Distinguidas señoras y señores representantes de las organizaciones de la sociedad civil

Distinguidas señoras y distinguidos señores invitados especiales,

     Quisiera, antes que todo, agradecer a la Presidencia del Consejo Permanente por el espacio tan propicio para exponer, en mi condición de Presidente del Grupo de Trabajo, sobre el estado actual de las negociaciones relativas al Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

     La creación de un Grupo de Trabajo, en el seno de la OEA y con vistas a la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, fue una decisión adoptada por los Estados en la Asamblea General del 2005 en Fort Lauderdale.

     Esta fue, indudablemente, una decisión marcada por el serio compromiso de la OEA con el combate para la erradicación del racismo y de todas las formas de discriminación e intolerancia, en la convicción de que estas últimas representan una negación de valores universales, de derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos, principios y garantías previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

     Este es un compromiso que, indudablemente, se mantiene vigente hoy en la Organización y que mantienen en vigor los países del hemisferio, pero que requiere de renovados esfuerzos.

     En la Cumbre de las Américas del 2005 y la Declaración de Mar del Plata, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno a la vez que señalaron el compromiso de nuestros pueblos de enfrentar el flagelo del racismo, la discriminación y la intolerancia en todos los niveles de gobierno y la sociedad en general, también reiteraron su empeño en cumplir plenamente las obligaciones asumidas mediante la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Asimismo, reconocieron que el Sistema Interamericano tiene un papel vital en este proceso, a través del análisis de los obstáculos sociales, económicos y políticos que enfrentan los grupos marginados y en la identificación de pasos prácticos, incluyendo las mejores prácticas sobre cómo combatir el racismo y la discriminación y, para esos mismos efectos, apoyaron de manera expresa el establecimiento del Grupo de Trabajo a cargo de, entre otros, la preparación del Proyecto de Convención Interamericana de Prevención del Racismo y de todas las Formas de Discriminación e Intolerancia y, además, alentaron la labor de este Grupo de Trabajo para combatir el racismo, la discriminación e intolerancia a través de los medios disponibles “como un asunto de la más alta prioridad”. Compromiso que, a su vez, fue reiterado en el 2009 en el marco de la última Cumbre de las Américas, a través de la en la Declaración de Puerto España, al señalar que nuestros países continuarían realizando esfuerzos para concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

     La creación en el 2005 de un Grupo de Trabajo con vistas a la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana fue, sin duda alguna, una decisión marcada históricamente por la Declaración y el Plan de Acción de Santiago del año 2000, adoptados por los países del hemisferio en la Conferencia Regional de las Américas, celebrada en aquella ciudad en preparación de la Conferencia Mundial de Durban del 2001 contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y firmemente alentada por el interés y el fuerte impulso que, desde las Américas, los países del hemisferio y la Organización brindaron al proceso de Durban. No fue en vano que en la Cumbre de las Américas de Quebec del 2001, a través de su Plan de Acción, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas se habían comprometido a apoyar los esfuerzos realizados en el marco de la OEA, orientados a “la consideración de la necesidad de elaborar una Convención Interamericana contra el racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia”.

     La creación en el 2005 de un Grupo de Trabajo con vistas a la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana, fue, además, una decisión precedida por el reconocimiento expreso hecho en Santiago en el año 2000 (en el marco de la Conferencia Regional Preparatoria) de que “el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia todavía persisten en las Américas, a pesar de los esfuerzos realizados por los Estados de la región, y continúan siendo causa de sufrimientos, desventajas y violencia, así como de otras violaciones graves de los derechos humanos, que deben ser combatidos por todos los medios disponibles como asunto de la máxima prioridad”, y por las diversas resoluciones de la Asamblea General producidas a partir de ese año, que han reconocido la misma problemática.

