Asimismo instan a los gobiernos a que pongan en práctica modelos de regulación de drogas dentro de los marcos de la ley para socavar el poder del crimen organizado, y a que salvaguarden la salud y la seguridad de sus ciudadanos, prestando servicios sanitarios y tratamiento a quienes lo necesiten, y ofreciendo medidas de prevención.

El informe indica que la guerra contra el consumo de drogas sólo ha fortalecido al narcotráfico y a la delincuencia organizada, al mismo tiempo que se cobra miles de vidas y supone millones de dólares de  pérdidas para el contribuyente.

El documento, citado por Los Angeles Times, recalca que hace ya medio siglo que la ONU adoptó la Convención Única de Estupefacientes, y que cuarenta años después de que el Presidente Nixon lanzara su guerra contra las drogas, la lucha mundial no ha tenido éxito. Asimismo el informe presenta datos de la ONU, según los cuales el consumo mundial de marihuana aumentó más de un 8% y el de cocaína un 27% entre 1998 y 2008.

El grupo también cree que no se puede tratar como criminales a 250 millones personas que consumen drogas en todo el mundo. En línea con el informe, el ex presidente de Colombia, César Gaviria, declaró que los drogadictos son personas enfermas: “la gente tiene un problema de salud y tú tienes que lidiar con el problema de esa forma, no sólo metiendo personas en la cárcel. Eso no resuelve el problema social”.

Según Gaviria, no se trata de legalizar las drogas, sino de la necesidad de dejar de definir el consumo de sustancias actualmente prohibidas como un problema de naturaleza criminal.

Los miembros de la comisión están seguros de que los políticos deberían atreverse a reconocer públicamente que las estrategias de la lucha contra las drogas con el uso de la fuerza no pueden resolver este problema.

El informe, que se muestra especialmente crítico con EE.UU., indica que las autoridades estadounidenses tienen que evitar la criminalización de los consumidores en las campañas antidroga. Sin embargo, esta visión no es compartida por la Casa Blanca. En su día, el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Gil Kerlikowske, explicó a Los Angeles Times que “la legalización de  drogas peligrosas sería un profundo error que aumentaría su consumo y acarrearía consecuencias más graves”.

El portavoz de dicha Oficina, Rafael Lemaitre, comentó este informe e indicó, que “facilitar el acceso a las drogas, como sugiere este documento, dificultará el mantenimiento de  la seguridad y la salud pública en nuestras comunidades”. Lemaitre también presentó datos que demuestran que el consumo de drogas en EE.UU. ha descendido en los últimos 30 años, y que el consumo de cocaína cayó un 46% entre adultos jóvenes en los últimos cinco años.

El nuevo enfoque de los expertos de la Comisión Global de Políticas de Drogas también ha suscitado polémica en México. Según EFE, el Gobierno de México afirma estar abierto a un debate "integral y global" sobre la regulación de las drogas porque -sostiene- tomar medidas parciales es "insuficiente e ineficaz".

"Tomar medidas parciales es insuficiente e ineficaz porque es un fenómeno trasnacional, con una estructura de mercado internacional y que requiere ser analizado en un contexto mucho más amplio que en un solo Estado", señaló el Gobierno mexicano a través de un comunicado de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Para el gobierno mexicano es importante "incluir los retos que afrontan los países productores, de tránsito y consumidores, al tiempo que se deben considerar las implicaciones en materia de salud pública y seguridad, así como las relaciones entre los agentes económicos".

El Gobierno mexicano asegura que ampliar el consumo de drogas en mercados relevantes sin  tomar las medidas adecuadas que impacten en el mercado y en la cadena productiva "genera mayores estímulos económicos para los criminales". También pide separar el debate relativo a la legalización de las drogas con el de seguridad, ya que "la legalización no termina con la delincuencia organizada ni con su rivalidad y violencia".

"Si pensamos que el crimen organizado en México es igual a narcotráfico, pasamos por alto que el crimen organizado comete también otros delitos como secuestro, extorsión y robo", apuntó. Partiendo de esta base, dijo, el Gobierno mexicano desarrolla la Estrategia Nacional de Seguridad, "que aborda los retos del fenómeno criminal de una manera integral, a través del despliegue de Fuerzas Federales (...), la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento institucional (...) y la cooperación internacional".