El estudio, realizado entre 2008-2009, midió múltiples dimensiones de la pobreza infantil en América Latina y el Caribe, vinculando cada una al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que entró en vigencia en 1989. Tomó en cuenta factores como la nutrición, acceso a agua potable, conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda y el número de personas por habitación, asistencia a la escuela y acceso a medios de comunicación e información, cuya privación contribuye a un cuadro de pobreza y exclusión social.

Además, el análisis consideró el nivel de ingresos de sus hogares y la capacidad potencial de que estos recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas.

“A fin de eliminar el flagelo de la pobreza infantil, los gobiernos deben integrar las políticas sociales, las políticas de empleo y las políticas macroeconómicas. Esto requiere asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, aumentar la provisión y la calidad de los servicios, como también ampliar los sistemas de protección social”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Bernt Aasen, Director Regional  de UNICEF para América Latina y el Caribe en el prólogo del documento.

En materia de políticas públicas, el informe indica que para avanzar en la superación de la pobreza infantil es necesario invertir en la infancia y  reducir las persistentes desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género presentes en todos los países de la región. Este proceso debe realizarse desde las edades más tempranas de modo de romper la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Finalmente, detalla las intervenciones públicas a nivel multisectorial que deberían ponerse en marcha para eliminar la pobreza infantil, especialmente asegurar los derechos a la alimentación y a la salud, al agua, al saneamiento,  a la educación y a la información.