     La creación en el 2005 de un Grupo de Trabajo con vistas a la elaboración de un proyecto de convención interamericana, fue a la vez una decisión circunscrita en un contexto marcado acaso por los logros, pero también por los retos pendientes luego de la Conferencia Mundial de Durban, y a la par de otras importantes decisiones adoptadas en la Organización, como lo fue precisamente la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese mismo año 2005 durante su 122º período de sesiones de febrero y marzo, de crear una Relatoría Especial sobre los Derechos de los Afrodescendientes y sobre la Discriminación Racial, habiendo sido designado como su primer Relator un prominente ciudadano de Antigua y Barbuda, el entonces Comisionado y Presidente de la CIDH, Sir Clare Kamau Roberts, cargo ejercido actualmente por una ilustre ciudadana salvadoreña, la Comisionada María Silvia Guillén, y quienes nos honran hoy con su participación en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

     El mandato otorgado inicialmente al Grupo de Trabajo por la Asamblea General de Fort Lauderdale del 2005, lo fue para que continuase abordando, como un asunto prioritario dentro de la OEA, la prevención, el combate y la erradicación del racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia.  Bajo esa perspectiva, se le encomendó al Grupo la convocatoria de una Sesión Especial de reflexión y análisis.

     Como resultado de esas labores, en abril del 2006 el Grupo de Trabajo, bajo la acertada Presidencia del Brasil, presentó el anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia para que sirviese como base para las negociaciones de una futura Convención, y tras haberse recibido contribuciones de los Estados miembros, representantes de la sociedad civil, especialistas de las Naciones Unidas, de los órganos, organismos y entidades del Sistema Interamericano, así como de otras entidades regionales e internacionales.

     Subsecuentemente, la Asamblea General de Santo Domingo, en junio del 2006 autorizó al Grupo de Trabajo para iniciar las negociaciones sobre el documento presentado como base para estas, con lo que el anteproyecto pasó a convertirse en el proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, y le instruyó para que, en el marco de esas negociaciones, continuase recibiendo contribuciones de los Estados miembros, de los órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas y de organizaciones regionales, de los pueblos indígenas, empresarios y grupos laborales, y de organizaciones de la sociedad civil.

     La Asamblea General ha venido, desde entonces, renovando dicho mandato; lo hizo en el 2007 en Panamá, en el 2008 en Medellín y en el 2009 en San Pedro Sula.  También lo hizo en el 2010 en Lima, aunque con algunos matices, que son los que nos tienen en estos momentos en procesos de negociación -dentro del Grupo- sobre el alcance de la Convención y sobre la metodología a ser implementada.  Por lo tanto, ese ha sido el marco conceptual dentro del que, en términos generales, se han desarrollado los trabajos del Grupo y dentro del cual se ha producido un Documento Consolidado que, a través de distintas versiones revisadas, ha venido recogiendo sucesivamente el avance en las negociaciones y las contribuciones hechas sobre la base de aquel documento originalmente presentado como anteproyecto en el 2006.

     Como Presidente del Grupo Encargado de Elaborar un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, debo reconocer humilde, pero realistamente que los avances en el proceso de negociación han sido modestos, a pesar del compromiso expresado por nuestros Jefes de Estado y de Gobierno a través de los procesos de Cumbres de las Américas en las distintas declaraciones y documentos, y de los compromisos expresados en la OEA desde la Asamblea General a través de las distintas resoluciones que otorgan un mandato específico, desde el inicio formal de las negociaciones en el 2006, sobre la base de un único instrumento convencional.

     El punto de inflexión de este proceso ha sido marcado en el curso de las negociaciones  previas a la Asamblea General del 2010 en Lima, tras la propuesta respaldada por un importante número de países y hecha entonces por la distinguida delegación de Antigua y Barbuda, que propone la revisión del mandato original señalado al Grupo de Trabajo para la elaboración y negociación de un único instrumento internacional, y procura la elaboración y negociación de una convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial y, de manera simultánea y concurrente, la de uno o más Protocolos Facultativos, del mismo valor jurídico que aquella y que verse(n) sobre Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

     Cabe recalcar que, aun cuando todos los países del hemisferio, sin excepción, han manifestado su compromiso y resuelta determinación en el combate del racismo y de todas las formas de discriminación e intolerancia, y su convicción de que esos flagelos representan una negación de valores universales y  de los derechos inalienables e inviolables de la persona humana, las diferencias de criterio se han producido en la tarea de abordar la problemática desde la OEA, ya sea a través de un único instrumento internacional que resulte jurídicamente vinculante o a través de dos o más instrumentos.  Estas diferencias de enfoque entre las delegaciones, han imposibilitado al Grupo de Trabajo las negociaciones sobre la base del Documento Consolidado, que se nutre de un único instrumento internacional sobre la base del anteproyecto del 2006.

