en una legislación que pone de manifiesto las profundas diferencias en la sociedad israelí.

Derecha e izquierda, divididas por la lucha a favor o contra de los asentamientos en territorio palestino, han trasladado la batalla a un debate político y judicial sobre la libertad de expresión y asociación, derecho contemplado en las leyes fundamentales de Israel pero que en los últimos años se ve cada vez más carcomido por legislaciones fomentadas por diputados nacionalistas.

El fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, que deberá defender la ley en tribunales, pidió al Parlamento que la enmiende porque "está al límite de la constitucionalidad" y ello hará muy difícil para él el trabajo en su actual formato.

La ley en cuestión habla de penalización de cualquier persona o grupo de personas que declaren en público un boicot a los asentamientos por motivaciones políticas, ya sea intelectual o comercial.

Se da el caso por ejemplo de que el año pasado varios actores del Teatro Nacional israelí se negaron a actuar en la colonia de Ariel por objeción de conciencia contra la ocupación, o el de grupos de izquierda que piden no consumir productos de los polígonos industriales israelíes en Cisjordania para no ayudar a la ocupación.

Hasta la fecha estos boicots eran tratados en la opinión pública sin llegar a los tribunales por el derecho a la libertad de expresión y política, pero la nueva ley establece severas penalizaciones contra los infractores.

Pendientes de que el Tribunal Supremo de Israel ponga fecha a los recursos que están siendo presentados contra la nueva ley, un conocido grupo pacifista, Peace Now, decretó un boicot a todos los productos en los asentamientos horas después de ver aprobada la ley anti-boicot.

Miles de personas se sumaron a la medida por medio de internet, haciendo imposible para las autoridades el seguimiento o penalización, y se espera que en los próximos días acabe siendo mayor la oleada de apoyo.

Gush Shalom, otra de los organizaciones pacifistas y que ya recurrió la nueva ley, sostuvo que este "es otro intento de la mayoría parlamentaria en Israel de silenciar cualquier tipo de criticismo contra las políticas del gobierno" en los territorios palestinos.

"Es un intento para impedir un debate abierto sobre el discurso político, lo que supone la columna vertebral de cualquier democracia", dice el recurso al poder judicial.

Otro grupo que se sumó a las protestas fue el Movimiento de Solidaridad de Sheikh Jarrah, pero Peace Now cree que no será suficiente con recurrir a los tribunales.

"Las protestas del público contra la destrucción de la democracia no se detendrán con educadas peticiones al Tribunal Supremo", afirma la organización en un comunicado que aparece engalanado por el reto al gobierno de ir a procesarlos.

"Los primeros en sentir la lucha serán las fábricas en los territorios ocupados, que por primera vez sentirán el impacto económico de un boicot ideológico", cree la organización.

La repudiada ley sentencia que cualquier persona u organización que exhorte al boicot de las colonias puede ser demandada por la víctima de su boicot y sentenciada a pagar compensaciones sin siquiera tener que demostrar éste que ha sufrido daño.

Asimismo, se verán las puertas cerradas para participar en licitaciones públicas del Estado u obtener financiación pública, tras entrar en una lista negra de empresas boicoteadoras.

La indignación generalizada viene alentada ya por otras leyes que en los últimos años han puesto en tela de juicio el carácter democrático israelí, al velar por los intereses de la derecha y cortar las alas a la izquierda.

Una de esas leyes, aún por ser aprobada en última lectura, es la que penaliza a entidades de izquierda que reciben financiación de grupos y gobiernos fuera del país para mantener sus actividades de criticismo a la política del actual gobierno, sobre todo en el plano del conflicto palestino-israelí.

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