al traste con lo que podría ser una buena decisión-país de cara a los desafíos gigantes que hoy en día presenta nuestro sistema democrático y su correspondiente institucionalidad republicana; a la luz del creciente descrédito ciudadano en su clase gobernante y, por ende, ante la enorme necesidad de que haya más gobiernos cercanos a la gente y sus necesidades.

No hay duda de que el fortalecimiento de los gobiernos locales puede convertirse en una gran oportunidad para el desarrollo de la democracia, para alcanzar niveles inéditos de participación ciudadana y de aplicación concreta de formas de democracia directa. La gente demanda más eficiencia, más eficacia, más oportunidad en las políticas públicas; mayor transparencia y más calidad en la rendición de cuentas. ANEP considera que un fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales y su institución emblema, las municipalidades, puede posibilitar el diseño de políticas públicas que ayuden a enfrentar el principal problema nacional: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza.

Sin embargo, efectuando un primer análisis del documento, de manejo “oculto” hasta el momento, denominado “Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización”, diseñado para el período 2011-2014, emanado desde el despacho del señor Ministro de Descentralización y de Desarrollo Local-Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); permite el surgimiento de una serie importante de inquietudes, dudas, nebulosas y hasta cuestionamientos, dado que se deja entrever de que estamos de cara a una especie de “Reforma del Estado” en condición de intramuros y “por la cocina”; de tal suerte que elementos como los derechos laborales, la estabilidad en el empleo de miles de personas, la sostenibilidad financiera y fiscal de un proceso de tal envergadura, los probables episodios de clientelismo electoral y hasta la permanencia de duplicidades y hasta triplicidades de política pública, se derivan con potencia, con lo cual se impone, necesariamente, un alto en el camino en este trascendental proceso para nuestra democracia de tal suerte que más actores sociopolíticos intervengan e interactúen en el mismo, para darle una legitimidad que por ahora parece reducida a lo formal-institucional sin que se muestre vocación real para que avancemos, articulada y consensualmente, en el desarrollo cualitativo de nuestra golpeada institucionalidad democrática.

Por tanto, con el reiterado respeto que queremos manifestarle por esta vía, pero con una gran vehemencia, le estamos solicitando considerar, inicialmente, estos elementos y abrir los espacios de debate y de participación que hasta el momento han estado cerrados y casi que “secuestrados” para potenciar un proceso de transferencia de competencias de política pública que con una visión de cortísimo plazo y con cierto tufillo electoralista parece impulsarse, si vemos las enormes metas estratégicas se plantean para el año 2014 como “punto de llegada”, algo que genera suspicacias en no pocos sectores de nuestra comunidad cívica.

Vistas así las cosas, es imprescindible que estos elementos se valoren, con urgencia, desde el despacho presidencial, antes de seguirle abriendo espacio político a unas posiciones que, como indicamos, castran la más amplia participación cualitativa en un proceso de Reforma del Estado que, en realidad, está implícito en esto de las transferencias de competencias de política pública hacia las municipalidades. Veamos:

Primero: Gigante obstáculo es la sostenibilidad financiera del proceso en sus distintas fases, componentes y momentos si, como usted lo está diciendo de día y de noche, señora Presidenta, estamos ante una casi que apocalíptica situación de déficit fiscal que amenaza toda la estabilidad económica y social del país. Para nadie es un secreto que, al respecto, la ley 8801, marco estructural para este proceso, contempla diversos errores al respecto y, desde ya, se asoman tesis para quitarle plata a las instituciones autónomas “superavitarias” a fin de que le den contenido a la indicada tesis. Por tanto, sin una transformación tributaria estructural resultan inviables ambiciosas ideas de transferencia de competencias como las que se están promoviendo.

Segundo: Sigue siendo casi que “el secreto mejor guardado” los famosos siete proyectos de ley que le dan cuerpo a la tesis de la transferencia de competencias”, lo cual nos dice que estamos violentando un imprescindible imperativo ético de transparencia, pues debemos conocer, tanto los potenciales perjudicados como los “potenciales beneficiados” de qué clase de proyectos estamos hablando, cuál será su impacto social, fiscal en cada caso y en qué estriba la “ventaja” de la transferencia de que se trate cada uno de ellos.

Tercero: Si nos atenemos a que la primera de esas siete leyes, será la de la Red Vial Cantonal, resulta imprescindible decirle la verdad a la gente de que tendrá que sacar más dinero de sus golpeados bolsillos, pues la pretensión de que esta ley tenga sustento en un porcentaje adicional al impuesto único de los combustibles, un impuesto de perversa naturaleza regresiva, constituye un golpe económico para hogares medios fundamentalmente y para los sectores productivos nacionales que, en gran medida, tienen en el mercado interno una posibilidad de sobrevivencia ante duras condiciones económicas estructurales de sesgo transnacional. Nosotros, como organización que tiene relaciones, directa o indirecta con muchos de estos sectores, desde ya nos oponemos a que la ley de la Red Vial Cantonal en manos municipales, se financie con este tipo de impuestos indirectos.

Cuarto: No comprendemos cómo se pretende, por ejemplo, el fortalecimiento de la Policía Municipal (tesis que, por supuesto aplaudimos porque nos parece correcta), pretendiendo que sea con dineros del Presupuesto Nacional de la República que se financie tal fortalecimiento. Volvemos a lo mismo: ¿y el déficit fiscal?...

