San José.- La Sala Constitucional, por unanimidad, declaró con lugar un recurso de amparo presentado por Rigoberto Araya Leitón, vecino de Cañas, Guanacaste quien acusa que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) no soluciona el problema de suministro de agua potable de ese cantón.  Agrega que desde hace unos meses el servicio se suspende de ocho de la mañana a cinco de la tarde, trayendo un gran perjuicio a todos los vecinos.

La declaratoria constitucional ordena que de inmediato se adopten las medidas necesarias y se ejecuten las acciones pertinentes a fin de que se corrijan los problemas y se garantice, tanto al recurrente como a los vecinos de la comunidad de Cañas, un suministro continuo y de calidad del servicio de agua potable.

Anudado a este mandato se ordena que se resuelva la gestión del amparado sobre su denuncia y reporte de anomalías relacionadas con fugas y averías en su comunidad.

La Sala ha reiterado, en diferentes ocasiones, que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida (sentencias 96-534, 2002-6157, 2004-1923).  Asimismo, evoca el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, los cuales deben ser prestados con elevados estándares de calidad, “el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente” (sentencia 2009-5851)

El amparo fue resuelto por sentencia 2011-2077 de las 14:32 horas del 23 de febrero de 2011.