público”, por lo que es fundamental que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

Que es necesario fortalecer la labor del comunicador/a para que cuando difunda noticias y en caso de ser querellado/a, el acusador debe probar que éste tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Esto con el fin de descriminalizar el ejercicio del periodismo y fortalecer el derecho colectivo de la sociedad de conocer todas las informaciones de interés público.

La Alianza Regional en la “Declaración de San Salvador”, del pasado 3 de junio, presentada ante la Asamblea General de la OEA, instó a derogar o enmendar las leyes que tipifican como delito el desacato, la difamación, la injuria y la calumnia. Así como también, exhortó a exonerar de cualquier sanción penal las manifestaciones de aquellas informaciones y opiniones de interés público, tomando como referencia lo establecido en el caso Kimel vs. Argentina y los anteriores fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.