluye lo siguiente:

PRIMERO: No hay duda de que el fortalecimiento de los gobiernos locales puede convertirse en una gran oportunidad para el desarrollo de la democracia, para alcanzar niveles inéditos de participación ciudadana y de aplicación concreta de formas de democracia directa. La gente demanda más eficiencia, más eficacia, más oportunidad en las políticas públicas; mayor transparencia y más calidad en la rendición de cuentas. ANEP considera que un fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales y su institución emblema, las municipalidades, puede posibilitar el diseño de políticas públicas que ayuden a enfrentar el principal problema nacional: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza.

SEGUNDO: Una primera revisión, muy general, del documento “Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización”, deja entrever que se podrían abrir más posibilidades para el desarrollo de nuevas formas de clientelismo político-electoral de corte localista pues, por ejemplo, que en el 2014, “curiosamente”, un 30 % de los bonos de vivienda se otorguen desde los municipios, abre agudas suspicacias si contemplamos cómo desde ya se viene forzando una prefiguración de lo que podría ser la competencia presidencial de ese año.

TERCERO: El ambicioso “Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización”, podría poner en peligro el puesto de trabajo de hasta unas 10 mil personas que actualmente se desenvuelven en diversos ámbitos de la política pública que se ejecutan desde el Gobierno Central, sus entes adscritos y conexos; a tenor de lo que se puede entrever de las pretensiones incluidas en los ejes estratégicos de este plan. Un primer análisis deja en evidencia que podrían surgir mayores niveles de duplicidades institucionales que implicarían, necesariamente, despidos. Aparte del gran drama social que implicaría una cifra importante de despidos en la administración central del Estado por transferencias de competencias a las municipalidades, la gritería oficialista por el presunto déficit fiscal abre una gran incógnita: ¿de dónde vendrá la plata para pagar tantísimos millones en prestaciones, si ya, prácticamente estamos en puertas del congelamiento salarial en el sector Público, como lo muestra el indignante reajuste del 2.33 %?...

CUARTO: Resulta paradójico que el Gobierno lance tan ambicioso plan para el “fortalecimiento” del sector municipal en momentos en que clama al cielo por la existencia de un presunto déficit fiscal que, según sus datos, llegaría a un “apocalíptico” 5.3 del PIB al finalizar este año 2011. A juzgar por la primera ley de transferencia de competencias que se quiere impulsar, la de la Red Vial Cantonal, está latente la tentación de buscar recursos “frescos” en el ámbito de los impuestos indirectos, como lo es aumentar el impuesto a los combustibles.

QUINTO: Por tanto, el Gobierno de la República debe abrir un espacio político-social con amplia participación sectorial, incluido el sector laboral involucrado en esta delicada situación, para generar decisiones de amplio consenso antes de materializaciones legales que, por diversas razones, castren una línea correcta de acercamiento del gobierno y de sus instituciones a la gente, como podría ser un fortalecimiento municipal en otra dimensión. Es más que conveniente, es urgente, que el país no se aventure a una transformación institucional tan profunda, como presupone el “Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización”, a partir de enfoques localistas que desde el actual parlamento pretenden generar un especie de “Reforma del Estado” muy contaminada de lo que podría ser elementos electoreros de corto plazo.

SEXTO: En próximas horas, la ANEP ha de enviar una carta a la señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda y a su ilustrado Gobierno de la República, en el que se plantean todas estas inquietudes, preocupaciones y problemáticas.

SETIMO: Finalmente, estas primeras impresiones que se vierten desde la Secretaría General de la ANEP, estarán sujetas, para validarse y/o modificarse, con base en profundo análisis que han de efectuar diversas organizaciones gremiales adscritas a esta agrupación, especialmente en el nivel municipal y en el nivel organizacional de las entidades que deberán “ceder” en la transferencia de competencias.

San José, domingo 13 de febrero de 2011.


Albino Vargas Barrantes
Secretario General