Quinto: En materia de política social, la poca claridad que se tiene de un proceso así, nos lleva a creer que hasta podría haber triplicidades en cuanto a la entrega de bonos de vivienda, construcción de casas y desarrollo de programas de asistencia social con recursos del IMAS, de Fodesaf y similares. No podemos dejar de pensar en que las válidas y sentidas necesidades de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, sean sujetas a asumir determinadas posiciones electorales si esta situación presenta visos de realidad de cara al proceso electoral del 2014. Igualmente, son más que válidas preocupaciones que surgen luego de que quienes son los más ardientes abanderados de un proceso en estas “nebulosas” condiciones, empiezan ya a manifestar que sí es posible la transferencia de políticas públicas en los ámbitos de Salud y de Educación.

Sexto: Finalmente, debe usted saber señora Presidenta de que en el escenario actual que presenta nuestro país, que muestra que el problema número uno que enfrentamos es el crecimiento de la desigualdad y su corolario opuesto, la concentración de la riqueza; escenario que nos indica que ya estamos llegando a un 43 % de la Población Económicamente Activa (PEA), en la informalidad y en el cuentapropismo; la defensa del empleo y del derecho constitucional al Trabajo es una responsabilidad democrática y estratégica de primer orden, para una organización sindical como la que nos enorgullecemos en representar. De tal suerte que, en todo momento, en las más diversas circunstancias y acudiendo a todas las formas de lucha, hemos de asumir esa tarea que no es otra que garantizar la preservación del empleo a quienes lo ejercen con honorabilidad, con decoro y con vocación de servicio. Al hablar del tema de transparencia de competencias, es imperativo humanista tenerlo como aspecto central, número uno, estratégico, en tal escenario y la ANEP no va a renunciar a actuar en consecuencia.

Por tanto, honorable y distinguida señora Presidenta, le pedimos, con respeto, lo siguiente:

El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley sin que quede claridad del tema social y del empleo que acabamos de señalar. Se está poniendo en riesgo laboral a cerca de 10 mil personas trabajadoras asalariadas actuales del Gobierno Central, presuponiendo multimillonarias erogaciones financieras por concepto de despidos por reestructuración (en el caso del Poder Ejecutivo -Servicio Civil-), dineros que no se tienen.

El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley sin resolverse lo que su Gobierno, denomina “déficit fiscal”.

El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley que pretenda financiar la transferencia de competencias con nuevas cargas tributarias o nuevos impuestos de sesgo indirectos y en la línea de aumentar la regresividad impositiva.

El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias si no media un participativo proceso de consulta con los actores involucrados de suerte tal que elementos como lo social, lo fiscal, la eficiencia y la eficacia, la oportunidad de los servicios públicos, queden absolutamente asegurados.

El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias que abra paso a nuevas formas de clientelismo electoral y que genere efectos perversos de hasta triplicidades institucionales.

El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias sin cerciorarse de los imprescindibles grados de competencia estratégica instalada por parte de las municipalidades receptoras de las mismas, dándole participación directa a cada sector laboral que dentro de las mismas ostente legitimidad y representativas suficientes para opinar en el tema.

El Poder Ejecutivo debe abrir una mesa de diálogo social con negociación efectiva en este tema, involucrando a entes institucionales y de la sociedad civil con criterio, responsabilidades y propuesta en el tema, de forma tal que los proyectos que llegaren al parlamento: a) muestren un amplio consenso civil e institucional que no potencie innecesarios conflictos sociales; b) no atrofien, castren, invaliden, perturben, lo que es una correcta idea de política pública para generar gobiernos más cercanos a las necesidades de la gente; y, c) eviten que contaminemos un proceso de tal envergadura con aspiraciones electoralistas arribistas, oportunistas, de corto plazo y con la condenable manipulación de las necesidades de nuestros y de nuestras compatriotas más humildes.

El Poder Ejecutivo no debe permitir, avalar, respaldar, fomentar, incentivar reuniones de sus jerarcas interesados en el tema, mientras se mantenga un abordaje de tan delicada y neurálgica situación, en las condiciones en que se viene dando; tal y como lo fue el caso de la reunión cancelada la semana pasada ó el caso de la que está prevista para este venidero día miércoles 23 de febrero, tal y como el distinguido señor don Juan Rafael Marín Quirós, Ministro de la Descentralización y Desarrollo Local lo está anunciando. Continuar en esa línea es, simplemente, una provocación al conflicto social.

Es urgente, señora Presidenta, que usted nos reciba cuanto antes en audiencia al respecto y, por tanto, oficialmente y por esta vía, se lo estamos pidiendo.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Honorables señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa de la República.

cc.: Honorables ministros y ministras de Estado, Consejo de Gobierno de la República.

cc.: Honorables señores viceministros y señoras viceministras de Estado, Poder Ejecutivo.

cc.: Honorables señores magistrados y magistradas, Poder Judicial de la República.

cc.: Honorables alcaldías y concejos, municipalidades de Costa Rica.

cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.

cc.: Honorable Contraloría General de la República.

cc.: Excelentísimos señores obispos, Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

cc.: Excelentísimos señores obispo e integrantes, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).

cc.: Honorables señores y señoras, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

cc.: Honorables señores y señoras, Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO).

cc.: Honorables señores y señoras, Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED).

cc.: Honorables señores Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

cc.: Honorables señores y señoras, Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

cc.: Honorables señores y señoras, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

cc.: Trabajadores y trabajadoras de la administración Central del Estado y de las municipalidades.

cc.: Honorable Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

cc.: Honorable Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.

cc.: Honorable Movimiento Sindical Costarricense.

cc.: Honorable Movimiento Social Costarricense.

cc.: Honorable Movimiento Ecologista Costarricense

cc.: Grupo social “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y  productiva”.

cc.: Señores y señoras, medios de comunicación colectiva.

cc.: Archivo.