La Defensoría considera importante que, ante esta situación que se vive hoy en día, las autoridades hospitalarias realicen todos los esfuerzos necesarios que garanticen la prestación de los servicios básicos, teniendo en cuenta como prioridad, la atención de las emergencias.

En ese sentido, la Dirección Médica de cada uno de los hospitales y clínicas del país así como las contralorías de servicios de esos centros deben seguir realizando una labor conjunta de atención rápida ante cualquier queja que pudiera atentar contra la salud inmediata de los y las habitantes.

De igual forma, la Defensoría solicita a la CCSS mantener todas aquellas medidas necesarias que permitan el acceso a los servicios y el despacho de medicamentos requeridos por los pacientes, lo anterior, considerando que en muchos casos una suspensión en el uso de un medicamento puede significar un riesgo a la salud de las personas.

En ese sentido, sostiene la Defensoría que el costo que está implicando el llenar vacíos en la atención de los y las usuarios en los pocos días que lleva la huelga, en nada ayuda a recuperar las finanzas de la Seguridad Social y más bien, viene a agravar esta situación con la posposición de una solución.

Asimismo hace un llamado a los y las trabajadores que decidieron sumarse a una huelga para que sus acciones no impidan el libre tránsito de las personas ajenas al conflicto o que se presentes hechos que vengan a obstaculizar la distribución de ropa limpia para los pacientes internados debido a la necesidad que significa para la seguridad de los usuarios el acceso a ello.

Incapacidades y morosidad

La Defensoría pide a ambas partes del conflicto, el establecimiento de un canal de comunicación que contribuya a discutir, aspectos puntuales que no rocen con el ordenamiento jurídico vigente, en respeto a los derechos de los y las usuarias de estos servicios.

En ese sentido, la Defensoría, como órgano que vigila el respeto a la legalidad en el sector público, manifiesta que en el tema de un posible restablecimiento del pago de incapacidades como parte del salario del trabajador de la Caja, no tiene ningún sustento jurídico que así lo respalde y cuyo razonamiento será emitido ampliamente por esta institución en un informe a la mayor brevedad posible.

Esta situación obliga tanto a los trabajadores que están en huelga como a las autoridades de la Caja a abrir alternativas de solución responsables, en aras de contribuir a girar acciones que vengan realmente a fortalecer el sistema de seguridad social del país.

Igualmente la Defensoría dará a conocer muy pronto un informe con recomendaciones puntuales sobre la inconveniencia de la morosidad que mantiene, por un lado, el Estado con la Caja, pero por otro, el de aquellas empresas privadas irresponsables que cambian constantemente su razón social para evitar el pago de las cuotas a la Seguridad Social, en perjuicio no solo de la clase trabajadora sino también agravando de manera considerable el problema financiero de la CCSS.