En la Asamblea se discute descongestionar Sala IV - TicoVisión 
la reforma busca actualizar los alcances del artículo 10 de la Constitución Política, reafirmando el modelo concentrado de justicia constitucional que existe en Costa Rica
03 de Marzo de 2011
TicoVisión
Redacción/AL
Costa Rica
En la Asamblea se discute descongestionar Sala IV
El Plenario Legislativo dio primera lectura al expediente 17926, que pretende descongestionar la Sala Constitucional ante la acumulación de recursos que recibe.
Esta reforma pretende facultar a la Asamblea Legislativa mediante la modificación del artículo 48 de la Carta Política, para que los recursos de amparo, hábeas corpus y hábeas data puedan ser resueltos por otros tribunales distintos de la Sala Constitucional, de forma tal que esta descentralización favorezca un reparto racional de estos asuntos y puedan ser resueltos con el estudio y atención que ameritan.
La razón que se argumenta es que la Sala Constitucional tiene muchos casos por resolver y no puede salir adelante con los recursos que se le plantean.
Esta reforma pretende facultar a la Asamblea Legislativa mediante la modificación del artículo 48 de la Carta Política, para que los recursos de amparo, hábeas corpus y hábeas data puedan ser resueltos por otros tribunales distintos de la Sala Constitucional, de forma tal que esta descentralización favorezca un reparto racional de estos asuntos y puedan ser resueltos con el estudio y atención que ameritan.
La razón que se argumenta es que la Sala Constitucional tiene muchos casos por resolver y no puede salir adelante con los recursos que se le plantean.
Otro objetivo de la reforma es darle rango constitucional a un instituto, de cuya incorporación al modelo jurisdiccional en esta materia se viene discutiendo por largo tiempo en círculos académicos y parlamentarios, cual es el hábeas data.
Según se explica en su exposición de motivos “este instituto, propio de la sociedad de la información en la que nos desenvolvemos, busca garantizar las prerrogativas fundamentales que asisten a los ciudadanos en cuanto objetos informativos, cada vez más vulnerables dado el avance tecnológico actual, convirtiéndose en un remedio efectivo contra las transgresiones al derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido terceros en bases de datos, así como las demás garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de dichas informaciones, protegiéndose de esta forma los principios de autodeterminación informativa, acceso a los datos personales, cesión consentida y consentimiento informado”.
Finalmente, la reforma busca actualizar los alcances del artículo 10 de la Constitución Política, reafirmando el modelo concentrado de justicia constitucional que existe en Costa Rica, en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pero siendo consecuente con la posibilidad de que otras instancias jurisdiccionales tengan la capacidad de anular normas infralegales.
La segunda lectura se fijó para el próximo 10 de marzo.
Según se explica en su exposición de motivos “este instituto, propio de la sociedad de la información en la que nos desenvolvemos, busca garantizar las prerrogativas fundamentales que asisten a los ciudadanos en cuanto objetos informativos, cada vez más vulnerables dado el avance tecnológico actual, convirtiéndose en un remedio efectivo contra las transgresiones al derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido terceros en bases de datos, así como las demás garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de dichas informaciones, protegiéndose de esta forma los principios de autodeterminación informativa, acceso a los datos personales, cesión consentida y consentimiento informado”.
Finalmente, la reforma busca actualizar los alcances del artículo 10 de la Constitución Política, reafirmando el modelo concentrado de justicia constitucional que existe en Costa Rica, en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pero siendo consecuente con la posibilidad de que otras instancias jurisdiccionales tengan la capacidad de anular normas infralegales.
La segunda lectura se fijó para el próximo 10 de marzo.
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