Ya era necesario llevar caso de vía a Caldera a sede judicial - TicoVisión 
La Defensoría es enfática en manifestar que los informes técnicos que sustentan la denuncia abarcan todo el proceso de desarrollo de la obra concesionada.
16 de Marzo de 2011
TicoVisión
Redacción | Defensoría
Costa Rica
Defensoría afirma que ya era necesario que caso de la vía a Caldera se llevara a la sede judicial
La Defensoría de los Habitantes sostiene que existen suficientes argumentos jurídicos y técnicos que posibilitarán al Ministerio Público el estudio detallado de la denuncia penal interpuesta por esta institución sobre el caso de la vía a Caldera.
Para la Defensoría no es válida jurídicamente la posición expresada por la ex presidenta del Consejo Nacional de Concesiones, Karla González Carvajal, entregada a los medios de prensa mediante un correo electrónico, pues la Defensoría respalda su posición en un minucioso estudio de la situación descrita en la denuncia sobre la obra otorgada en concesión a la empresa Autopista del Sol. En el documento se evidencia la posible presencia de delitos de acción pública que deberán ser objeto de estudio por el órgano judicial competente.
La Defensoría es enfática en manifestar que los informes técnicos que sustentan la denuncia abarcan todo el proceso de desarrollo de la obra concesionada, incluso aquellos previos a la apertura provisional de la carretera tales como los emitidos por IMNSA, empresa supervisora de la obra en ese momento, quienes señalaron más de 200 no conformidades desde el año 2008, cuando la ex funcionaria González Carvajal se encontraba en ejercicio de sus funciones.
“La reacción de la señora González lamentablemente atiende más bien al desconocimiento de la labor de la Defensoría, ya que es nuestro deber como institución poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República cuando existen indicios que pueden reflejar la presencia de posibles delitos y así están documentados ampliamente en nuestra denuncia. El establecimiento de las responsabilidades no corresponde a la Defensoría sino a los órganos competentes en su momento en el
La Defensoría es enfática en manifestar que los informes técnicos que sustentan la denuncia abarcan todo el proceso de desarrollo de la obra concesionada, incluso aquellos previos a la apertura provisional de la carretera tales como los emitidos por IMNSA, empresa supervisora de la obra en ese momento, quienes señalaron más de 200 no conformidades desde el año 2008, cuando la ex funcionaria González Carvajal se encontraba en ejercicio de sus funciones.
“La reacción de la señora González lamentablemente atiende más bien al desconocimiento de la labor de la Defensoría, ya que es nuestro deber como institución poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República cuando existen indicios que pueden reflejar la presencia de posibles delitos y así están documentados ampliamente en nuestra denuncia. El establecimiento de las responsabilidades no corresponde a la Defensoría sino a los órganos competentes en su momento en el
marco del debido proceso. La Defensoría es un canal para que los derechos de los y las habitantes sean respetados”, dijo esta mañana Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes.
Con base en el principio de continuidad de la actividad de la Administración Pública esta Defensoría con ocasión del proceso de concesión de la autopista San José-Caldera no realizó un ejercicio de sus competencias de control de legalidad únicamente al momento del recibo de las obras, sino muy por el contrario, procedió a ejecutar un seguimiento en las relaciones contractuales administrativas que se llevaban a cabo entre el Estado y la concesionaria, así como el inicio de la ejecución de la obra y todas las vicisitudes que el desarrollo de la misma conllevan hasta su entrega y puesta en funcionamiento.
En el marco de dichas actividades, esta Defensoría no redujo su intervención a la entrega de las obras al Estado por parte de la concesionaria, sino que intervino en las distintas etapas siendo que cada una de ellas implica responsabilidades y cumplimiento de obligaciones ineludibles por parte de los funcionarios públicos en aras velar por los intereses de la Administración; más aún, particularmente en todo proceso de concesión de obra pública hay un deber ineludible de fiscalización que no puede reducirse al momento de entrega de las obras al Estado sino que debe observarse desde el mismo momento en que se inicia el desarrollo de las mismas.
Para la Defensoría hacer creer a la opinión pública que la responsabilidad inicia a partir de la puesta en servicio de la carretera, como lo insinúa la señora González Carvajal en el correo, es desconocer que previo a ello, existe una obligación derivada de norma con rango legal que obliga a fiscalizar la construcción de la obra, labor que le competía al propio Consejo Nacional de Concesiones, del cual ella era su presidenta.
El tema de la fiscalización no se reduce exclusivamente a la entrega de la obra; más bien, el recibo y puesta en servicio provisional resultan ser etapas finales de un proceso complejo como lo es la concesión de obra pública y, la fiscalización en ese sentido debería ser la consecuencia del respeto a los términos contractuales y elementos técnicos que deben regir todo el proceso de la obra.
Precisamente la Defensoría presenta la denuncia ante el Ministerio Público luego de un serio análisis de los hechos y para que en el marco de respeto de un proceso judicial se aclaren las responsabilidades que en estos momentos unos y otros se atribuyen.
Con base en el principio de continuidad de la actividad de la Administración Pública esta Defensoría con ocasión del proceso de concesión de la autopista San José-Caldera no realizó un ejercicio de sus competencias de control de legalidad únicamente al momento del recibo de las obras, sino muy por el contrario, procedió a ejecutar un seguimiento en las relaciones contractuales administrativas que se llevaban a cabo entre el Estado y la concesionaria, así como el inicio de la ejecución de la obra y todas las vicisitudes que el desarrollo de la misma conllevan hasta su entrega y puesta en funcionamiento.
En el marco de dichas actividades, esta Defensoría no redujo su intervención a la entrega de las obras al Estado por parte de la concesionaria, sino que intervino en las distintas etapas siendo que cada una de ellas implica responsabilidades y cumplimiento de obligaciones ineludibles por parte de los funcionarios públicos en aras velar por los intereses de la Administración; más aún, particularmente en todo proceso de concesión de obra pública hay un deber ineludible de fiscalización que no puede reducirse al momento de entrega de las obras al Estado sino que debe observarse desde el mismo momento en que se inicia el desarrollo de las mismas.
Para la Defensoría hacer creer a la opinión pública que la responsabilidad inicia a partir de la puesta en servicio de la carretera, como lo insinúa la señora González Carvajal en el correo, es desconocer que previo a ello, existe una obligación derivada de norma con rango legal que obliga a fiscalizar la construcción de la obra, labor que le competía al propio Consejo Nacional de Concesiones, del cual ella era su presidenta.
El tema de la fiscalización no se reduce exclusivamente a la entrega de la obra; más bien, el recibo y puesta en servicio provisional resultan ser etapas finales de un proceso complejo como lo es la concesión de obra pública y, la fiscalización en ese sentido debería ser la consecuencia del respeto a los términos contractuales y elementos técnicos que deben regir todo el proceso de la obra.
Precisamente la Defensoría presenta la denuncia ante el Ministerio Público luego de un serio análisis de los hechos y para que en el marco de respeto de un proceso judicial se aclaren las responsabilidades que en estos momentos unos y otros se atribuyen.
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