El juicio, que comenzará el 6 de abril, será conducido por las juezas Giulia Turri, Carmen D’Elia y Orsolina de Cristofaro, tres magistradas de renombre en la comunidad legal y que en los últimos años han estado al frente de procesos delicados y de importancia nacional.

La integración del tribunal se determinó mediante un mecanismo de selección informático automático.

"El criterio de selección no es discrecional", dijo a IPS Lanfranco Tenaglia, ex magistrado y ex miembro de Consejo Superior de Magistratura, órgano de autogobierno del Poder Judicial que vela por la autonomía y la independencia judicial.

"En cuanto la jueza de la investigación preliminar dictaminó que debía haber un juicio inmediato, el archivo se mandó a una computadora del juzgado penal, que automáticamente asigna el caso a los jueces de dos secciones responsables de la administración pública", explicó.

El sistema "identifica el primer panel de jueces disponible y la fecha libre de inicio del proceso", apuntó.

La primera audiencia será el miércoles 6 de abril, un día laborable en el parlamento.

"Los abogados de Berlusconi, también legisladores, con seguridad alegarán que tienen responsabilidades oficiales ese día, amparándose en la ley de ‘impedimento legítimo’. Si la fecha fuera elegida de forma discrecional, el presidente del tribunal hubiera elegido un sábado o un lunes", explicó Tenaglia.

"El procedimiento de adjudicación es totalmente transparente y los documentos son públicos. Toda forma no automática sería ilegítima", añadió.

Partidarios de Berlusconi consideran que el panel femenino es una "maniobra".

Italia tiene 4.071 juezas, 45 por ciento de los profesionales que están ejerciendo la función, y cada vez hay más. Más de 60 por ciento de las personas que ganaron el último concurso nacional de magistrados fueron mujeres. En cambio, son 13 por ciento en los cargos más altos.

Pero en Milán hay más juezas, son 53 por ciento de los magistrados de la ciudad.

El senador Vincenzo Vita, del opositor Partido Democrático, dijo a IPS que Berlusconi debe someterse a un juicio justo como cualquier otro ciudadano, sin poner su cargo por delante ni sortear la ley.

La norma prevé que el primer ministro se mantenga en funciones durante el juicio. Pero Vita considera que para evitar un impasse político y restaurar la credibilidad institucional en el ámbito nacional e internacional, Berlusconi debería renunciar y llamar a elecciones anticipadas. Su actual mandato termina en 2013.

"No es un duelo entre la justicia y el parlamento", remarcó Tenaglia. "Los magistrados cumplen con la ley. Frente a un posible delito deben investigar. Sería grave que no lo hubiera hecho, habrían violado el principio de equidad" de todos los ciudadanos ante la ley, apuntó.

Es un caso sin precedentes en la historia judicial italiana, remarcó.

"Por supuesto, el gobierno cuenta con la anuencia del parlamento, pero ante la posibilidad de una condena, el primer ministro debe dar un paso al costado, renunciar y concentrarse en su defensa", remarcó Tenaglia.