Detalla que la omisión en el nombramiento de personas conciliadoras en los plazos establecidos en el Código Procesal Laboral o la inasistencia injustificada a la diligencia de conciliación y cualquier otra conducta tendiente a obstaculizar se castigarán con multa de 5 a 8 salarios mensuales base.

Otra de las mociones aprobadas se encuentra la que prohíbe a los patronos a negar permisos a los trabajadores para ausentarse del lugar donde trabaja cuando éstos deban comparecer como testigos en los tribunales y tampoco rebajar salarios por tal motivo y el empleado deberá presentar al patrono la orden de citación.

El contenido de la propuesta de reforma se divide en grandes áreas, a saber, el derecho colectivo de trabajo; la prescripción de los derechos laborales; los procedimientos para la solución de los conflictos jurídicos individuales; y el proceso para ventilar las acusaciones por las infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social.

En el texto se mantiene el actual Tribunal de Trabajo con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, el cual asume funciones de Tribunal de Apelaciones reduciéndose el número de jueces y posibilitando la creación de secciones.