San José.-Danilo Sancho, Vicepresidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, recomendó reformar la Ley Reguladora sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el país, pues es muy obsoleta, debido a que fue creada en 1936.

Sancho fue invitado esta mañana a la Comisión Especial de Turismo, para que externara su criterio en relación con el expediente 17257, Ley que regula esta tema.

“Estamos muy contentos por la posibilidad de cambiar una ley que es muy obsoleta porque data de 1936, y nos ha venido poniendo muchas trabas para poder trabajar”, dijo el represente de la cámara.

En este sentido añadió que su institución fue creada hace más de 29 años, con la incorporación de pequeñas y grandes cadenas de restaurantes y hoteles, por lo que la meta fundamental era consolidar el gremio de alimentos y bebidas en el país.

El compareciente manifestó que una de las principales trabas que tiene la ley estriba en la limitación de patentes de licores, debido a que en muchos cantones del país se llega a pagar hasta 7 mil dólares por una de ellas.

“Eso limita mucho para alguien que quiere poner un restaurante, ya tienen todo montado, y cuando están listos para abrir, les dicen que no, y tienen que resolver el problema a ver como la alquila y les cobran unas cantidades exorbitantes”. La oportunidad de quitar ese tope de patentes para nosotros es algo grandioso y queremos aprovecharla”, dijo.

Otros de los aspectos que recomendó el representante de la Cámara es la renovación de estos instrumentos, pues según dijo en la mayoría de las ocasiones queda sujeta al criterio de los funcionarios municipales.

Así mismo se refirió a las distancias que debe tener un restaurante o bar, en comparación con las escuelas, colegios e iglesias, debido a que en el nuevo texto se establece una distancia de 400 metros. Esa distancia es considerada como muy poca, debido a que Costa Rica es un país pequeño y en los centros de los cantones y distritos todo está a menos de esa medida.

Finalmente, en cuanto al tema de los horarios manifestó que en el proyecto queda a disposición de las municipalidades, lo que traería problemas, debido a que habrá 81 criterios diferentes.

“Aquí nos topamos con el encarecimiento en algunas zonas, porque en las que hay horarios más extensos se van a tener los alquileres muy caros y trabajar en esas zonas será más difícil que en otras y quienes van a sumir los costos son los consumidores finales”, puntualizó Sancho.