San José.- La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a luchar contra el irrespeto de los derechos de las mujeres en el plano público y privado, en el mundo de las empresas y las instituciones y en la familia, pues asegura que existe un verdadero peligro de que estos problemas continúen “enraizados” en la estructura social y que la población los perciba como asuntos permanentes y de la cotidianidad dentro de la sociedad costarricense.

Para la Defensoría, la ruta crítica que atraviesa el país en materia de derechos de las mujeres van desde la muerte por su condición de mujer en manos de sus cónyuges o compañeros, las dificultades en los procesos de pensiones alimentarias, el crecimiento de denuncias por hostigamiento sexual en el empleo y la educación, el endoso de la responsabilidad del cuido de los hijos e hijas, y hasta la discriminación laboral que sufren las mujeres por su estado de embarazo.

A ello se suman casos tramitados en la Defensoría por restricción de derechos en el área de la salud por su condición de género, tales como lentitud en la respuesta en exámenes de mama en los centros hospitalarios o espera prolongadas de mamografías y tratamientos donde priva un reglamento que asigna procedimientos diferenciados en razón de la mama que padece el cáncer en detrimento del criterio médico.

“Tenemos como país la necesidad de visibilizar con insistencia esta cadena de violaciones hacia los derechos de las mujeres. En nuestras casas y empleos existe una mamá, una hija, una hermana, una prima, una sobrina, una nieta, una abuela, una trabajadora, que debe vivir libre de cualquier forma de violencia y discriminación. No es posible que podamos ver estos problemas como un asunto endémico, que cada vez golpea más a nuestra sociedad sin que haya una acción articulada que lo enfrente de manera sistémica e integral”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.

El año anterior, de acuerdo al Poder Judicial más de 50 mil mujeres gestionaron ante los Juzgados de Familia medidas de protección; hay un crecimiento del 17% de casos por hostigamiento sexual en el ámbito público de un año a otro según datos de la propia Defensoría; en estos primeros dos meses del año se registran ya varias muertes de mujeres en manos de sus compañeros o excompañeros y, todo hace indicar que la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, lejos de disminuir, tiene una tendencia hacia el aumento.

Muchas cosas por hacer

La Defensoría sostiene que si bien es cierto Costa Rica ha avanzado en materia legal para combatir el hostigamiento sexual o la violencia intrafamiliar, todavía hace falta adecuadas interpretaciones que se ajusten a los objetivos de las leyes especiales, así como asumir el acompañamiento legal de la víctimas, el cual recientemente le fue asignado al INAMU  y que deberá cumplir con el mandato legal.

También se requieren de reformas legales en otros ámbitos de la discriminación contra las mujeres en materia laboral de derechos de las trabajadoras con ocasión de la  maternidad y la corresponsabilidad del cuido. En ese sentido, la Defensoría propuso, entre otras cosas, un proyecto tendiente a la ampliación de la cobertura –que incluya a trabajadoras independientes, mujeres con hijos con alguna discapacidad-, la ampliación del periodo de licencia en determinadas circunstancias e incluso que se valore la posibilidad de incluir el tema de la licencia paternal y su responsabilidad en el acompañamiento de este proceso social, así como la eliminación de las pruebas de embarazo con fines laborales.

Otra preocupación que la Defensoría tiene en materia de derechos de las mujeres corresponde a las pensiones alimentarias, pues en muchas ocasiones, el trámite es lento y plagado de obstáculos, que dificultan el acceso de los recursos económicos vitales para la manutención, educación y calidad de vida que el corresponde a los hijos e hijas.

En esta materia de pensión alimentaria “Debe el Poder Judicial prestar bastante atención a las voces de las mujeres que viven la judicialización de la reivindicación de sus derechos, para buscar medidas que mejoren la calidad del servicio y de los mecanismos de articulación interinstitucionales.  Recientemente recibimos de un grupo de mujeres una solicitud de intervención porque señalan que los problemas más frecuentes que tienen ante los procesos de pensiones alimentarias van desde carencia de personal en los juzgados hasta dificultades para la localización y notificación a sus exparejas, y para establecimiento de un monto justo de pensión alimentaria. Un promedio de 25 mil expedientes al año ingresan por ese concepto a las instancias judiciales, lo que constituye un elemento objetivo de atención prioritaria.”, agregó Taitelbaum.