Por esta razón, el MEIC llevó a cabo una revisión y actualización del modelo de costos que le permitió decretar una reducción en el precio fijado del saco de arroz (calidad 80/20) de 73,6 kilos de ¢24,315 colones, a ¢20,050 colones, el cual entró a regir a partir del 1 de enero de este año.No obstante, a través de un proceso contencioso administrativo interpuesto por los productores de arroz, el Juzgado decidió el establecimiento de  una medida cautelar que fijó el precio a ¢22,604 colones.

El fijar este precio en el mes de marzo, por encima del fijado por el MEIC basado en estudios técnicos que pretendían desestimular la producción excesiva del arroz atraída únicamente por el precio, demuestra una vez más que se ha generado una distorsión en este sector, en vista deltraslado de otras actividades agrícolas hacia la actividad arrocera.

Esto ha estimulado un aumento en el  número de productores, al crecer de 970 en el periodo 2008-2009, año en el cual se fijó el precio en ¢24,315 colones, a un total de 1,482 productores en el último periodo 2010- 2011. Esto, según estima CONARROZ, dará como consecuencia un aumento en el área sembrada por un monto cercano a las 15,000 hectáreas para este año, con sus consecuencias por la falta de capacidad de recibo y de secado.

A esta situación hay que sumarle el agravante que también ha sido señalado por el MEIC reiteradamente, que el aumento en el nivel de producción no está acompañado de un aumento en la productividad, reduciéndose de 3,7 toneladas por hectárea a un promedio de 3,4.

Es por esta razón, que el Poder Ejecutivo ha insistido en que la política arrocera no debe estar bajo ningún motivo basada en la fijación de precios, sino que debe responder a una visión de desarrollo integral que concentre los esfuerzos en el aumento de la productividad del histórico pequeño y mediano productor arrocero.  Por ello, en el mes de enero se dio a conocer la Propuesta de Política Arrocera Nacional, que ha sido complementada recientemente con las sugerencias de la consulta a las diferentes regiones productivas. Esta política tiene como objetivo dotar al productor de herramientas para aumentar su competitividad, a través de un fortalecimiento de los procesos de capacitación, asistencia técnica, mejora de las condiciones de acceso al crédito y traslado de la infraestructura pública para el almacenamiento de granos a organizaciones de productores.

El Gobierno de la República fue responsable al anunciar su propuesta de política pública para el sector y una fijación de precios prudente que no alentará aumentos desmedidos de la producción.  Lamentablemente, ante la fijación de precios resuelta por un Juzgado, se están viviendo las nefastas consecuencias que se querían prever como lo son: perjuicios al productor ante la imposibilidad de colocar su cosecha;  transferencia de la factura al  consumidor por tener que pagar  el cuarto precio más alto del mundo del arroz,  lo que está provocando una disminución de su consumo por parte de las familias de menos recursos  y finalmente,  se están incrementando las posibilidades de una denuncia en contra de nuestro país ante la OMC por incumplimiento de nuestros acuerdos internacionales lo que atenta contra el propio sector así como también contra el sector exportador costarricense en general.