En ''materia penal'' latinoamericanos se darán asistencia - TicoVisión 
Entre esos instrumentos jurídicos se encuentran el Tratado de asistencia legal mutua en asuntos penales entre los países centroamericanos.
09 de Junio de 2011 | TicoVisión | Redacción - AL | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
La Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior le dio dictamen afirmativo a la iniciativa 17126 que contiene la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal.
Los legisladores que le dieron el visto bueno a esta propuesta cimentan su posición en la urgencia de fortalecer la cooperación penal internacional para combatir la delincuencia, la cual “no tiene fronteras”.
Un total de 34 naciones latinoamericanas a las que se unen Canadá y Estados Unidos, firmaron esta convención que se aprobó en Nassau, Bahamas, desde el año 1992 y comenzó su aplicación a partir de 1996. Nuestro país es uno de los pocos firmantes que aún restan por ratificarla.
Costa Rica ya cuenta con otros convenios y tratados
Los legisladores que le dieron el visto bueno a esta propuesta cimentan su posición en la urgencia de fortalecer la cooperación penal internacional para combatir la delincuencia, la cual “no tiene fronteras”.
Un total de 34 naciones latinoamericanas a las que se unen Canadá y Estados Unidos, firmaron esta convención que se aprobó en Nassau, Bahamas, desde el año 1992 y comenzó su aplicación a partir de 1996. Nuestro país es uno de los pocos firmantes que aún restan por ratificarla.
Costa Rica ya cuenta con otros convenios y tratados
internacionales para hacerle frente a delitos como el tráfico de drogas, la corrupción y el crimen organizado.
Entre esos instrumentos jurídicos se encuentran el Tratado de asistencia legal mutua en asuntos penales entre los países centroamericanos; la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
La legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) María Eugenia Venegas Renauld, miembro de la comisión dictaminadora manifestó que esta nueva convención se suma a las “armas” legales que el Estado tendrá en la lucha contra el crimen organizado respeta el ordenamiento jurídico costarricense y sus regulaciones son acordes a otras convenciones y tratados existentes.
Dicha convención surgió en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante el problema creciente de las organizaciones criminales transnacionales.
Mientras los grupos delictivos transnacionales planifican sus operaciones sin restricciones en cuanto a fronteras políticas o territoriales, los estados deben combatir este fenómeno en desigualdad de condiciones, aplicando legislación a menudo desactualizada y en estricto respeto de las garantías legales vigentes.
Ante estas condiciones los estados necesitan establecer mecanismos que les permitan desarrollar investigaciones conjuntas, recopilación de material probatorio y traslado de sujetos para fines judiciales, entre otros.
De acuerdo con la congresista Venegas Renauld “para la comunidad internacional la cooperación judicial mutua, es una de las herramientas más importantes para hacerle frente de una manera más efectiva al crimen organizado”.
Esta Convención está acorde con la política exterior de nuestro país de cerrar sus fronteras a criminales y a sujetos lesivos para nuestra comunidad y nuestra imagen internacional, así como colaborar en la medida de lo posible, para la detención y castigo de los criminales internacionales.
Entre esos instrumentos jurídicos se encuentran el Tratado de asistencia legal mutua en asuntos penales entre los países centroamericanos; la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
La legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) María Eugenia Venegas Renauld, miembro de la comisión dictaminadora manifestó que esta nueva convención se suma a las “armas” legales que el Estado tendrá en la lucha contra el crimen organizado respeta el ordenamiento jurídico costarricense y sus regulaciones son acordes a otras convenciones y tratados existentes.
Dicha convención surgió en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante el problema creciente de las organizaciones criminales transnacionales.
Mientras los grupos delictivos transnacionales planifican sus operaciones sin restricciones en cuanto a fronteras políticas o territoriales, los estados deben combatir este fenómeno en desigualdad de condiciones, aplicando legislación a menudo desactualizada y en estricto respeto de las garantías legales vigentes.
Ante estas condiciones los estados necesitan establecer mecanismos que les permitan desarrollar investigaciones conjuntas, recopilación de material probatorio y traslado de sujetos para fines judiciales, entre otros.
De acuerdo con la congresista Venegas Renauld “para la comunidad internacional la cooperación judicial mutua, es una de las herramientas más importantes para hacerle frente de una manera más efectiva al crimen organizado”.
Esta Convención está acorde con la política exterior de nuestro país de cerrar sus fronteras a criminales y a sujetos lesivos para nuestra comunidad y nuestra imagen internacional, así como colaborar en la medida de lo posible, para la detención y castigo de los criminales internacionales.
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