ANEP condena asesinato de privado de libertad Johel Araya

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, dejan constancia de su condena pública por el asesinato-crimen del que fue víctima el privado de libertad Johel Guillermo Araya Ramírez, ocurrido en las celdas de Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucional La Reforma (CAI-La Reforma); luego de los trágicos acontecimientos del 11 de mayo con ocasión de la intentona de fuga que dejó tres personas muertes, entre ellas, el policía penitenciario Francis Morales Fallas.

La ANEP, histórica defensora de los derechos laborales, económicos y sociales, gremiales-reivindicativos de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, está más que consternada ante la posibilidad real de que el indicado privado de libertad perdiera la vida por la presunta acción directa de uno y/o de varios integrantes de la Policía Penitenciaria.

Apoyamos el desarrollo de la más profunda investigación para el esclarecimiento pleno de las circunstancias en que se dio el crimen del señor Johel Araya, esperando que todo el peso de ley caiga sobre los responsables directos aunque pudieran ser socios afiliados a la ANEP. Este homicidio no debe permanecer impune por ninguna circunstancia.

Debe consignarse que las máximas autoridades penitenciarias cometieron un error al momento de conocerse de la indicada fuga: Dejaron en servicio por varios días más a la escuadra de seguridad que estaba en funciones durante los hechos en Máxima; es decir que una vez controlada la fuga, todo el personal de la Policía Penitenciario debió trasladarse de manera inmediatísima. Esto no se hizo, alimentando las perversas circunstancias que llevaron al crimen del privado de libertad Araya Ramírez.

La opinión pública nacional puede tener la certeza de que la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría de los hombres y de las mujeres que tienen a cargo la seguridad carcelaria de Costa Rica, como integrantes de la Policía Penitenciaria, son personas honestas, gente de bien, de sólidas convicciones morales y éticas.

Hablamos trabajadoras y trabajadores del servicio público penitenciario, quienes se desempeñan en condiciones muy difíciles, de altísimo estrés y que arriesgan sus propias vidas todos los días y a todas horas mientras permanecen dentro de las cárceles en tan delicadas funciones.

Además, reciben salarios injustos e insuficientes y el monto económico por los pluses salariales conocidos como riesgos, en nada, ni por la mínima, compensarían la pérdida de sus propias vidas en el ejercicio de sus cargos; pérdidas humanas que ya tienen nombres y apellidos.

San José, viernes 17 de junio de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Héctor Prado Monge
Presidente Junta Directiva