Durante esta primera sesión de trabajo los congresistas invirtieron el tiempo en lograr un acuerdo sobre la metodología de trabajo que utilizarán en los tres meses que tienen por delante, así como en aprobar una lista de primeros funcionarios y ex funcionarios que deberán acudir en audiencia.

Al justificar su participación la mayoría de los diputados dejaron claro —aunque con diferentes palabras— que “no se trata de crucificar a nadie”; “no estamos aquí para perseguir a nadie” y “quien crea que esta es una comisión para investigar a una persona en particular está equivocado”.

Delimitación de poderes

 “Podemos al menos intentar esclarecer hechos que tienen que ver con… la delimitación o no de los poderes públicos; si se está desdibujando esa línea de división de poderes que es tan importante para la democracia costarricense” comentó de primera entrada el legislador Víctor Granados Calvo, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

 “No se trata aquí de crucificar a nadie, pero sí de investigarlo todo… esta comisión tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a la investigación de índole legislativo- administrativo sin tratar de suplantar en sede jurisdiccional los poderes del Poder Judicial… no sólo por un tema de sanidad política, de transparencia política, sino  también porque el pueblo de Costa Rica así lo está exigiendo”, agregó Rodolfo Sotomayor Aguilar del PUSC.

Por su parte el jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) Juan Carlos Mendoza García dejó claro que la investigación que se va a llevar a cabo reviste el grado de máxima prioridad “porque cuando las instituciones son vistas con dudas por parte de los ciudadanos, realmente estamos ante una crisis”.

“Es una oportunidad importante para reivindicar el papel, el rol del control político y su función por parte de la Asamblea Legislativa dentro de la institucionalidad”, sostuvo Mendoza García.

“No estamos aquí para perseguir a nadie” manifestó en su participación el diputado del Partido Renovación Costarricense, Justo Orozco Álvarez, quien agregó que “vamos a ser contundentes en el sentido de llegar al extremo de la verdad y no escatimaremos esfuerzos por encontrarla”.

Para el diputado José María Villalta Florez-Estrada del partido Frente Amplio  —no forma parte de la comisión pero llegó a externar su criterio— “quien crea que esta es una comisión para investigar a una persona en particular está equivocado…sino más bien para investigar prácticas que se han venido desarrollando a lo interno del Estado costarricense y que están comprometiendo la independencia de nuestras instituciones”.

Por su parte la legisladora liberacionista Siany Villalobos Argüello, hizo un llamado a todos los miembros del grupo de trabajo para que se tenga muy en cuenta el principio de la división de poderes, sobre todo en este caso en que hay una investigación abierta en el Poder Judicial y de la Corte Plena.

Metodología de trabajo

Luego de un receso de más de 20 minutos, se logró un acuerdo unánime para aprobar un cronograma de trabajo dividido en tres etapas: instructiva, deliberativa y votación y redacción de informes al Plenario.

En dicha moción se dejan claras también las condiciones que tendrán los comparecientes, su obligación de acudir al llamado, el derecho a abstenerse de declarar, de estar acompañado de un abogado si lo desean y la disponibilidad de 20 minutos de tiempo para referirse a los aspectos que consideren importante en relación con el tema de estudio.

Lista de convocados

Luego de los acuerdos logrados destaca en la lista de convocados no solo el ex Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sánchez, sino también el ex Presidente de la República Oscar Arias Sánchez.

La amplia lista de audiencias incluye además a la Contralora Rocío Aguilar; la Procuradora Ana Lorena Brenes; el Ministro de Hacienda Fernando Herrero; el ex Viceministro de la Presidencia Roberto Thompson; el Fiscal General Jorge Chavarría; el Ministro de Seguridad Pública José María Tijerino; el ex Director del BCIE Alfredo Ortuño, el ex Ministro de Hacienda y ahora diputado Guillermo Zúñiga Chaves.

Las convocatorias continúan con los periodistas del diario La Nación Geanina Segnini, Ronny Rojas y Ernesto Rivera, quienes hicieron la investigación sobre el tema.

Completan el listado la ex Fiscal General Lillian Gómez, la Fiscal Adjunta de Delitos Económicos Emilia Navas y los fiscales del Ministerio Público Christian Fernández y Juan Carlos Cubillo.

A la lista fue agregada Hazel Cepeda, quien por esa época fungió como la gerente para el país del BCIE y se espera que se refiera a la administración de los fondos de los dos programas mencionados.

Solicitud de expedientes

De igual manera, los legisladores aprobaron una moción para pedirle a la Presidenta de la República Laura Chinchilla, gestionar la entrega de una copia de los expedientes que conserva en relación con esos dos proyectos gubernamentales.

Entre los documentos se solicitan todas las actas del Consejo de Gobernadores que se relacionen con los programas antes mencionados; las solicitudes hechas al Banco o las recomendaciones del Ministro y del Viceministro de la Presidencia para contratar a personas físicas o jurídicas; los contratos de consultorías, los reportes de servicios; las conformidades del Ministerio, las facturas, la lista de cheques y los recibos de dinero; los gastos relacionados, los notarios contratados; los montos desglosados y las justificaciones de las consultorías ejecutadas.