     Costa Rica, gustosamente ha asumido el reto de Presidir durante este período las labores del Grupo Encargado de Elaborar un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, con la convicción de que resulta posible un entendimiento entre nuestros países sobre los aspectos metodológicos del proceso que aún están pendientes de determinación en el abordaje de una problemática, en la cual todos los países nos hallamos de acuerdo en el fondo del asunto y en la necesidad de procurar soluciones, desde la OEA, para enfrentar el racismo y de todas las formas de discriminación e intolerancia.

     El proceso de reflexión a que han obligado las diferentes propuestas metodológicas, y las consultas realizadas a los Estados Miembros, han permitido a la Presidencia del Grupo de Trabajo identificar a lo largo de este año una posición mayoritariamente favorable a la propuesta de Antigua y Barbuda, luego desarrollada y perfeccionada por enmiendas introducidas en el curso de las deliberaciones, y que se inclinarían por la negociación de una convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial y, a la vez de uno o más Protocolos Facultativos, del mismo valor jurídico que aquella y que verse(n) sobre Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, en el entendido de que dichos instrumentos serían serán negociados y aprobados de manera simultánea y concurrente.

     De las consultas realizadas a los Estados es posible concluir que un total de quince países se ha pronunciado de manera explícita o formalmente, a la fecha, a favor de esta posibilidad y otros lo han hecho además informalmente.  A la fecha de hoy, un total de siete países se inclina por favorecer el proceso de negociación bajo un único instrumento internacional, de los cuales seis países han manifestado encontrarse a la espera de una determinación final de parte de sus respectivas capitales, y de los cuales un país ha manifestado expresamente su predilección por un único texto convencional.

     Ante la dificultad de arribar a puntos de encuentro entre las delegaciones en el seno del Grupo de Trabajo, el asunto fue llevado a la consideración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos bajo la Presidencia del Embajador Hugo de Zela, Representante Permanente del Perú, para lo cual en mi calidad de Presidente presenté un Informe Sobre el Estado Actual de las Negociaciones, y en el marco de esa Comisión el día 4 de marzo último se determinó autorizar al Grupo de Trabajo para la elaboración y negociación de un proyecto de resolución para que la próxima Asamblea General de junio del 2011 a ser celebrada en San Salvador, se actualice y revise el mandado correspondiente, en forma tal que responda a las nuevas circunstancias que en el último año han surgido.

     Por lo tanto, en las próximas semanas el Grupo de Trabajo se abocará a dicha tarea.  La negociación de un proyecto de resolución que procure una revisión de los mandatos originales de Fort Lauderdale del 2005 y de Santo Domingo del 2006, que faculte al Grupo de Trabajo para la elaboración y negociación de más un instrumento internacional, parece una salida razonable y plausible, ante las vicisitudes que ha enfrentado ese Grupo en años anteriores y que finalmente permita abordar, mediante los instrumentos internacionales correspondientes, la erradicación del racismo y la discriminación racial, así como también de toda otra forma de discriminación e intolerancia, en la perspectiva de que el conjunto de esos instrumentos procurará de manera simultánea y concurrente un tratamiento integral de esos flagelos en las Américas.

     La intención de la Presidencia, respaldada por una acuerdo adoptado en el seno del Grupo de Trabajo y por los países del CARICOM, de procurar un espacio de participación en esta actividad conmemorativa del Año Internacional de los Afrodescendientes, responde a la necesidad e interés manifiesto de exponer ante las distinguidas delegaciones sobre el momento de definición en que se encuentra el Grupo de Trabajo.

     En estos momentos de definición y redefinición, el apoyo político de los Estados al proceso resulta un elemento esencial para orientar para orientar y encauzar los esfuerzos internacionales dentro de las Américas, y desde la OEA, para abordar la lucha contra el racismo y la discriminación racial, así como contra toda otra forma de discriminación e intolerancia.

Señora Presidenta,

     Permítame concluir señalando que la conmemoración del Año Internacional de los Afrodescendientes parece ser una ocasión más que propicia para renovar nuestro compromiso con esta causa y el respaldo a un esfuerzo colectivo que se encuentra en curso y se halla abierto a la participación de todos los Estados y de la sociedad civil, que busca continuar siendo amplio y participativo, y que además requiere una pronta determinación.

Muchas gracias.